Detenido en suelo venezolano y expulsado a Colombia por instancia del gobierno de Santos, bajo la acusación de ser miembro difusor de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional de Colombia (FARC-EP). La cancillería por voz de su titular Nicolás Maduro y el propio presidente venezolano Hugo Chávez se han hecho públicamente responsables de una acción que contradice no sólo el discurso permanente del gobierno bolivariano por la revolución y el socialismo, sino también los derechos humanos, en éste caso del director del medio informativo web Anncol Joaquín Pérez Becerra, entregándolo sin garantía alguna, a un gobierno altamente represivo y corrupto como el de Santos-Uribe, bien sabida la tradición sangrienta del propio Santos en el pasado gobierno uribista. Sin ton ni son, el periodista Becerra es detenido y puesto a las órdenes de una oligarquía que desde los tiempos del asesinado revolucionario Jorge Eliécer Gaitán, no ha hecho más que reprimir las legítimas luchas del pueblo colombiano, violar sus más elementales derechos humanos a instancias de los intereses de la godarria colombiana y del imperialismo norteamericano, verdaderos directores y operativos del secuestro perpetrado contra el periodista Joaquin Pérez Becerra.
Peligra
la vida y la integridad de éste ciudadano, uno de los pocos sobrevivientes de la matanza cometida por la oligarquía y los militares
colombianos contra la Unión Patriótica, movimiento pacífico en el
marco institucional-electoral colombiano, exterminado despiadadamente
por los militares y paramilitares colombianos.
No pueden ser
más pueriles los argumentos oficiales para justificar una acción a todas luces injustificable desde el punto de vista ideológico,
jurídico e internacionalista, violando sucesivamente el Código Penal venezolano,
el Código Orgánico Procesal Penal, la Ley de Extranjería y Migración
y los acuerdos sobre la Convención de Refugiados de la ONU. Alegar como hace la Cancillería venezolana que dicha acción se ajusta a los tratados internacionales
de extradición es falso, porque no es una extradición sino una “deportación”
hecha en tiempo record, que además viola los procedimientos legales de extradición, expulsión y deportación así como los derechos individuales sancionados
por los organismos internacionales correspondientes, derechos que paradójicamente
han estado presentes, por ejemplo, en el manipulado caso del narcotraficante
Walid
Makled, largamente solicitado por el gobierno venezolano a Colombia,
sin que hasta el presente el gobierno de Santos lo haya entregado argumentando
trámites y cláusulas legales, en espera que Washington sustraiga de Makled toda
la información necesaria a sus intereses y luego de el permiso formal.
En esa misma dirección ¿por qué el gobierno de Santos-Uribe no ha entregado al prófugo golpista, reclamado por la justicia venezolana, Carmona Estanga, protegido por la oligarquía colombiana y Estados Unidos?
Tampoco se sostiene por sí misma, la explicación presidencial y de algunos diputados del PSUV como Saúl Ortega, que Joaquin Pérez Becerra estaba vigilado y planificado desde Europa a la espera de su llegada a Venezuela, “sembrado como papa caliente”. Si así fuera, es decir, que su arribo al país apuntara el objetivo de provocar una campaña contra el propio gobierno bolivariano y entorpecer las relaciones diplomáticas con Colombia -para lo cual es necesario que tanto el gobierno de Suecia y Estados Unidos como el gobierno colombiano y agentes internos en Venezuela estuviesen enganchados en la jugada- las autoridades venezolanas tenían entonces que sopesar correctamente la situación (lo cual resultaba imposible en 48 horas) en el entendido que se trataba de un ciudadano exilado, perseguido políticamente, además representante de la izquierda internacional, sin pruebas ni requisitorias serias en su contra, excepto la “prueba” prefabricada por la CIA extraída de la famosa “computadora” del dirigente revolucionario Raúl Reyes, otro asesinado por Santos y la pandilla capitalista colombiana.
En tal caso de no mediar consideración moral e ideológica alguna ¿No era más digno y humanista, investigar y devolverlo a Suecia como ciudadano sueco? Lógicamente. Mucho más lógico que tratar de justificar la condenable acción, descalificando públicamente a los propios aliados, al marxismo leninismo y a los que protestaron el innoble procedimiento, del cual es seguro sólo se beneficia la derecha nacional e internacional, se desprestigia y desmoraliza el proceso nacional revolucionario, pero sobre todo se pone en alerta a los auténticos socialistas y comunistas que nada tienen que ver con ese tipo de línea política, para nada humanista ni revolucionaria.
Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) / Mayo 2011