La marca muestra el sitio aproximado señalado por las evidencias. Imágenes por www.spaceimaging.com
Aunque la Fiscalía General de la República no tiene pensado, por los momentos, plantear un conflicto de competencia respecto al presunto magnicidio denunciado por el Presidente de la República cuando regresaba del exterior, sí se cuestiona la lentitud de las investigaciones por parte de los organismos militares.
Vale recordar que el pasado 20 de octubre, el jefe del Estado, Hugo Chávez Frías, anunció que los cuerpos de inteligencia habían recibido información sobre un presunto movimiento de armas que se llevaba a cabo por parte de sujetos desconocidos en el Paseo La Zorra, parroquia Catia La Mar del estado Vargas.
Se dijo entonces que una comisión policial de civiles y militares había sido repelida al llegar al sitio con una granada fragmentaria y disparos.
Las personas que se desplazaban por la playa lograron escapar, pero fueron encontrados una se rie de documentos, teléfonos celulares, fotografías y una bazuca modelo AT4, de fabricación sueca, con un alcance de 500 metros y un tiempo de impacto de 1,2 segundos.
Dentro de los documentos encontrados está el de la ubicación del sitio con las coordenadas geográficas 10 grados, 35 minutos, 51.6 segundos latitud norte, y 67 grados, 2 minutos, 44.4 segundos longitud oeste. Si bien algunos expertos señalaron que esas coordenadas no correspondían a ese sector, sino a uno del estado Miranda, se pudo comprobar que ciertamente pertenecen a las adyacencias del barrio Catamare en Catia la Mar.
Extraoficialmente, los investigadores han comprobado que desde diversos sectores de la urbanización Playa Grande, por ejemplo, a la velocidad y altura que bajan los aviones cuando van a aterrizar, resulta fácil impactar a cualquier aeronave.
Actualmente, funcionarios de la División de Microanálisis del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y la Fiscalía Militar, han realizado una serie de experticias y allanamientos, pero ha sido muy poca la información aportada al fiscal cuarto ambiental y penal, Danilo Anderson, quien fue comisionado por el Ministerio Público para realizar las diligencias del caso.
Por Gilberto Rivero
