Santafé de Bogotá, 16 Dic. Venpres.- El presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, rindió este martes indagatoria por más de horas ante el Congreso para responder acusaciones de posible prevaricato por acción, trámite que se realizó a puerta cerrada y bajo extremas medidas de seguridad, indicó la agencia Notimex.

El mandatario colombiano respondió ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara Baja por denuncias sobre irregularidades en el proceso de liquidación de la Empresa de Telecomunicaciones (Telecom), que llevó al despido a sus trabajadores.

Al término de la diligencia, Uribe Vélez leyó a periodistas un mensaje en el que defendió la privatización de la entidad y anunció que mantendrá "su compromiso total contra los abusos que han afectado patrimonios públicos, como el de Telecom".

"Lucharé sin descanso para reformar al Estado a fin de que sus recursos no sirvan a intereses burocráticos, gremiales, sindicales o de agrupaciones subversivas, sino que sirvan al pueblo", dijo el jefe de Estado en la misiva.

El gobierno decidió este año liquidar la empresa, una de las más grandes del país sudamericano, ante la necesidad de acudir a la austeridad fiscal para que las entidades oficiales fueran sostenibles.

Las centrales obreras, sin embargo, atribuyeron la medida gubernamental a una imposición del Fondo Monetario Internacional (FMI) y denunciaron irregularidades en la desvinculación del personal de la empresa.

Esta es la primera vez que un gobernante de Colombia se traslada a la sede del Congreso para responder en indagatoria, pues por tradición los legisladores siempre acudían al presidencial Palacio de Nariño para la diligencia de rigor.

La indagatoria de este martes corrió por cuenta de la congresista indigenista Teófila Roa, quien deberá decidir si existe el mérito de los cargos para acusar de manera formal al mandatario colombiano ante el plenario.

La denuncia fue elevada por el diputado independiente Alexander López, quien pidió al Congreso investigar a Uribe Vélez por posible extralimitación de funciones.

Según la querella, el mandatario habría incurrido en errores en la liquidación de Telecom, al no invocar las normas que establecen que antes de liquidar una empresa de servicios públicos se debe tomar posesión de la misma.

El legislador argumentó que el gobierno negó tener la intención de acabar con la entidad dos días antes de que se expidiera el decreto liquidando la compañía, lo que llevó a despidos masivos y a la ocupación militar de la sede.