"El aumento de la pobreza reconocido por el INE, incide transversalmente en el deterioro de la situación de los derechos humanos. La pobreza expresa una vulneración estructural del derecho a la no discriminación: los sectores populares encuentran mayores obstáculos para disfrutar de su derecho a un empleo, a un salario suficiente, a la alimentación, a la vivienda, a la seguridad social; son las principales víctimas de la delincuencia y de los atropellos policiales, con lo que se les vulnera más frecuentemente su derecho a la seguridad ciudadana, a la libertad personal, a la integridad y
a la vida", señaló Carlos Correa, Coordinador General de Provea. Añadió que a ello contribuyó el modo en que se vive el actual conflicto: "Los conflictos son positivos para los cambios sociales, pero en Venezuela, reconociendo que no se ha desbordado la violencia estatal, social o política, las expresiones de intolerancia de todos los sectores en pugna inciden en el empobrecimiento del país y en el debilitamiento del Estado.

La competencia por el control estatal entre los actores políticos, ejercida de una manera que es desleal con los principios democráticos, junto a la corrupción y los déficit de gestión, debilitan al Estado en su rol de garante de los derechos de la población. Por otra parte, los actores
políticos mostraron grandes limitaciones para negociar mecanismos que permitan administrar institucionalmente los disensos y la reducción de la violencia en el conflicto".

El desempleo llegó a su tope más alto en febrero de 2003: 20,7%, y aunque disminuyó en septiembre a 17,8 %, sigue siendo superior a la cifra del mismo mes del año anterior; el poder adquisitivo del salario se ha deteriorado, pues el aumento decretado en mayo de 2003, del 30% fraccionado, no cubrió la inflación acumulada desde el último aumento, que a septiembre fue del 37,5%;
un 80% de la población económicamente activa, no cuenta con protección de la seguridad social; el déficit del salario mínimo para cubrir la canasta alimentaria es de 20%, según fuentes oficiales; solo se cumplió con el 25% de las metas de construcción de viviendas del año 2002; más de un millón 885
mil niños, niñas y adolescentes están fuera del sistema escolar; el número de delitos y de homicidios registrados en 2002 se incrementó en un 16% y un 21% con respecto al año anterior; la frecuencia de linchamientos aumentó en un 47%; los cuerpos policiales son responsables de un 18% del total de
homicidios registrados oficialmente; aumentaron las muertes ocurridas en las cárceles, llegando a ser los lugares más inseguros del país por tener una tasa de homicidios de 1636,7 por cada 100 mil habitantes, mientras que la tasa nacional, ya suficientemente alta, es de 42 por cada 100 mil
habitantes. Junto a un trabajo especial sobre el impacto del acuerdo del Área de Libre Comercio (ALCA) en los derechos humanos, los anteriores son algunos de los datos sobre la situación de los derechos humanos que pueden revisarse en este informe realizado por Provea.

La publicación podrá adquirirse en su sede, en librerías y también puede ser consultada
gratuitamente en el sitio web de la organización: http://www.derechos.org.ve.

También hay algunos hechos positivos en el balance de Provea. En este sentido, Antonio González Plessmann, Coordinador del Área de Investigación de la organización, destacó por ejemplo que "el crecimiento de la matrícula escolar se ubicó en 5,6%, siendo el más alto de última década; la
matrícula creció en todos los niveles del sistema educativo, mayormente en educación media, 9,6%; se amplió la participación social por el derecho a la vivienda: en el proceso de regularización de tierras urbanas se entregaron 30 mil títulos de propiedad, se crearon 3 mil comités de Tierras Urbanas y
mil 50 Mesas Técnicas de Agua, además, se adjudicaron un millón 171.925 hectáreas de tierras agrícolas bajo directrices políticas cónsonas con el derecho a la tierra. Asimismo, se mantuvo la disminución de las violaciones al derecho a la manifestación, alcanzando la tasa más baja registrada por Provea".

Para mejorar la situación de los derechos humanos Provea insiste en la necesidad de un acuerdo político que incluya a toda la diversidad política y social del país, con amplia participación social. "Negociar no es traicionar principios, promesas electorales o postulados constitucionales, sino buscar acuerdos estratégicos y si ello no es posible, acordar los modos democráticos de procesar los desacuerdos. Esto implica organizaciones sociales y partidos políticos fuertes, honestos, participativos, con propuestas de país y capacidad de negociación", señaló Correa. Además, es
necesario que se asuma la superación de la pobreza, mediante el fortalecimiento de la institucionalidad y la participación, como el principal reto del país: "La crisis venezolana no tiene el nombre de una persona, ni se resuelve con la permanencia o salida de un presidente; se
trata de una crisis añejada y el empobrecimiento sostenido es parte de ella.

Hoy no puede hablarse de democracia sin justicia social. Por eso es fundamental fortalecer el rol del Estado como principal promotor de ésta, al tiempo que democratizarlo, hacerlo transparente y someterlo a controles populares permanentes, tal como lo señala el Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales de la ONU", concluyó González Plessmann.