10 de junio 2008. - Las discusiones en el seno de la Asamblea Nacional sobre las modificaciones a Ley de Transporte Terrestre —que comenzaron el pasado mes de enero— han despertado muchas dudas e interrogantes entre los usuarios y transportistas, quienes tienen un lapso de dos años, contados a partir de la entrada en vigencia de este instrumento legal, para reparar o reemplazar la unidad que no estén en óptimas condiciones.

La información fue suministrada por el diputado Eddy Ríos, presidente de la subcomisión de transporte de la Asamblea Nacional: “La ley persigue ordenar y desarrollar el sector transporte, para ofrecer así a los particulares seguridad jurídica y mejores servicios. Serán sacados de circulación aquellos carros que contaminen el ambiente y sancionados los que produzcan contaminación sónica”.

En el artículo 13 se establece el deber de los conductores en mejorar el estado de sus vehículos. “El transporte terrestre debe garantizar, entre otras cosas, seguridad y comodidad, además de satisfacer las necesidades de movilidad y accesibilidad en todos los ámbitos de vida ciudadana”.

El diputado señaló que se establecieron nuevas sanciones, que van desde cinco a 200 unidades tributarias (entre 230 y 9.200 bolívares fuertes).

“Estamos haciendo mayor énfasis en eso. Por ejemplo, serán objeto de sanción los individuos que realicen piques; éstos se regulan a través del artículo 81, donde establece que las competencias deportivas en carreteras y autopistas nacionales se regularán por el reglamento, así como también serán multados las personas que hablen por teléfono cuando están manejando”, señaló el diputado.

Debate

La próxima semana, gremios del transporte de Maracaibo se reunirán en la Liga de la Confraternidad para discutir el documento legal.

“Están hablando de eliminar los carros por puesto que no cumplan con las condiciones que ellos están estableciendo para circular, pero el 70% de nuestra flota no cumple con esos requisitos”, indicó Erasmo Alían, secretario general de la Central Única de Transporte del estado Zulia.

Alían expuso que más de la mitad de la población se moviliza en los 8 mil vehículos que prestan el servicio público en Maracaibo: “La ciudad se quedaría sin transporte, los buses no son suficientes”.

El secretario de la central expresó que entre las peticiones que les exigen, se encuentran los cinturones de seguridad: “No los tenemos. Son unidades que tenemos datan del año 1968, ya ni los tienen. Además, que todas las piezas estén en buenas condiciones, muchas de estas se rompen cuando transitamos por la pésima vialidad que tenemos”.

El transportista expuso que otra de las preocupaciones que los embarga es que, según la nueva ley, las personas mayores de 60 años no podrán estar en la parte de adelante de un autobús. “El 60% de nuestros choferes pasa esa edad”.

Ángel Ordaz, directivo de la Liga de La Confraternidad, indicó que las multas son excesivas. “Muchas de ellas triplican lo que nos ganamos en un día. Supuestamente, vamos a ser multados por llevar pasajeros de pie en las unidades. ¿Cómo controlamos nosotros a los pasajeros en las horas pico? La cantidad de unidades no cubre la demanda de usuarios”.

Los choferes agregaron: “No es posible que los transportistas aún no tengamos la ley que va a ser aprobada, jamás consultaron con nosotros”.

Un mejor servicio

Para Martha Duarte, habitante del sector Vista Bella, parroquia Cacique Mara, las medidas aprobadas por la Asamblea Nacional, permitirán prestar un mejor servicio: “No es posible que aún existan chatarras circulando, donde muchas veces nos rompemos la ropa y tragamos humo”.

El desconocimiento predomina en el gremio de transporte, apuntó el diputado de la Asamblea Nacional ante las declaraciones de los conductores: “Se realizó la modificación al artículo que habla de las personas de la tercera edad. No podrán viajar en los asientos delanteros los niños menores de 10 años, ni a los discapacitados o embarazadas”.

En la reforma se han considerado los problemas que presenta la infraestructura vial, así como la participación de la inversión privada en la modernización de la infraestructura y de los servicios de transporte.

En cuanto al ámbito nacional, las modificaciones persiguen contar con unas autoridades administrativas técnicamente calificadas y que gocen de autonomía suficiente para ejercer sus competencias.

Aún se desconoce la entrada en vigencia de la nueva ley. Los artículos aprobados por la AN están sólo a la espera de la firma del presidente de la República.