La Comisión de Trabajo y Previsión del Senado nuevamente se ha convertido en una tienda de mercachifles donde, bajo el rótulo de "ronda de consultas", se negocia y se acuerda la redacción final y la aprobación de la nueva reforma laboral que propone el presidente Kichner.
Por ese recinto desfilan los representantes de las cámaras de la pequeña y mediana empresa, especialistas en derecho laboral (léase flexibilizadores), la Confederación General Económica, la Unión Industrial Argentina y sobre todo los representantes de los diversos sectores de la burocracia sindical.

La reforma laboral de Kichner, tal como lo venimos denunciando junto a otras organizaciones obreras y de la izquierda, en general, salvo algunos matices, está siendo avalada tanto por el sector patronal como por los burócratas sindicales.

Uno de los puntos que beneficia a las patronales, la reducción de aportes, es presentada como una medida que permitirá un aumento de empleo. El problema es que ese mismo argumento se usó en los 90 y terminamos con cinco millones de desocupados. Los mismos funcionarios que trabajaron en el proyecto reconocen que "la tijera estadística es perfecta. durante la vigencia de las reducciones, cuanto más hacia abajo fue la línea del monto de los aportes, más hacia arriba fue la línea del desempleo" (Clarín,17/02/04) Hay que tener en cuenta que, para esta ley, una Pyme es una empresa de hasta 80 trabajadores, lo cual entraña el peligro de que, a fin de lograr el beneficio de la reducción de aportes, más de un empresario, alegando la necesidad de bajar costos, despida personal para quedar encuadrado dentro de las Pymes.

El proyecto del gobierno también mantiene los convenios por empresa y, aunque reconoce el convenio nacional como marco general para la negociación, permitiría que un nuevo convenio por empresa modifique el convenio general de la rama. Ahora bien, si una patronal propone pagar un plus salarial a cambio de mayor productividad, la patronal, el gobierno y los burócratas pueden determinar que esto es "más beneficioso para los trabajadores", imponiendo así peores condiciones de trabajo y superexplotación a los empleados.

Este proyecto de Reforma Laboral que se muestra como superadora de la ya tristemente célebre "Ley Banelco", además de mantener las condiciones de flexibilización y superexplotación para los trabajadores sirve a su vez para fortalecer el papel de "negociadores de los intereses de los trabajadores" a los nefastos dirigentes que durante años posibilitaron que fuéramos perdiendo una conquista tras otra. Dicho de otra manera, son los que no movieron un dedo para impedir el ataque sistemático de la patronal sobre las condiciones de trabajo.

Adolfo Daer, uno de los que impulsó la Ley Banelco, recibió con mucho agrado su "derogación" ya que la anulación hubiera dejado sin efecto el convenio esclavista que firmara hace poco tiempo en el gremio de la alimentación, sin consultar a los trabajadores, por supuesto, y acordando con la patronal.

Para el "jefe" de los camioneros y de la CGT "disidente", Hugo Moyano, "el proyecto modificatorio que consensuamos con la CGT oficial y la CTA es lo que más se adapta a la realidad política y social que vivimos...(y) le permite a los trabajadores recuperar su dignidad" (La Prensa, 2/01/04).El caradurismo de estas declaraciones pretende encubrir la verdadera "realidad política y social" de los trabajadores: bajos salarios y desocupación, por un lado, y jornadas agotadoras de trabajo, por otro,

Por su parte, la CTA de De Gennaro y compañía, que naciera como alternativa a los viejos aparatos sindicales y terminara apoyando a De la Rúa, hoy se ha encolumnado junto a Moyano y Daer en este nuevo ataque que preparan el gobierno y las patronales contra el pueblo trabajador. Así, sus dirigentes en la lucha contra los despidos en Firestone reconocen "la buena llegada que tienen con el ministro Tomada".

Cuando se empezó a discutir la "derogación" de la Banelco, la CTA salió a alardear pidiendo la anulación, alarde que rápidamente se transformó en pedido de "derogación". En otro sentido, la burocracia sindical se beneficia con el restablecimiento de la ultraactividad contemplado en el proyecto del gobierno, ya que al mantener los convenios que aún rigen de la década de los 70, siguen dueños de un importante arma para la negociación y un férreo control de los sindicatos.

Cambiar algo para que todo siga igual

En realidad, este "nuevo" proyecto de Reforma Laboral, con algunos matices, no es más que la fachada para mantener la vigencia de la flexibilización tal como la reglamentara la ley de De la Rúa. Por otro lado, las patronales saben que negociar con la burocracia, sea del signo que sea, es un mal menor que les conviene aceptar.

Las jornadas de diciembre del 2001 conmovieron la estantería del régimen capitalista y dieron lugar a nuevos actores sociales, como el movimiento de los desocupados y otras expresiones combativas. Hoy, cuando el gobierno ha logrado parcialmente reconstituir las instituciones sacudidas por el Argentinazo, la burocracia sindical, de saco y corbata o de campera y zapatillas, busca también reconstituir su poder político, sobre todo cuando sectores de trabajadores ocupados pelean contra los despidos, los bajos salarios y por mejores condiciones de trabajo.

Tenemos que fortalecer la lucha por la anulación de las leyes de flexibilización laboral movilizándonos, denunciando y desenmascarando, sistemáticamente, la nueva trampa que nos prepara Kirchner.

Esta lucha es antipatronal y antiburocrática y debe comenzar en cada lugar de trabajo, en cada conflicto, ya sea salarial o en defensa de las fuentes de trabajo. Tenemos que pelear para hacer masiva esta lucha partiendo de la necesaria unidad de todos los trabajadores.