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Colombia, 12 de marzo de 2010.- Un nuevo
capítulo de la llamada parapolítica se abre paso en la Fiscalía General
de la Nación. En los últimos dos días se han presentado 30 capturas de
funcionarios públicos entre alcaldes, ex alcaldes, concejales,
diputados y demás servidores de entes territoriales, en esta
oportunidad del Urabá antioqueño y Santander.
Varias semanas se completan sin mayores noticias sobre capturas de
funcionarios del Estado relacionados, aparentemente, con grupos armados
ilegales. Silencio que se rompió el jueves cuando agentes de la Dijín
de la Policía capturaron un dos concejales y tres personas más por
presuntos nexos con paramilitares de Santander.
Cuando la noticia terminaba de ser digerida, el Fiscal General de
la Nación, Guillermo Mendoza Diago, informó este viernes sobre la
detención de 25 personas más en el Urabá antioqueño, entre quienes
están: el actual alcalde de Arboletes, Antioquia, Gustavo Germán
Guerra; el ex alcalde, también de Arboletes, William Salame; así como
también el jefe de planeación de este municipio, José Luis Lozano Anaya
y el secretario de desarrollo de Arboletes, Luis Aluciro Vega.
Junto a ellos fueron detenidos los ex alcaldes de San Juan de Urabá
Carlos Náscar Pájaro y Miguel Ángel Zuluaga; el asistente de esta
última alcaldía Gabriel Alvarado, y otras 18 personas más, todas
vinculadas activamente a la vida política de la región.
"Estos individuos supuestamente tenían vínculos con el bloque Elmer
Cárdenas, cuyo cabecilla era Freddy Rendón Herrera", dijo el Fiscal
General de la Nación, Guillermo Mendoza Diago, quien además precisó que
los nexos que comprometen a estas personas se habrían dado durante las
elecciones de 2002 y 2006, en las que el grupo armado ilegal los
habrían apoyados en sus campañas electorales.
"En unos casos se trató de apoyo dado por este grupo armado, AUC,
en otros casos se trató de personas que colaboraron y estuvieron
presentes en la actividad delictiva", señaló Mendoza Diago, quien
manifestó que el éxito de este proceso judicial han sido las
declaraciones entregadas por distintos ex paramilitares que hoy están
cobijados por la ley de Justicia y Paz.
"Estos eran utilizados por el grupo armado ilegal, eran apoyados en
las elecciones y después se pasaba la cuenta de cobro contra los
recursos de las administraciones municipales", dijo Mendoza al lanzar
la hipótesis que se maneja en estos casos.
De la misma manera, el Fiscal no descartó que se realicen otros
procedimientos similares en otras partes del país, por lo que evitó dar
detalles puntuales de operativos como éste.
De la misma manera, Mendoza Diago no descarta que los detenidos
puedan llegar a ser acusados de delitos como el de concierto para
delinquir o inclusive actos de lesa humanidad en caso de estar
comprometidos con hechos que rayen con ese tópico, sancionado
internacionalmente.
"La Corte (Suprema de Justicia) ha manejado un criterio más amplio
sobre la participación de políticos en los actos de los paramilitares,
de manera que si se adhirieron al concierto para delinquir, y tenían
conocimiento de que ese delito estaba ligado homicidios tendrán
eventualmente que responder por eso también" , dijo.
En Santander
La Dijín, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación,
capturó desde el pasado jueves a dos concejales y a tres ex concejales
de Rionegro, Santander, por su presunta responsabilidad en el delito de
concierto para delinquir agravado.
Se trata de Etemilson Vásquez Camargo, actual Presidente del
Concejo Municipal de Rionegro; el concejal Alcides Ruiz Mantilla y los
ex concejales del período 2003—2007, Otoniel Burgos Perdomo, Mayvis
Montes Peñaloza y Henry Mantilla Sandoval.
Los detenidos son señalados por sus supuestos nexos con el ‘Bloque
Central Bolívar’ de las Autodefensas, comandado por Óscar Leonardo
Montealegre Beltrán, alias ‘Piraña’.
De acuerdo con las investigaciones, los concejales y ex concejales
habrían recibido apoyo económico y logístico por parte de paramilitares
para ser escogidos en cargos de elección popular.
Según la Dijín, el grupo ilegal otorgó apoyo de índole político
económico y militar, con el propósito de que una vez fueran elegidos
los candidatos al Concejo de Rionegro, éstos aprobaran los proyectos o
convenios presentados a la Alcaldía para la adjudicación de contratos a
personas o entidades determinadas, que fueron creadas con el único fin
de contratar con la administración municipal.
Las indagaciones indicaron que las actividades de apoyo pactadas
con un contratista estuvieron cerca de los 800 millones de pesos.
Pronunciamiento de la Corte
Uno de los pronunciamientos a los que hizo referencia el Fiscal
General de la Nación se produjo precisamente este jueves, cuando se
refirió a la manera como se deben entender y calificar los delitos que
comprometen funcionarios del Estado con grupos armados ilegales
Durante una audiencia pública la Corte Suprema de Justicia se
refirió a aspectos como el secuestro de dos conductores por parte de
Jorge Iván Laverde Zapata, alias El Iguano, al igual que a procesos de
"limpieza social" ejecutados por los paramilitares, y temas
relacionados con la financiación de grupos armados ilegales.
En el primer aspecto (secuestro de dos conductores) el magistrado
Alfredo Gómez Quintero fue claro en señalar que la intimidación y las
amenazas hacen parte del llamado secuestro agravado y de una toma de
rehenes.
Sobre la financiación consideró que cuando el apoyo a grupos
armados al margen de la ley se da por presiones y por temor, bajo
amenazas de muerte, etc, no permite que estas personas, en su mayoría
campesinos, se conviertan en colaboradores sino en víctimas.
"La fuente de financiación del grupo ilegal no siempre fueron los
aportes ‘voluntarios’ de las personas; es bien sabido que la comunidad
ajena a los intereses del conflicto armado (campesinos, comerciantes)
en sinnúmero de ocasiones se vieron compelidos a cumplir con un ‘aporte
voluntario’ con la connotación de ser mínimo, extorsivo, periódico y
que en ámbito de lo razonable tales personas no deben ser tenidas como
subsidiadores del paramilitarismo porque en realidad eran víctimas",
dijo la Corte.
Otro es el asunto de quienes como funcionarios públicos o
servidores del Estado, sí colaboraron con los actores armados al margen
de la ley. Esto, precisa la Corte, los hace parte del grupo ilegal.
Quienes subsidiaron o dispusieron de la función pública
(empresarios, alcaldes, fiscales, policías, agentes de la fuerza
pública, jueces, gobernadores, generales de la fuerza pública y
autoridades públicas, etc) lo hicieron conscientes de que tales aportes
de dinero promocionaron los crímenes del aparato ilegal", consideró la
Corte.
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