Caracas, 30 Dic. Venpres (Xiomara Borges).- El asilo y el refugio no se le pueden dar a terroristas, ni a golpista, ni a promotores de la violencia, de hecho ya fue un error que lo haya hecho Colombia al darle asilo político a Pedro Carmona Estanga, al igual que Costa Rica con Carlos Ortega, según lo consideró el presidente de la Comisión Permanente de Política Exterior del parlamento, diputado Tarek William Saab.

En este sentido, el parlamentario hizo tal declaración al considerar que deben ser deportados al país los dos militares disidentes implicados en colocación de bombas, así como Carlos Fernández, ex presidente de Fedecámaras, requeridos por la justicia venezolana, quienes pidieron asilo político en Estados Unidos.

"Nosotros, en materia de asilo político, debemos rescatar tal acuerdo, porque las anteriores solicitudes violan de manera expresa las leyes que rigen la materia de protección a la figura histórica como es la del asilo político", advirtió.

Asimismo, manifestó su aspiración a que Estados Unidos deporte a Carlos Fernández y lo ponga a la orden de los tribunales venezolanos, porque está requerido en Venezuela por acciones violentas, golpistas, contrario a la democracia y la justicia está procesando a este sujeto como delincuente común "y de la misma manera deben ser deportados al país los tenientes de la Guardia Nacional, implicados en actos terroristas".

Saab recordó que actualmente en Estados Unidos está viviendo Carlos Fernández, bajo la fachada de un empresario, "un terrorista culpable de todo lo que significó para Venezuela la escalada de violencia, terror, destrucción y sabotaje a la economía venezolana.

"Sabemos de su relación con la Agencia de Inteligencia norteamericana (CIA), por una conversación que sostuvo recientemente con un asesor de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), en donde daba instrucciones para hacer acciones desestabilizadoras al país", afirmó.

No conforme con que está viviendo en Estados Unidos, -prosiguió- ahora quiere un asilo político al igual que los dos militares disidentes, José Antonio Colina Pulido y Germán Rodolfo Valera López, quienes están vinculados con la colocación de bombas que causaron severos daños materiales en el Consulado de Colombia y España y en el edificio donde se llevaba a cabo las reuniones de la Mesa de acuerdos.