Dejaron de tumbar ranchos en Brisas del Pinar. Credito: ÁNGEL COLMENARES

Caracas 7 junio 2008.- El 15 de mayo de este año, el Gobierno puso en marcha el plan No a la Invasión, el cual comenzó por controlar las ocupaciones ilegales de la Cota 905 y Las Mayas. Pero la próxima semana se cumple un mes de esta acción, que contó con un gran despliegue militar, y todavía esas familias siguen ocupando esos cerros.

Inclusive, se instaló una comisión multidisciplinaria con la participación de los ministerios de la Defensa, Salud, Ambiente, Vivienda y el Ministerio Público. El movimiento en esas zonas duró casi dos semanas. Según información del defensor del Área Metropolitana, Juan Carlos Castro, allí se estaba haciendo un censo para saber cuántas familias realmente necesitaban ser reubicadas.

En el caso de la Cota 905, se tumbaron alrededor de 20 casas y la GN sacó a 11 indocumentados. Hoy en día, Castro señaló que no sabe nada del operativo y que no lo han llamado más a las mesas técnicas.

Habló de un "enfriamiento" en torno al tema.

Ya no hay sino cuatro funcionarios de la GN apostados en la vía y los habitantes de la invasión siguieron con su rutina diaria. Inclusive, los vecinos dicen que los han visto meter materiales de construcción.

No obstante, el coronel Pedro Quiaro, de quien se dijo que estaba a cargo de la operación, indicó vía telefónica que allí se sigue trabajando, y aunque fue parco con las declaraciones señaló que todo se está haciendo en beneficio de los vecinos. Por supuesto, no quiso indicar qué se está haciendo exactamente en esa zona.

Cabe destacar que en la Gaceta Oficial N° 38.946 fue publicada la Ley de Bosques, la cual establece hasta 10 años de cárcel para quienes perpetren crímenes ambientales de extrema gravedad, como la destrucción o degradación de bosques en cualquier parte del país.

Esta nueva ley, que deroga la Ley Forestal de Suelos y Agua, también contempla sanciones y multas que van desde las 500 unidades tributarias (23 mil BsF) hasta las 10 mil unidades tributarias (460 mil BsF). Entonces vale esta reflexión: ¿a quién le van a aplicar la ley?