Los empresarios de las transnacionales del carbón asociadas a Carbones del Zulia, S.A. (CARBOZULIA), filial de Petróleo de Venezuela, S.A (PDVSA), a través de sus empresas mixtas Carbones del Guasare, S.A. y Carbones de La Guajira, S.A., pretenden a mediano plazo elevar la producción 8 millones de toneladas de carbón al año a 22 millones, sin importarles el impacto sociocultural y ambiental que este negocio viene generando desde 1987, y para ello se disponen a abrir dos nuevas minas y conformar nuevas estructuras portuario viales en la aguas del Golfo de venezuela: por parte de Carbones del Guasare, S.A., la mina Socuy, una vía ferroviaria y el Puerto Pararú, y por parte de Carbones de La Guajira, la mina Cachirí, ampliar o construir nuevas carreteras para desplazar 500 gandolas subiendo y bajando hacia el Terminal Carbonero San Bernardo, ubicado en las islas del Golfo de Venezuela.

Extraer 22 millones de toneladas de carbón no sólo como hoy se viene haciendo de la cuenca del río Guasare, sino del Socuy y del Cachirí, es un acto de irresponsabilidad económica y ecológica, tanto de los mineros transnacionales como de los representantes de las instituciones gubernamentales, pues esto significaría extender y acentuar la contaminación que hoy sólo se concentra en las zonas de vida de los caños Paso Diablo y Norte, afluentes del río Guasare.

Extender hacia el Socuy y Cachirí la deforestación y las enormes fosas que conforman hoy las dos minas existentes en el Guasare, las escombreras, las permanentes detonaciones, la contaminación y merma de aguas subterráneas y corrientes superficiales, significa poner en peligro la existencia del agua que se consume en la Guajira, en la ciudad de Maracaibo y en otras ciudades zulianas. Significa además atentar con el agua necesaria para el desarrollo ganadero, agrícola y el turístico, modelos generadores de empleos, sobre los cuales cabalga la explotación minera en dichos municipios fronterizos.

La vía ferroviaria de más de 80 kilómetros desde las minas a Pararú atravesará el corazón de la Guajira venezolana afectando las tierras tradicionales de libre pastoreo, campos salineros, varios poblados wayúu, dunas, cementerios, así como el normal desplazamiento humano y de animales la zona.

La construcción de dragados, rompeolas e infraestructuras portuarias afectará los ecosistemas existentes del Golfo de Venezuela, necesarios para la alimentación y desove de su variada especie marina. Lo cual afectará el modo y calidad de vida de las familias de los pescadores indígenas Wayúu, así como los de la cuenca del Lago de Maracaibo.

Los señores de PDVSA que dirigen CARBOZULIA, así como los representantes alemanes de la empresa Ruhrkhole y los australianos de la Anglo American Coal (Carbones del Guasare, S.A.) además de violar el derecho consuetudinario Wayúu, varios artículos de la Constitución Bolivariana de Venezuela, entre ellos el artículo 120, se han dedicado a dividir a los moradores de los poblados tradicionales Wayúu por donde pretenden pasar la vía ferroviaria y en espacio donde se implantará la infraestructura portuaria carbonífera a orilla del Golfo de Venezuela.

Para lograr su objetivo empresarial estos señores vienen enfrentando a los hombres desempleados con las mujeres Wayúu garantes de la permanencia de la familia en la tierra hereda y la de libre pastoreo, para esta misión se apoyan en los políticos de turno, en la empresa contratista que realiza los trabajos relacionados con la infraestructura ferroviaria y en el Comités de Desempleados, donde todos los directivos poseen trabajos, pero cobran vacunas para ubicar al Wayúu desempleado.