(16 de marzo de 2008) El gobierno de George W. Bush y algunos legisladores conservadores han buscado transformar el tema de la incursión militar de Colombia en Ecuador en motivo para calificar de “terrorista” al gobierno de Venezuela.

Hoy, dos representantes republicanos federales de Florida, la cubanoestadunidense Ileana Ros-Lehtinen y Connie Mack, presentaron una resolución ante la cámara baja, que insta al gobierno de Bush a “designar a Venezuela patrocinador estatal del terrorismo”.

Vale recordar que en el Congreso hay mayoría demócrata, y que esos dos legisladores no tienen poder para garantizar la aprobación de resoluciones o proyectos. Sin embargo, esa iniciativa está ligada con una serie de declaraciones del gobierno de Bush, esta semana, que critican a la administración de Hugo Chávez.

El tono lo elevó el propio Bush, quien esta semana dijo ante la Cámara de Comercio Hispana, en Washington, que “hay un patrón preocupante de comportamiento provocativo del régimen en Caracas” en torno a las FARC, y afirmó que altos funcionarios del gobierno de Hugo Chávez se han entrevistado con el grupo guerrillero, oficialmente designado por el gobierno estadunidense “organización terrorista”.

Durante esta semana, la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, ha elevado la tensión. Antes de comenzar su gira por Brasil y Chile, al entrar a una reunión con el ministro de Defensa de Colombia, Juan Manuel Santos, aseveró, en obvia referencia a Venezuela, que “es obligación de todo miembro de la Organización de Naciones Unidas (ONU) no permitir que su territorio sea usado de manera alguna para apoyar terroristas, y las FARC son una organización terrorista. Por tanto, no debe haber ningún apoyo a ellos”. Ya en el curso de su gira repitió versiones del mismo mensaje.

Un vocero del Consejo de Seguridad Nacional, Gordon Johndroe, informó: “nuestras agencias de inteligencia están evaluando el material adquirido por los colombianos, y veremos hacia dónde lleva”, reportó el Wall Street Journal. El gobierno ha indicado que está revisando los archivos de computadora obtenidos por las fuerzas colombianas en su ataque a la base de las FARC en Ecuador, el primero de marzo, que según denuncias del gobierno de Álvaro Uribe señalan que el régimen de Hugo Chávez mantenía contacto con los guerrilleros y tenía la intención de entregarles 300 millones de dólares en asistencia.

El secretario asistente de Estado para el hemisferio occidental, Thomas Shannon, declaró esta semana que continúan analizando los contenidos de las computadoras obtenidas tras el ataque, incluyendo una que supuestamente era del líder del grupo guerrillero, Raúl Reyes, y otra perteneciente a Iván Ríos, otro dirigente de la organización que fue asesinado por su escolta la semana pasada.

“La información que ha surgido hasta la fecha es preocupante, ya que parece indicar un grado de diálogo y discusión entre miembros del gobierno de Venezuela y las FARC que tiene que ser explicado”, dijo Shannon a reporteros en Washington. Sin embargo, subrayó: “estamos muy al comienzo del proceso, y sería una error brincar a conclusiones”.

Pero es justo lo que decidieron hacer algunos legisladores afirmando, a pesar de que aún no hay pruebas, como hizo Mack esta semana, que “es crítico que el gobierno (de Bush) actúe rápida y decisivamente. El presidente venezolano está usando su enorme riqueza petrolera para financiar el terrorismo en su traspatio”. Ros Lehtinen, al presentar su resolución junto con Mack, declaró que “la decisión del liderazgo venezolano de apoyar los actos criminales de estos extremistas violentos (las FARC) ha envenenado la región con inestabilidad y desconfianza”. Agregó: “los esfuerzos deliberados de los líderes venezolanos por forjar relaciones con patrocinadores estatales del terrorismo, incluyendo Irán y Cuba, son una afrenta directa a todos los que trabajamos para promocionar la justicia y la libertad en la región”.

La resolución legislativa no tiene fuerza de ley, y sólo es una expresión del Congreso. Aun si prospera, no tiene impacto directo. Pero sí nutre el esfuerzo de algunos dentro del gobierno de Bush de al menos amenazar con colocar a Venezuela en la lista de patrocinadores del terrorismo.

Los países actualmente incluidos en dicho listado son Corea del Norte, Irán, Siria, Sudán y Cuba. Estas naciones son sujetas a diversas sanciones, entre ellas la suspensión de préstamos de instituciones multilaterales (Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional). No está claro si estar en ésta tendría efecto sobre las operaciones de empresas estadunidenses, incluyendo las petroleras, en el caso de Venezuela.

Pero el propio Shannnon ha expresado cautela. “Declarar a alguien patrocinador estatal del terrorismo es un paso grande, serio, y una decisión que sólo tomaríamos después de una muy cuidadosa consideración de todas las pruebas”. Puntualizó que el análisis de los archivos de las computadoras tomará tiempo.

Expertos en Washington están divididos sobre si estas nuevas acusaciones contra Venezuela prosperarán. Algunos dicen que la propuesta será aprobada sólo porque pocos legisladores se atreverán a votar en contra –por la poca simpatía hacia el régimen de Chávez Frías– y porque políticamente nadie desea sufragar contra alguien que denuncia actividades supuestamente “terroristas”. Otros creen que no prosperará por la falta de capital político de la moribunda y desprestigiada presidencia de Bush, como por las divisiones internas dentro del gobierno.

Adam Isacson, experto en relaciones interamericanas del Centro de Políticas Internacionales en Washington, declaró a La Jornada que “no existe consenso entre los republicanos e incluso dentro del gobierno de George Bush” para promover esto, y pronosticó que los presidentes demócratas de los comités legislativos no permitirán que la resolución proceda a voto. Por otro lado, manifestó que por ahora “simplemente no hay suficientes pruebas” para justificar las acusaciones sobre Chávez y las FARC.

Añadió: “muchos no desean colocar a Venezuela en la lista (de patrocinadores de terrorismo) por las consecuencias sobre los mercados petroleros, lo cual nutrirá la actual incertidumbre”. Pero advirtió que eso podría cambiar si surgen pruebas que implicaran al gobierno venezolano.

Daniel Ericsson, analista de Diálogo Interamericano, comentó a la agencia Ap que “es un poco difícil, particularmente en el contexto de un año electoral, que Estados Unidos aplique nuevas sanciones sobre Venezuela, que probablemente interrumpirían el suministro de petróleo, lo cual llevaría a precios más altos de gasolina”. Otros estiman que al no contar con el apoyo de algunos de los principales países de la región, el intento podría ser desastroso y generar justo lo opuesto al objetivo de Bush: aislar a Venezuela.