Caracas, 11 Mar. Venpres (Ludovico Quiñones).- A raíz del anuncio que hizo
el Consejo Nacional Electoral (CNE) el pasado 27 de febrero de llevar a
reparo a más de 600 mil planillas, el gobernador del Estado Miranda, Enrique
Mendoza, hizo un llamado a través de los canales de televisión privados
donde presuntamente incitó a la población hacer resistencia a esa medida que
trajo como consecuencia muertos, heridos, daños a la propiedad y detenidos,
le fue solicitado ante la Fiscalía General de la República un antejuicio al
mérito en su contra por existir la presunción que esté incurso en delitos
penales, informó este jueves el presidente de la Federación de Derechos
Humanos de Venezuela, Ignacio Ramírez.

Así lo señaló en la sede del Ministerio Público donde consignó el documento
donde solicitó el antejuicio de mérito contra Mendoza, "porque en nuestro
criterio él es el presunto responsable de las circunstancias que ocurrieron
en el país a partir del 27 de febrero, donde se produjeron una serie de
hechos que condujeron al caos para originar una situación de
ingobernabilidad en el país".

En lo particular, estamos solicitando un antejuicio de mérito por la
comisión de los presuntos delitos de incitación pública a la rebelión civil,
Instigación para cometer delitos contra la seguridad de los caminos,
resistencia a la autoridad y a la excitación del odio de unos habitantes
contra otros, vulneraciones que están contempladas en los artículos 164,
363, 217 y 286 del Código Penal.

Ramírez precisó que la conducta asumida por el gobernador
Mendoza como vocero de la Coordinadora Democrática pudiera estar
presuntamente incurso en el delito de Lesa Humanidad que establece el
Estatuto de Roma en su artículo 7°, numeral 1°, incisos H y K.
"En nuestra petición se solicita que se investigue si el comportamiento del
mandatario regional está dentro de los parámetros del Estatuto Roma en el
presunto delito de Lesa Humanidad. Nuestra acción está acompañada de un
conjunto de pruebas con el objeto que él sea enjuiciado dada la naturaleza
de los delitos".

El presidente de la Federación de Derechos Humanos de Venezuela
precisó que su gestión está fundamentada en el artículo 119 del Código
Orgánico Procesal Penal (Copp), la cual en condición de víctima puede actuar
en defensa de los intereses colectivos y difusos.

"Lo que ocurrió en el país, luego del llamado incendiario y criminal del
gobernador de Miranda a raíz de la decisión adoptada por el CNE, fue
prácticamente un llamado a la guerra civil y a la desobediencia que trajo
como consecuencia muertes, heridos, daños a la propiedad y detenidos
viviendo el país un Estado de Excepción no declarado. Para nosotros es una
conducta delictual que debe ser examinada a objeto de juicio", expresó
finalmente Ramirez.