Maracay, 10 Dic. Venpres (Ingrid Calzadilla). - El representante legal
de las víctimas del 11 de abril de 2002 solicitará formalmente ante el
Ministerio Público que se abra una investigación en contra del alcalde
Alfredo Peña, el secretario de seguridad ciudadana, Henry Vivas y el
comisario de la PM Lázaro Forero, por los delitos que se les imputan a los
ocho efectivos metropolitanos implicados en el caso.
El anuncio lo hizo el abogado de las víctimas del 11-A , Amado Antonio
Molina, luego de conocerse la decisión de apertura a juicio en contra de los
ocho efectivos policiales por los delitos de homicidio calificado en grado
de complicidad correspectiva, homicidio calificado frustrado en grado de
complicidad correspectiva, uso indebido de arma de guerra, lesiones graves,
menos graves, y gravísimas en contra de 30 víctimas.
Molina informó a Venpres que la responsabilidad de los delitos cometidos por
los gendarmes de la PM también recae sobre sus superiores jerárquicos y "es
por ello que solicitaremos ante la Fiscalía que Peña, Vivas, y Forero sean
citados e imputados por los mismo delitos que serán enjuiciados los
funcionarios policiales.
Indicó además que solicitarán ante el Tribunal 4to de Control que lleva la
causa el cambio de sitio de reclusión de los ocho PM para que sean
trasladados hacia un centro de reclusión del circunscripción judicial de
Aragua, donde se celebrará el juicio.
Explicó Molina que la Comandancia General de la Policía Metropolitana,
donde se encuentran recluidos actualmente, no es un sitio adecuado para
mantener en prisión a los acusados , debido a que los delitos que se les
imputan son graves.
En este sentido, el jurista señaló que la decisión de enviar a juicio a los
agentes policiales constituye un paso más en la búsqueda de la verdad en
relación a los hechos ocurridos el 11 de abril de 2002 en las inmediaciones
de Puente Llaguno, opinión que también compartió la abogada Merli Morales,
integrante de la defensa de las víctimas, quien esgrimió que el desarrollo
de este juicio permitirá al Poder
Judicial esclarecer los sucesos de abril de 2002.