La Paz, 31 Ene. Venpres.- El presidente boliviano, Carlos Mesa, enfrenta las
primeras dificultades políticas con una aparente reactivación de partidos
tradicionales que, al parecer, buscan la desestabilización, y con la
inminencia de polémicas decisiones económicas, informa Manuel Robles Sosa,
de Prensa Latina.

Tras cumplir esta semana 100 días en el Gobierno, al cual llegó
sobre la ola de una rebelión social que obligó a renunciar a su antecesor,
Gonzalo Sánchez de Lozada, el nuevo primer mandatario de esta Nación
suramenricana, enfrenta los problemas con un alto nivel de respaldo
ciudadano, según todas las encuestas.

Con ese aval, el presidente Mesa se vio precisado el pasado
jueves a comparecer en la televisión a dar garantías al Parlamento para que
funcione en La Paz, y a desalentar corrientes que propugnan el cierre de ese
poder del Estado.

La intervención se debió a la crisis política, de peligrosos
matices regionalistas, desatada por un acuerdo legislativo impuesto por
partidos ligados a Sánchez de Lozada, para trasladar, en caso de necesidad,
las sesiones congresales a otra ciudad.

La medida invocó advertencias de organizaciones sociales de
cerrar el Parlamento si sigue demostrando ineficiencia y actitudes
contrarias a las demandas ciudadanas de cambio, rasgos que han devaluado
severamente su imagen pública.

Asimismo, fue precedida por una denuncia, sin pruebas, del
presidente del Congreso, Hormando Vaca Diez, sobre un supuesto plan de un
grupo armado clandestino, para tomar el Parlamento militarmente y propiciar
una asonada, versión que según el alcalde de La Paz, Juan del Granado,
preparaba el terreno para la polémica decisión.

La medida fue rechazada por las organizaciones populares y por
los alcaldes de La Paz y del vecino municipio de El Alto, José Luis Paredes,
estos últimos durante una asamblea de instituciones de la ciudad que condenó
la decisión y exigió la renuncia de Vaca Diez.

El foro acusó al titular del Congreso de propiciar la
desintegración de Bolivia, en alusión a la excacerbación de los
regionalismos, practicada por el pasado gobierno, y que dio lugar a reclamos
de la capital histórica, la sureña ciudad de Sucre, para que el Parlamento
vuelva a esa urbe. La sede del Legislativo fue trasladada a La Paz tras una
guerra civil en el siglo XIX.

El alcalde Del Granado dijo, que el pacto parlamentario busca
evitar un juicio de responsabilidades contra Sánchez de Lozada -sobre el
cual la Corte Suprema pidió una decisión al Congreso esta semana- y evitar
el control social que la población capitalina ejerce sobre los legisladores.
En vez de cambiar de sede, los legisladores deben cambiar de actitud y
desterrar prácticas antidemocráticas, señaló.

El alcalde de el Alto acusó a Vaca Diez de participar en un
proceso sedicioso contra el Presidente Mesa, quien dijo también que la
suerte de su administración está ligada a la vigencia del Congreso.

El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Jaime
Solares, coincidió en que el acuerdo para trasladar eventualmente al
Congreso a otra ciudad forma parte de planes golpistas de los seguidores de
Sánchez de Lozada.

El ex presidente socialdemócrata, Jaime Paz Zamora, consideró
inoportuno e improcedente el acuerdo parlamentario, que según dijo, atenta
contra la unidad nacional, a tiempo de señalar que el pueblo paceño
garantiza el funcionamiento del Congreso.

Paz Zamora desautorizó tácitamente así a los legisladores de su
partido, el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR), que votaron a
favor del eventual cambio de sede, incluyendo al propio Vaca Diez, quien
este sábado dejó abierta la posibilidad de revisar el acuerdo.

También rechazó la decisión legislativa el diputado Hugo San
Martín, disidente del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), partido
de Sánchez de Lozada.

San Martín argumentó que la determinación constituye una
maniobra política para sumir en una crisis y empantanar al Congreso, cuando
está a punto de nombrar jueces electorales y tratar la aprobación de un
juicio de responsabilidades contra el ex gobernante.

La designación de los magistrados es indispensable para la
celebración de un referéndum sobre el resistido proyecto de exportación de
gas y de la elección de una asamblea constituyente, puntos claves del
proceso democratizador del presidente Mesa.

El sindicalista Solares apuntó, que el Congreso será cercado y
cerrado por el pueblo, aún en el caso de que se traslade a otra ciudad, si
no atiende las demandas sociales y legisla contra el modelo económico
neoliberal.

En el ámbito económico, el inminente anuncio de medidas de
austeridad y de reducción del déficit fiscal -reclamada desde el anterior
régimen por el Fondo Monetario Internacional -contra la grave crisis
reinante-, concentra gran expectativa y motiva las advertencias sociales
contra decisiones que afecten a la mayoría.