La falta de cooperación de las Fuerzas Armadas bolivianas pone en riesgo la investigación por los hechos ocurridos en septiembre y octubre, en los cuales numerosos civiles murieron a causa de disparos de la fuerza pública. Fue lo que señaló ayer Human Rights Watch en una carta enviada al actual Presidente de Bolivia, Carlos Mesa.

La amenaza más grave que pesa sobre la investigación en curso es la probabilidad de que los tribunales militares reclamen la competencia si la justicia civil formular cargos contra el personal militar, agregó Human Rights Watch en la carta. Como lo demuestran casos anteriores, los tribunales militares carecen de independencia e imparcialidad, y sus juicios culminan, casi inevitablemente, con la absolución de los militares acusados de abusos contra civiles.

La entidad también llamó la atención sobre el hecho de que las Fuerzas Armadas no están cooperando plenamente con los fiscales encargados de la investigación, así como en la debilidad y la ineficiencia del sistema de justicia civil.

La carta está basada en las conclusiones de una misión de investigación de la organización que visitó La Paz durante la última semana de noviembre. "La investigación de las muertes de los manifestantes es una prueba crucial para la justicia boliviana", dijo José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch. "Para que la investigación tenga éxito, el Presidente Mesa tiene que asegurarse de que las cortes civiles retengan la jurisdicción y ordene a los oficiales militares que cooperen plenamente con los fiscales civiles".

Gonzalo Sánchez de Lozada renunció el 17 de octubre y las calles de La Paz y de otras ciudades bolivianas resultaron repletas de manifestaciones. El proyecto de exportación del gas a través de Chile para llegar al mercado de Estados Unidos y de México no presentó – según las organizaciones sindicales – ventajas para el pueblo boliviano. Ese fue el punto de partida para que miles de personas se movilizasen y saliesen a las calles en una acción radical para pedir la renuncia del presidente.

La renuncia del presidente ocurrió después de una intensa convulsión social que generó la muerte de más de 80 personas y dejó centenas de heridos que participaron de las manifestaciones en La Paz, El Alto, Cochabamba, Oruro, entre otras localidades de Bolivia.

Según HRW, muchos fueron victimas de los disparos por parte de las tropas, cuando estas equipadas con fusiles de asalto intentaron derribar las barricadas que bloqueaban el paso de camiones cisterna entre las ciudades.

En su primer discurso ante el Congreso como presidente, el ex Vicepresidente Carlos Mesa, prometió que las cortes investigarían imparcialmente las muertes y pedirían cuentas a los responsables de las mismas. Sin embargo, las investigaciones por muertes durante protestas anteriores no han dado resultados. Nadie ha sido hallado responsable de la muerte de 31 personas en febrero, ocurrida durante y después de una protesta en La Paz.