Congresistas de Latinoamérica rechazan el Alca (Panorama)
Los parlamentarios de México, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Ecuador, Perú, Uruguay, Bolivia y Venezuela cuestionaron duramente el Acuerdo de Libre Comercio para las Américas (Alca) a través de una declaración conjunta desde Quito.
Rechazaron la puesta en vigencia del acuerdo para el 2005 y expresaron que los textos del Alca se realizan “en un escenario de secretismo, con reuniones cerradas, plazos arbitrarios y documentos incompletos”.
Precisaron que “el Alca favorece la apertura indiscriminada y arruina la producción, los derechos de los trabajadores y aumenta el endeudamiento”. Acusaron a EE UU de querer acaparar el control de 800 millones de consumidores y de los recursos estratégicos como el petróleo, el agua y la biodiversidad de la región.
Denuncian secretismo en la redacción de los acuerdos
Parlamentarios del continente rechazaron el Alca en Quito
Sostienen en el documento que la fórmula del "libre comercio" promovida por el Alca favorece una política de apertura indiscriminada. Aseguran que tal como está concebido "reforzará las reformas económicas y la privatización de los servicios públicos". Consideran inaceptable la imposición del año 2005 para que entre en vigencia.
Texto: Venpres
Quito.- Con motivo del Encuentro Continental Parlamentario sobre el Alca y el rol de los parlamentos de la región, los congresistas de México, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Uruguay reunidos en esta ciudad los días 29 y 30 de octubre aprobaron la llamada Declaración de Quito, en el marco de la VII Conferencia Ministerial de Negociación del Acuerdo de Libre Comercio para las Américas (Alca)
Criticaron que los ciudadanos de estos países y los Parlamentos han sido objeto de un sistemático desconocimiento por parte de quienes llevan a cabo las negociaciones del Alca. "Los textos del Alca, han sido realizados en un escenario de secretismo, con reuniones cerradas, plazos arbitrarios, documentos incompletos y de acceso restringido", denunciaron.
Afirmaron que cualquier acuerdo de "libre comercio" es una decisión política que modifica y determina las condiciones de vida de los ciudadanos, tiene que ver con la soberanía popular y, por ende, debe ser conocido ampliamente, analizado, discutido y sancionado por los Parlamentos nacionales y refrendado por el conjunto de la ciudadanía.
Advirtieron que las grandes potencias tienen un control sobre el desarrollo de la ciencia y la tecnología, los mercados, la industria, el comercio, las finanzas, la agricultura y los servicios, a lo que se suman los subsidios a su producción interna, condiciones que determinan que los países latinoamericanos no estén en capacidad de competir.
Sostienen en el documento que la fórmula del "libre comercio", promovida por el Alca favorece una política de apertura indiscriminada que arruina la producción industrial y agropecuaria, elimina los derechos de los trabajadores, socava las normas de protección de los consumidores, acrecienta el endeudamiento público, y pone en peligro la conservación del patrimonio económico y natural.
Aseguran que el Alca, tal como está concebido "reforzará las reformas económicas y la privatización de los servicios públicos esenciales como el agua, la salud, la seguridad social, la educación, la electricidad y las comunicaciones, transformando a los ciudadanos de usuarios de bienes y servicios en clientes de empresas transnacionales".
Control de recursos
"El Alca pretende consolidar el control de recursos estratégicos como son el petróleo, el agua, la biodiversidad, y el conocimiento ancestral, mediante patentes de propiedad intelectual -entre otros- en manos de transnacionales principalmente al servicio de los intereses de una única potencia: los Estados Unidos, que quiere acaparar para sus empresas, un mercado de 800 millones de consumidores y consolidar el flujo regular de recursos desde el sur del continente hasta su propio territorio".
Los parlamentarios consideran que otras iniciativas promovidas desde los Estados Unidos como la Organización Mundial de Comercio, el Tlcan, el Plan Puebla Panamá, y la ruta hacia el Alca, buscan mantener la hegemonía de este país en detrimento del desarrollo de nuestros pueblos.
"La imposición del año 2005 para que entre en vigencia el Alca, no es aceptable ya que obliga a los países a adecuar sus instrumentos legales, económicos y políticos sacrificando sus agendas soberanas y violentando la voluntad popular que en América Latina y el Caribe demuestran que la ciudadanía clama por cambios sociales, justicia y dignidad.
Como representantes electos "somos conscientes de la responsabilidad que tenemos ante nuestros pueblos frente al Alca, declaramos invitar los Parlamentos nacionales, como representantes de los pueblos americanos, a discutir y decidir sobre todos los acuerdos en torno al comercio internacional, en tanto que estos afectan la soberanía y las condiciones de vida de los ciudadanos del Continente y a fijar agendas soberanas con relación a la integración".
En consecuencia, "sugerimos que donde no existan, se constituyan comisiones parlamentarias especiales para atender lo correspondiente al Alca y otros proyectos de integración comercial similares", exponen.
SUBSIDIOS
Los ministros de 34 países de las Américas finalizaron el pasado viernes su VII reunión negociadora del Alca, en la que se comprometieron a reducir los subsidios agrícolas, destrabando de esta manera un tema sobre el cual se han presentado serias discrepancias en los últimos meses.
En el acto de clausura, los ministros entregaron la declaración de Quito, en que quedó consignada "la importancia de la agricultura para la economía de la región".
"Reafirmamos el compromiso hemisférico por la eliminación de los subsidios a las exportaciones que afectan el comercio de productos agrícolas en el hemisferio y el desarrollo de disciplinas a ser adoptadas para el tratamiento de todas las prácticas que distorsionan el comercio de productos agrícolas", sostiene el texto
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