Anticorrupción Interpelación Popular Organizada(AIPO) y Asociación Bolivariana de Abogados (ABA), tal como lo alertaron, denuncian que Trino Alicides Díaz, Superintendente de Bancos, se ha plegado al Directorio del Banco Central (BCV) en el caso de las UTILIDADES CAMBIARIAS que tiene retenidas y que han sido demandadas ante la Fiscalía General de la República.

El ocultamiento de estas utilidades cambiarias, además de implicar un hecho de corrupción, de acuerdo con el criterio de AIPO y ABA, le resta una inmensa masa de recursos al país que urge para su desarrollo económico y social y que permitiría resolver graves problemas a la sociedad y al Estado venezolano.

Critican el hecho de que el Superintendente incurra "falsamente" en declarar que el BCV ha venido entregando las utilidades cambiarias que oculta, según dicen demostrar en demanda introducida en la Fiscalía.

La denuncia penal de AIPO y ABA, actualmente en curso, demuestra que el BCV, si bien ha entregado a partir del año 2000, una parte mínima de las utilidades cambiarias, ha continuado reteniendo la mayor parte de esas utilidades y que el Superintendente Trino Alcides Díaz no puede, sin la debida investigación declarar lo contrario.

Aseguran AIPO y ABA que consta en el expediente abierto en la Fiscalía General de la República, un informe de comienzos de 2003, referente al Ejercicio Fiscal del segundo semestre de 2002, en el cual la propia Sudeban, en un examen parcial de las cuentas, determinaba un faltante de más de 2,6 billones de bolívares en utilidades cambiarias que el BCV no había entregado y que no ha entregado porque lo que entregó en 2003, corresponde a ese año y fue producto de la disminución de las reservas internacionales como resultado del paro golpista que paralizó la industria petrolera.

También tienen en su poder un informe privado emanado del propio BCV, donde -según estas organizaciones civiles- se demuestra que la cantidad retenida en el año 2002 asciende a un monto mucho mayor, que excede inclusive a cualquier remanente que pudiera haber anterior al año 2000 y que no ha sido compensado por las entregas parciales que el BCV ha efectuado desde 2000 hasta 2003. Ese informe también será consignado en los tribunales.

Califican al Superintendente de utilizar un "doble discurso" y de no haber hecho nada al respecto. Señalan que no maneja la materia y es mentira lo que pregona en la prensa de que hizo una investigación sobre el tema.

Relatan que fue el difunto Dr. Juán Miguel Senior, quien le comentó una vez la investigación del Congreso Nacional del año 1999, investigación que él ni conocía, y sólo se lo mencionó al Presidente de la República; pero no hizo nada en ese entonces para que se corrigiera la irregularidad, pese a tener poder para ello.

Afirman que no sabe ni siquiera las cifras de esos años y menos aún las actuales, desconoce en detalle lo que es el método "PEPS", qué son los PCGA y que significa "realización contable". Si lo supiera y manejara las cifras, no aseguraría de manera irresponsable, como lo está haciendo, que el BCV ha entregado las utilidades cambiarias a partir del año 2000. Por eso le dicen a Trino Alcides Díaz que se las verán en los tribunales.

Por eso concluyen que el Superintendente está jugando cerrado con el Directorio del BCV y tendrá que afrontar su misma fuerte por lo que consideran un delito contra el patrimonio público.