(DPA). Las enfermeras y técnicos del Seguro Social del Perú continuaron sus movilizaciones de protesta en Lima en demanda de mejoras económicas, mientras que la tensión reinaba en diversas zonas del país debido a los conflictos sociales. Las miles de enfermeras que mantienen una huelga a nivel nacional desde hace dos semanas tomaron, por segundo día consecutivo, varias iglesias de Lima en su intento por conseguir la mediación de alguna autoridad religiosa para que el gobierno atienda sus demandas.

Por su parte, los trabajadores administrativos y técnicos tomaron por una horas la sede del Hospital Guillermo Almenara en el centro de Lima y luego continuaron su bulliciosa marcha hacia la sede del Seguro.

Los empleados han advertido que si no mejoran sus remuneraciones radicalizarán su medida de fuerza.

En tanto, en la provincia de Barranca, el alcalde Edgar Barrero huyó del palacio municipal después de que se declarara su vacancia en una sesión de Concejo.

En los exteriores del local, una decena de pobladores esperaba a Barrero, a quien acusan de nepotismo, por lo que el destituido alcalde pidió la protección policial y salió, literalmente, corriendo del local.

Un radioemisora limeña informó ayer que en el distrito de Asillo una dirigente de las mujeres campesinas flageló al alcalde transitorio, Eusebio Quispe, en la plaza principal de la localidad como advertencia de lo que podría pasarle si incumple con sus deberes como autoridad edil.

En tanto, unos 250 agricultores cocaleros permanecen concentrados en el puente Aguaytía y en el kilómetro 162 de la carretera Federico Basadre, en el departamento de Ucayali, en demanda de la suspensión del programa de erradicación de la hoja de coca.

Otros dos mil campesinos se concentran en Lima coordinando las acciones por seguir después de que se suspendiera el diálogo con el gobierno, que ha señalado que detrás de la protesta está el narcotráfico.

El panorama nacional podría complicarse aún más debido a que la próxima semana vence el plazo que la población aimará del distrito de Ilave le dio al gobierno para liberar a los seis sospechosos de haber participado en el linchamiento del alcalde Cirilo Robles.