Arauca, 23 de Octubre de 2002

Las organizaciones sociales del departamento de Arauca, representadas en la Asociación Departamental de Usuarios Campesinos ADUC – ARAUCA, La Central Unitaria de Trabajadores-CUT Subdirectiva Arauca, La Federación de Juntas de Acción Comunal-FEDECOMUNAL, La Asociación Juvenil Estudiantil Regional-ASOJER, El Consejo Regional Indígena de Arauca-CRIA y el Comité Regional de Derechos Humanos “Joel Sierra”; Saludamos a la comunidad nacional e internacional y a todos los que han demostrado su solidaridad y consecuencia desinteresada con el proceso social que adelantamos en defensa de la vida y los derechos humanos del pueblo araucano.

En diferentes oficios entregados al señor Presidente de la República Álvaro Uribe Vélez y al señor Vicepresidente Francisco Santos, hemos manifestados nuestras preocupaciones y posición frente a la degradación del conflicto armado y las medidas que el gobierno nacional, amparado en los poderes excepcionales que le otorga la conmoción interior, ha puesto en marcha en el departamento de Arauca, especialmente para los municipios de Arauca, Arauquita y Saravena, pues consideramos que afectan los principios fundamentales de la democracia.

Las organizaciones sociales hemos constatado que la aplicación de las medidas de emergencia han tenido los siguientes impactos:

a) Se han incrementado las violaciones de Derechos Humanos y la violencia. Indicativo de esto ha sido la detención de decenas de personas, quienes son exhibidas por los militares ante los medios de comunicación como terroristas, para días después, ante la ausencia de cargos, ser liberadas por la fiscalía; los centenares de registros domiciliarios sin orden judicial, todos precedidos del uso desproporcionado de la fuerza, realizados en Saravena, Arauquita y Arauca; y los censos y empadronamientos de la población, lo que ha generado temor en la población sobre el eventual uso indebido que hagan los militares de la información recaudada, teniendo en cuenta el precedente de la probada utilización por parte de los paramilitares de la información de inteligencia de la Brigada XVIII del Ejército Nacional; las masivas actividades de “guerra psicológica” desarrolladas por el ejército invitando a niños y pobladores a integrarse a las redes de inteligencia. Igualmente, durante este periodo no ha disminuido ni se han atenuado los efectos lesivos contra la población civil y se han seguido reportando crímenes de lesa humanidad imputables a la población civil, tal es el caso de la ejecución extrajudicial de FRANCISCO GUERRERO y la violación sexual de la esposa de este, hechos imputados a efectivos del batallón “Héroes de Saraguro”.

b) Al amparo de esas medidas se ha pretendido consolidar la guerra sucia paramilitar, grupos que han consolidado santuarios en la región de El Caracol, Arauca, sin que hayan sido ubicados o neutralizados por los militares.[Es decir, el Ejercito Colombiano, escudado bajo el Plan Colombia, le esta sirviendo de punta de lanza a los paramilitares para que se apoderen de vastos territorios! H.].

c) Se ha limitado la organización y movilización social, señalando y persiguiendo a los dirigentes sociales y políticos, e imponiendo serias restricciones a la vida ciudadana.

Además, manifestamos nuestro total desacuerdo con la militarización del gobierno departamental, pues el ejecutivo central ha cedido el control del orden público, como jefe e la zona de rehabilitación y consolidación, al general CARLOS LEMUS PEDRAZA, comandante de la Brigada XVIII, y nombrado como gobernador encargado al recientemente retirado del servicio activo del Ejército, coronel JOSE EMIRO PALENCIA ALVAREZ; prescindiendo de la voluntad del pueblo araucano y sin considerar que los militares carecen de autoridad moral en el departamento, pues su transparencia ha sido manchada por haber sido responsables de crímenes de Lesa Humanidad, como las masacre de Santo Domingo y la Cabuya, los asesinatos selectivos de la ilegal Cooperativa Convivir el Corral y su protección y complicidad con el accionar paramilitar en los municipios de Tame, Cravo Norte y Arauca. Resulta preocupante que ahora con la asignación de los 98 millones de dolares por parte del gobierno de Estados Unidos a la Brigada XVIII, va a contribuir aun mas, al incremento de la violación de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.

Esta es una breve ilustración de la situación actual del departamento de Arauca que compartimos con ustedes, esperando que dentro del marco de sus posibilidades acompañen a la región en las iniciativas en defensa de la vida y el restablecimiento de la gobernabilidad democrática; y demanden al gobierno respeto irrestricto a los derechos humanos del pueblo Araucano.

Consideramos que es urgente y necesario, demandar de la solidaridad de los pueblos y países amigos, para que presiones al gobierno nacional a tomar medidas que permitan una salida a la grave crisis de Derechos Humanos que afrontamos los pobladores de Arauca:

1. Presentar solicitudes al gobierno nacional para que cumpla con los Acuerdos firmados con los pobladores de Arauca en sus diferentes Jornadas en Defensa de la Vida y la Permanencia en el Territorio, e instale de manera oficial la Comisión Intersectorial para la Superación de la Impunidad en el Departamento de Arauca.

2. Que los Organismos encargados de la seguridad que cumplan con su papel constitucional. Igualmente solicitar a la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos, investigar a los miembros de la Fuerza Pública que por acción u omisión han permitido la operatividad y accionar de los supuestos paramilitares.

3. Solicitar a los organismos internacionales, la intervención para que los actores del conflicto no incluyan en sus acciones a la población civil y se respete las normas y principios del Derecho Internacional Humanitario.

4. Que se desarrolle un Programa de Prevención y protección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, tendiente a garantizar la Vida, los Derechos Humanos y la Permanencia en el Territorio Araucano.

De ustedes, atentamente,

ORGANIZACIONES SOCIALES DEL DEPARTAMENTO ARAUCA Y COMITÉ REGIONAL DE DERECHOS HUMANOS “JOEL SIERRA”