En el Zulia lucha contra la impunidad y la corrupción

ENTREGAN A JUEZ RECTOR DOCUMENTO CONTRA LA CORRUPCIÓN JUDICIAL

Denuncian que con el apoyo de un empresario de la construcción, los imputados, José Antonio Meleán Pérez y Edgar Antonio Meleán Muñoz, negociantes de tierras- cuya causa fue sobreseída- pretenden realizar de manera fraudulenta una operación de compra-venta de parcelas por un monto superior al millardo de bolívares en la zona conocida como La Chamarreta

Representantes comunitarios de Maracaibo solicitaron la aplicación de “severas medidas disciplinarias” contra el abogado Héctor Medina Sánchez, Juez Sexto de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, por presunta conducta dolosa en el desempeño de su cargo.

Contaron con el acompañamiento de un grupo de vecinos- que exigió justicia- y el magistrado encargado de vigilar el funcionamiento del sistema judicial en la región, prometió investigar el caso.

Olga Ancheta, Nuris Mosquera, Orlando Castillo, Rafael Zambrano y Elina Ramírez, domiciliados en la urbanización La Chamarreta, ubicada al sur de la ciudad, con el apoyo de la organización Bastión Moral contra la Corrupción, que a través de los ciudadanos Alirio Almao, Wilfredo Olivier y Lusbi Portillo- quienes basados en el artículo 132 de la Constitución Bolivariana, que trata sobre los deberes y la solidaridad de los venezolanos- se hacen igualmente parte en la presente denuncia, ocurrirán ante el Juez Rector del Circuito Judicial del Zulia, magistrado Dick William Colina Luzardo, para demandar el procedimiento que corresponde.

Exigen la aplicación de severas medidas disciplinarias contra el mencionado funcionario “ por su evidente y manifiesta parcialización- ignorando, desacatando, mal interpretando y desaplicando normas elementales del derecho- en detrimento de los principios éticos de la abogacía, como quedó demostrado en la insólita decisión tomada el día 24/09/03 en la causa No.6C-1.940-03, al sobreseer de todo delito a los ciudadanos José Antonio Meleán Pérez y Edgar Antonio Meleán Muñoz, sujetos que durante años han atentado contra la paz social y seguridad jurídica de los habitantes de la parroquia Francisco Eugenio Bustamante del municipio Maracaibo”.

A estos individuos-indicaron- la Fiscalía 25 del Ministerio Público, con pruebas firmes y fehacientes, les atribuye la comisión de los delitos de Estafa Calificada Continuada, Agavillamiento y Uso y Aprovechamiento de Documento Indebidamente expedido, hechos ya admitidos como ciertos por el Juzgado Cuarto de Control y la Corte de Apelaciones, Sala No.2, según Audiencia Preliminar del 06-03-03,Causa No. 4C-653-02 y sentencia de fecha 12-10-03.

En este último recaudo judicial- afirman- se ordena dejar sin efecto jurídico válido, la libertad decretada por otorgamiento de medida cautelar sustitutiva a estos ciudadanos y se ordena su captura y reingreso al recinto carcelario respectivo, decisión que fue deliberadamente desacatada por el juez en cuestión.

En el presente caso- puntualizan- resulta escandaloso que un acto procesal de tanta gravedad, que normalmente consume prolongadas horas de alegatos y controversias entre los actores involucrados, el juez Medina Sánchez, “lo despachó” en tiempo record de apenas 4 horas, lo que demuestra su clara intención de complicidad con los imputados.

“Asombrosamente, de oficio, el mismo día que dictó el sobreseimiento, el cuestionado juez Sexto de Control ordenó levantar la medida de prohibición de enajenar y gravar que recaía sobre una extensión de terreno de 2 millones doscientos cincuenta mil metros cuadrados (2.250.000 M2) , propiedad del Instituto Nacional de La Vivienda, convalidando con esta actuación la pretensión de los señores Meleán Pérez y Meleán Muñoz de adelantar con el Estado venezolano una negociación por un monto superior al millardo de bolívares ( Bs. 1.000.000.000,00) mediante una operación de compra venta fraudulenta, a través de la Constructura ICCA del ciudadano Luis Urdaneta, como uno de sus accionistas mayoritarios”.

Luis Urdaneta, indican, ha sido acusado públicamente de ser presunto testaferro del general Víctor Cruz Weffer, ex presidente de Fondur, según información del semanario Quinto Día, de fecha 31/01/03 al 07/02/03.

Es elemental en derecho que el Juez Sexto de Control, debió esperar cinco días hábiles para dar oportunidad a que la Fiscalía ejerciera su derecho de apelación.

“Esta es una inobservancia gravísima que lo hace aparecer totalmente parcializado e involucrado con los imputados en este caso,” advierten los denunciantes.

También les llama la atención que el beneficio de medida cautelar sustitutiva de la libertad otorgado a estos procesados por la Juez Cuarto de Control, fue afianzada con los cheques de gerencia números 23503898 23503899,ambos por un monto de 19 millones cuatrocientos mil bolívares (19.400.000,00) debitados de las cuentas de la Constructira ICCA de Luis Urdaneta.

Igualmente, inquieta a los querellantes la circunstancia de que la defensa de Meleán Pérez-Meleán Muñoz, padre e hijo, la ejerza el abogado Remsy Schmilinsky, quien actúa en sociedad con el también profesional del derecho, Oscar Pérez La Cruz-ambos jubilados como jueces superiores.

La preocupación es porque –curiosa casualidad- el ahora juez Héctor Medina Sánchez, fue varios años secretario en el Juzgado décimo cuarto de Primera Instancia en lo Penal y de Salvaguarda, a cargo para entonces, de Oscar Pérez La Cruz.

La condición de antiguo subalterno y los vínculos de amistad y camaradería del juez Héctor Medina Sánchez con su antiguo jefe Oscar Pérez La Cruz, alerta Bastión Moral y también los vecinos de la urbanización La Chamarreta, demuestra aún más la falta de transparencia e imparcialidad del mencionado funcionario judicial en la conducción de este caso.

En el documento que entregarán hoy al Juez Rector del Zulia con las evidencias, los reclamantes exigen medidas ejemplarizantes que contribuyan a rescatar la credibilidad del Poder Judicial, desprestigiado por la conducta de algunos magistrados como el denunciado




sólo la acción soberana del pueblo es libertad