Caracas, 29 Nov. 2009 - Desde la entrada en vigencia de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario en mayo de 2005 hasta ahora, el Instituto Nacional de Tierras (Inti) ha rescatado, en nombre de la República, dos millones 500 mil hectáreas (ha), informa el ministro de Agricultura y Tierras, Elías Jaua, quien afirma: "No ha habido una de esas tierras que haya sido sujeto de expropiación porque ninguna demostró origen privado".
Refiere, no obstante, que el único caso que demostró origen privado fue el de la Compañía Inglesa Vestey Group Limited/Agropecuaria Flora (hato San Pablo Paeño en Apure con 40.342 ha), "donde logramos (en marzo de 2006) un acuerdo amistoso o conciliatorio como establece la ley".
"Pese a que estamos facultados para ello, nunca hemos aplicado la expropiación agraria porque en el 99% de los casos no se ha demostrado el origen de la propiedad privada y, por tanto, aplicamos el rescate previsto en el artículo 82 de la Ley de Tierras", precisa.
Producción. Ese total de tierras rescatadas incluye áreas de protección forestal y otras que estaban en parques nacionales, de modo que "sólo son aprovechables para la agricultura alrededor de un millón 400 mil ha, de las cuales 600 mil ya se han sembrado y por eso hemos alcanzado los dos millones 400 mil ha sembradas frente al millón 600 mil ha que se sembraban cuando llegó la revolución bolivariana", explica. El resto, unas 800 mil ha, se ha destinado al desarrollo pecuario, "fundamentalmente en los hatos apureños".
Sector privado. Jaua niega que el rescate de tierras haya afectado negativamente la producción agrícola. Afirma: "En 10 años de revolución agraria, hasta 2008, hemos incrementado la producción en 24%". Le pide a Fuaz Kassen, presidente de Fevearroz, a Pedro Rivas, presidente de Fedeagro, y a los voceros de los gremios de los productores de caña de azúcar, que digan si la producción de arroz y maíz blanco y/o la siembra de caña ha aumentado o disminuido, por ejemplo.
Recuerda que el Gobierno le "ha tendido la mano" al sector privado; "hemos aceptado muchas de sus propuestas y hemos discutido la adecuación de precios hasta donde es posible, porque no podemos satisfacerlos con precios que harían inaccesibles los alimentos para el pueblo".
Sur del Lago. A propósito de la reciente ocupación de "tierras ociosas" en el Sur del Lago, Jaua dice: "Para nosotros, lo más importante allí es la producción". No obstante, explica que "el desarrollo productivo en las zonas fronterizas se convierte, sin duda, en un elemento de ocupación territorial y, por tanto, de seguridad y defensa de la nación".
Señala, además, que la privatización y ocupación ilegal de amplios territorios en la frontera con Colombia, donde se desarrollan "actividades de cualquier tipo" y se constituyen cuerpos de vigilancia privados, "ha generado la situación de inseguridad en la frontera", añade. Y agrega: "La ocupación de fincas en Apure, Táchira y Sur del Lago es también una política de defensa del territorio nacional".
Desprendimiento legal. En relación a tierras que supuestamente pertenecen a Manuel Rosales en el Sur del Lago, Jaua afirma: "No son propiedad de Manuel Rosales". Explica que "la propiedad privada tiene que demostrarse como un desprendimiento del Estado venezolano" en cualquier momento de su historia. "No se trata de que yo le compre a Juan, y que éste le vendió a Pedro", ejemplifica.
Frontera. Jaua dice que el Gobierno también actúa sobre las tierras incultas para ampliar la frontera agrícola. Habla del proyecto de soya en la Mesa de Guanipa, de 10 mil ha de arroz en el Banco de Pavones (Guá), y de siembra de arroz en Apure por primera vez.
BASE LEGAL DE LAS OCUPACIONES
Jaua explica que el objetivo de la operación Batalla de Santa Inés, es rescatar 31 predios (19.752 ha) en la cuenca del Sur del Lago y en el sistema de riego Río Tiznados (Guá), "cuyas tierras son de la Nación". La decisión se basa en el artículo 307 de la Constitución Nacional y en los artículos 2, 7, 68 y 82 de la Ley de Tierras. "De manera que rechazamos los términos esgrimidos desde sectores oposicionistas respecto a que el Estado está invadiendo, robando y/o confiscando tierras".
Destaca que el artículo 7 define el latifundio como "toda aquella tenencia de tierras ociosas o incultas", es decir, no importa la extensión de las tierras. En río Tiznados, dice que el Gobierno construye un canal de riego de 32 kilómetros para regar 30 mil ha en esa zona (ya puede regar 6 mil ha), de modo que "esas tierras están sujetas al establecimiento de un patrón de ocupación (Art. 2 de la Ley), porque "39 productores ocupan 600 ha, mientras que 22 ocupan 25 mil ha. El Inti interviene esas tierras después de dos años ofreciéndole a los productores allí asentados una ocupación de 40 ha (puede llegar a 80 ha) por productor, pero ellos no aceptaron".
