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Caracas, 21 Jun. ABN (Angélica Antía Azuaje).- "La Contraloría General de la República (CGR) esta semana inhabilitó a otras personas, pues han cometido irregularidades con el patrimonio público”, afirmó el titular de este despacho, Clodosbaldo Russián.

La declaración fue ofrecida durante un conversatorio que se realizó este sábado en Núcleo Endógeno Fabricio Ojeda, en Gramoven, Catia, para rememorar los 42 años del asesinato del luchador social Fabricio Ojeda.

Russián insistió: “Así como hay personas que se les venció ya el lapso de inhabilitación, existen nuevos casos".

“Como es nuestro deber y nuestra obligación de velar por el funcionamiento y el buen uso del patrimonio público, lo estamos haciendo", aclaró.

El Contralor sostuvo que "las inhabilitaciones nuevas son sanciones administrativas, por el uso indebido de los recursos y el patrimonio público”.

Russián enfatizó que la CGR “no está sancionando a nadie políticamente, las sanciones políticas les corresponden a otras instancias”.

Respecto a la depuración de la lista de inhabilitados señaló que “las personas a quienes ya se les ha cumplido la sanción, quedan automáticamente habilitados. Pero eso es por el transcurso del tiempo, no porque haya habido otra medida distinta por parte de la Contraloría”.

A juicio de Russián, en Venezuela hubo, por primera vez en su historia, una amnistía que le dio el presidente Hugo Chávez a quienes habían participado en el golpe de Estado de abril de 2002.

Esta acción la encabezó Pedro Carmona Estanga, otrora titular de Fedecámaras, el presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) Carlos Ortega y otros actores, así como también a aquellas personas que habían participado en la huelga general y paro petrolero de diciembre de 2002 y febrero de 2003, “Chávez los perdonó”, subrayó.

“Ello fue una decisión política y quien tiene facultades para ello es el Presidente de la República”, comentó Russián.

Bajo su óptica, la CGR posee facultades mediante la vía administrativa “y las inhabilitaciones nuestras son por este concepto y afectan solamente el derecho a desempeñar cargos públicos, porque no manejaron bien los recursos que les habían sido entregados para que los gerenciarán con el cuidado de un buen padre de familia”.

Del resto, explicó, los derechos civiles y políticos los tienen, es decir, pueden elegir, los que son solteros se pueden casar.

En cuanto al caso del Poder Moral y la recusación en su contra, Russián destacó que el Poder Ciudadano está constituido por la CGR, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la República.

“El Consejo Moral Republicano es la expresión del poder ciudadano con la Defensora del Pueblo, la Fiscal y el Contralor de la República”.

A tenor de Russián, en la Ley Orgánica del Poder Ciudadano se establece que las decisiones se toman por mayoría “y como se había inhibido a la fiscal, la decisión la toman dos de los tres miembros y en cada uno de nosotros está representados en 33,33%".

Dijo que "una decisión avalada con la Defensora del Pueblo y con el Contralor de la República equivale al 66,66% de los votos, por lo que es una votación calificada. En todas partes, dos es más que uno”, concluyó.