Seis campesinos bolivianos resultaron heridos, cuando el Ejército y la Policía reprimió a doscientas personas que intentaban tomar en las afueras de la ciudad de Cochabamba la propiedad de 30 hectáreas, de Carlos Sánchez, ex ministro de Defensa del dimitente presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, a quien acompaña en exilio en Estados Unidos.

Al condenar el cruento desalojo, el dirigente de los campesinos, Francisco Guzmán, explicó que se trata de una propiedad obtenida mediante la corrupción por el ex ministro, considerado además principal responsable de la represión de las recientes protestas anti gubernamentales, que dejó un saldo de más de 80 muertos.

La dirección del Movimiento de Campesinos sin Tierra, al que no pertenecen los labriegos reprimidos por las tropas, dio un plazo de 90 días al nuevo gobierno para que comience a entregar a 200 mil familias necesitadas tierras improductivas o de propiedad jurídicamente dudosa, según lo establece la legislación de reforma agraria.

En tanto, la Central Obrera Boliviana insistió en extraditar desde Estados Unidos al expresidente Sánchez de Lozada para que responda por la muerte de decenas de personas en los últimos días de su gobierno.

Por su parte, el secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de campesinos de Bolivia, Felipe Quispe, calificó de vendepatrias a los habitantes de la región gasífera de Tarija que realizan una campaña contra el referendo para definir la venta de gas natural a Estados Unidos por un puerto chileno.

Por otra parte la Central Obrera Boliviana insistió en extraditar desde Estados Unidos al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada para que responda por la muerte de decenas de personas en los últimos días de su gobierno.

Jaime Solares, secretario general de la organización gremial, responsabilizó al ex jefe de Estado de ordenar a las fuerzas del orden que dispararan contra civiles durante las protestas sociales que vivió el país andino.