Caracas, 28 nov (EFE).- La fuerza pública venezolana allanó hoy un hotel en Caracas y detuvo a cuatro civiles sospechosos de los atentados contra sedes diplomáticas de Colombia y España de febrero pasado, atribuidos a militares rebeldes, informó la Fiscalía.

El fiscal encargado del proceso, Danilo Anderson, confirmó a los periodistas que la acción policial, llevada a cabo durante la madrugada para evitar que eventuales protestas la obstaculizaran, está vinculada a las explosiones en esas sedes diplomáticas.

El hotel allanado está situado en la Plaza Francia de Altamira, en la que se atrincheró hace más de un año un grupo de militares alzados contra el presidente del país, Hugo Chávez.

Uno de los líderes del alzamiento, el general de ejército Néstor González, calificó el allanamiento como "un acto desesperado del Gobierno, puesto que es conocido que los militares disidentes ya no se encuentran en el lugar", aseguró.

Confirmó que los cuatro detenidos son civiles, "que siempre se encontraban en la plaza para apoyar la disidencia de los militares, y que han sido víctimas de abusos físicos por parte de los efectivos de los cuerpos de seguridad del Estado".

El Ministro de Interior y Justicia, Lucas Rincón, dijo el pasado jueves que esos militares, a los que acusó de haber participado además en el fallido golpe de Estado de abril de 2002, son los responsables de esos y otros atentados.

Rincón hizo estas declaraciones en compañía de los jefes de la policía de seguridad del Estado, Miguel Rodríguez, y de la policía judicial, Marcos Chávez.

Como presunto jefe del "grupo terrorista" fue señalado el general Felipe Rodríguez, "El Cuervo", y como segundo, el coronel Yuseppe Pilieri, ambos integrantes del grupo de militares que en noviembre de 2002 ocupó esa plaza para promover la destitución de Chávez.

Rodríguez explicó que las bombas colocadas en una dependencia diplomática de España y en el Consulado General de Colombia estaban elaboradas con el explosivo C-4 y fueron activadas vía telefónica por el teniente Hernán Varela.

El director de la policía política DISIP señaló que el seguimiento de llamadas telefónicas hechas por Pilieri a Luis Chacín "El Armadillo", otro de los miembros del grupo, fue decisivo para esclarecer los casos.

Rodríguez relató cómo fueron adquiridos los explosivos a través de una empresa privada, fabricante de baterías para automóviles, y cómo fueron trasladados en motocicleta y colocados en los lugares elegidos hasta su detonación.

Precisó que buena parte de los sospechosos de participar en los atentados han sido detenidos, aunque siguen prófugos Rodríguez, Pilieri y Varela, contra quienes se dictó recientemente orden de prisión.

El grupo también ha sido relacionado con la mayoría de los 37 casos de terrorismo que tiene en sus manos la policía, entre ellos el asesinato de cuatro personas de los servicios de seguridad de los militares rebeldes por creer que eran confidentes del Gobierno.