06 de julio 2009. - La reforma de la Ley de Propiedad Industrial contempla la reducción de las patentes de productos y procedimientos que no cumplen con los requisitos para la aprobación de un contrato de exclusividad, lo cual debe incidir en la caída de los precios de las medicinas, al generarse mayor competencia en el mercado interno.
Así lo expresó el ministro del Poder Popular para el Comercio, Eduardo Samán, quien explicó que la mayoría de las patentes otorgadas al sector farmacéutico no cumplen con las condiciones para la producción exclusiva de un medicamento: carácter novedoso; actividad inventiva o esfuerzo intelectual para su creación; y ser susceptible de industrialización.
En este sentido, acotó que las transnacionales del sector no realizan inversiones en invención de medicinas, sino que reforman fórmulas y características de los productos ya existentes y, con ello, obtienen nuevas patentes que les permiten elaborarlos de manera exclusiva, impidiendo que los laboratorios locales los fabriquen para beneficio de la población venezolana.
“Queremos impedir que la Ley otorgue derechos exclusivos a modificaciones sin cultura creativa”, apuntó Samán, al tiempo que agregó que la normativa permitirá proteger al país ante posibles cambios en los tratados internacionales que rigen la materia, ya que existen foros que pretenden extender los lapsos máximos de vigencia a 25 ó 30 años.
El carácter de único productor, por un período máximo de 20 años, le da a la empresa la posibilidad de establecer el precio del producto patentado para su comercialización, ya que no posee ningún tipo de competencia en el mercado. Esta situación variará una vez que entre en vigencia la reforma de la Ley de Propiedad Industrial, vigente desde 1955.
A juicio de Samán, esta realidad refleja la existencia de un monopolio 'legal' que no se puede mantener en el tiempo, debido a que la salud pública es un tema de Estado, el cual está comprometido a garantizarla al pueblo venezolano.
Reiteró que el objetivo de la reforma de la Ley de Propiedad Industrial es proteger los intereses del país, al garantizar la transferencia tecnológica y la generación de empleos por parte de las empresas que deseen patentar en el país; de las empresas nacionales, al promover la libre competencia; y, principalmente, de la población, que es la que se ve directamente afectada por este sistema comercial.
