La Procuradora General de República, Marisol Plaza Irigoyen, expresó que, a partir de la aprobación de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, por parte de la Asamblea Nacional, sólo la sociedad civil será la encargada de establecer e imponer sanciones a los medios de comunicación públicos y privados.

Las declaraciones de la Procuradora se produjeron en el programa de radio Voces Jurídicas que semanalmente toca aspectos atinentes a la actualidad jurídica en el país.

Para la Procuradora Plaza, una de las novedades de esta Ley es la creación del Consejo de Responsabilidad Social y el Directorio de Responsabilidad Social, ambos integrados por diversos organismos vinculados a sectores de la comunicación; de la cultura; de la educación; de la salud; la mujer; los niños, niñas y adolescentes; la iglesia; los prestadores de servicio y los trabajadores en radio y televisión; los locutores; anunciantes, entre otros. “Lo más importante dentro del Directorio de Responsabilidad Social es que debe discutir y fijar las sanciones que deben ser impuestas a aquellos medios que violen la Ley.

Eliminamos esa imagen que el Gobierno cierra emisoras o televisoras por estar en contra de sus políticas. Se va a dejar en manos de la sociedad civil, a través de todas las organizaciones señaladas, que fijen posición acerca de la pertinencia o no de sancionar un medio”, precisó.

Consultada por los periodistas, expresó que la base filosófica de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, particularmente su artículo 2, garantiza y democratiza la participación ciudadana dentro de los medios de comunicación social, lo que redunda en una libre expresión de ideas, opiniones y pensamientos.

Agregó la Procuradora que la Ley sí persigue establecer una normativa que responsabilice a los prestadores de los servicios de radio y televisión, a sus relacionados, a los productores nacionales independientes, y a los usuarios y usuarias, en el proceso de difusión y recepción de mensajes. “No se trata de limitar el contenido, todo lo contrario se busca que el ciudadano participe en esa información que recibe. Recordemos que en la normativa actual no existe una base legal que haga responsable a los medios de su influencia sobre la colectividad, en especial, a los niños, niñas y adolescentes”.

Otra de las novedades que Plaza Irigoyen destacó de esta normativa legal es que busca contribuir con el desarrollo de la producción nacional, ya que los prestadores de servicios de audiovisuales, ya sean personas jurídicas o naturales, sociedades accidentales, irregulares o de hecho, con prescindencia de su domicilio o nacionalidad, pagarán una contribución fiscal por llevar a cabo actividades de difusión de programas, promociones, publicidad y propaganda, dentro del territorio nacional.