Como un hecho condenable calificó el Defensor del Pueblo, Germán Mundaraín, los violentos enfrentamientos que se escenificaron a las puertas de la Alcaldía Metropolitana entre funcionarios de la Policía Metropolitana, la Guardia Nacional y un grupo de manifestantes adeptos al oficialismo.

Señaló el Defensor del Pueblo que "el uso de la fuerza llama la atención toda vez que las normas para persuasión y disuasión de manifestantes exigen una proporcionalidad que, hemos visto en forma reiterada, no se cumple y además se hace uso de armas de fuego para combatir a las manifestaciones".

Agregó Mundaraín que "durante los sucesos que se escenificaron en la ciudad hace ya 15 días en las inmediaciones del Consejo Nacional Electoral, existen evidencias de que muchos ciudadanos fueron detenidos y posteriormente se les disparó en las extremidades. Los testimoniales de estos incidentes aparecen en los videos de Televen y en el trabajo gráfico publicado por el diario El Nacional".

De igual manera, indicó el Defensor del Pueblo que "hemos hecho señalamientos precisos sobre la preocupación, el rechazo y la necesidad de investigar a todos aquellos que usen armas de fuego en las manifestaciones. Es casi la misma práctica de lo ocurrido el 11 de abril cuando desde Llaguno se disparó y desde la Ballena la Policía Metropolitana utilizó armas largas contra manifestantes".

Dijo que "hemos solicitado al Ministerio Público que estos hechos de investiguen y se condene a quienes resulten responsables del uso de armas de fuego en las manifestaciones. Esta práctica se viene generalizando entre los funcionarios de la PM en razón de la impunidad de la que han gozado, pese al esfuerzo que ha realizado la Fiscalía General para imputar a funcionarios de este cuerpo policial que dispararon el 11 de abril".

El máximo garante de los derechos humanos no dejó pasar la oportunidad para formular un llamado a los funcionarios de la Policía Metropolitana que tiene diferencias con el alcalde Peña a los fines de continuar el diálogo a objeto de buscar una salida conciliada al problema laboral existente.

"Estimamos que gran parte de este conflicto crea un estado de incertidumbre y violencia que impide la convivencia en Caracas. Exhortamos a las partes a resolver sus diferencias por la vía pacífica y al Ministerio Público y a los tribunales a que aceleren las investigaciones por los hechos violentos que se han producido en este último año en la ciudad de Caracas".

Al ser consultado sobre el argumento de los cuerpos de seguridad de que los incidentes se produjeron debido a que daban cumplimiento a una orden emanada de un tribunal, el Defensor del Pueblo fue categórico al señalar que "la ejecución forzosa de la sentencia no supone el ejercicio y la violencia y menos aún la utilización de armas de fuego. Todos estos procedimientos deben realizarse con respeto a los derechos humanos. Sobre esta materia existen tratados internacionales y hay resoluciones de Naciones Unidas que obliga a que se agote la vía conciliatoria antes de utilizar la fuerza".

Anunció Mundaraín que este jueves "acudirán ante el Ministerio Público para consignar las actuaciones de sus funcionarios a los fines de dejar constancia del número de lesionados y heridos y los señalamientos que estos ciudadanos hacen sobre quienes fueron los responsables de sus lesiones a los fines de colaborar con la investigación".

13-11-2002