Bogotá, octubre 22 de 2003

Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos
Procedimientos especiales de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas
Comisión Interamericana de Derechos Humanos Organizaciones no Gubernamentales Nacionales e Internacionales de Derechos Humanos
Cuerpo Diplomático Acreditado en Colombia Misiones Permanentes ante Naciones Unidas
Agencias Internacionales de Cooperación

COLOMBIA:
Detención masiva y arbitraria de dirigentes políticos de oposición y población civil en Arauca, 5 días antes de elecciones

Respetados señores/ respetadas señoras:

Reciban un cordial saludo de la Comisión Colombiana de Juristas. Por medio de la presente queremos poner en su conocimiento graves hechos ocurridos el día de ayer en Colombia, y solicitarles su actuación en relación con estos.
Se trata de la detención masiva en Arauca, en la madrugada de ayer, 21 de octubre, de 31 personas, la mayoría de ellas dirigentes políticos de partidos y movimientos políticos de oposición. El 26 de octubre se realizarán elecciones en Colombia.

1. Dirigentes políticos detenidos (candidatos, funcionarios, líderes comunales)

Entre las personas detenidas, se encuentran los siguientes dirigentes políticos:
* Un candidato a la Gobernación de Arauca, José Helmer Muñoz,
*un candidato al concejo de Arauca, Orlando Barahona,
* 3 candidatos a alcaldías -Arauca, Cravo Norte y Saravena-, Luis Alberto
Peroza, Antonio Ortiga y Zoila Esposito
* 3 ex – gobernadores, Gustavo Castellanos, Vicente Lozano y Federico Gallardo,
* 2 ex – alcaldesas, Iliana Baroni y María Elena Molina,
* 2 diputados, Elionor Avila y Ramón del Carmen Garcés,
* la contralora departamental, Emma del Carmen Benítez,
* el alcalde de Arauca, Jorge Cedeño,
* un miembro de la dirección nacional de la Comisión de Paz y Derechos
Humanos - Movimiento comunal y comunitario de Colombia- , Enrique Soriano,
* 4 dirigentes políticos Herman Rico, Pedro Orjuela, Esperanza Sandoval,
Gloria Suárez.

2. Capturas en vísperas de elecciones

Algunos de los candidatos detenidos son los favoritos para ocupar los cargos de elección popular, en las elecciones que se realizarán este domingo 26 de octubre en todo el país. El candidato a la Gobernación del departamento, sacerdote José Helmer Muñoz, representa al movimiento comunal
y comunitario de Colombia, de oposición al gobierno del Presidente Álvaro Uribe, y se perfila como el favorito para ganar las elecciones del próximo domingo.
Las capturas de siete candidatos a cargos de elección popular afectarán inevitablemente el normal desarrollo de los comicios electorales, pues si bien los candidatos continúan inscritos, pues su situación jurídica aún no está definida, las capturas han generado confusión y malestar entre la
población. De acuerdo con declaraciones de Alfonso Medina, presidente de la Academia de Historia de Arauca, "habrá desbandada de mucha gente que preferirá no votar porque sus amigos no van a estar acá el domingo" .
Efectivamente, las personas detenidas no podrán quedar en libertad antes del día de elecciones, pues la definición de su situación jurídica tardará diez días hábiles, por tratarse de personas capturadas en operaciones masivas.

3. Detenciones masivas de civiles con fundamento en señalamientos: resultado de la "política de seguridad democrática"

Estas capturas, que se suman a muchas otras capturas masivas de civiles, demuestran una vez más cómo el actual Gobierno desarrolla su política de seguridad, en la cual las principales víctimas son las personas civiles, sobre las cuales recae una sospecha generalizada fundamentada en el
desconocimiento del principio de distinción por parte del Presidente de la República.
De acuerdo con el Fiscal General de la Nación, las personas detenidas en Arauca ayer "están señaladas por rebelión, pero más adelante entraremos a verificar otras conductas punibles. Desde hace tiempo, estábamos advertidos de que allí, a nivel regional, venía dándose una situación muy compleja en materia de ocupación de los grupos guerrilleros". De acuerdo con una fuente de la Fiscalía, en buena medida las detenciones de ayer se produjeron gracias a los testimonios y señalamientos de tres guerrilleros que se acogieron al Programa de Protección de Testigos.
Detenciones anteriores, basadas en este mismo tipo de información, no han tenido fundamento suficiente, constituyéndose en detenciones arbitrarias.
Fue el caso, entre otros, de Rina Bolaños, una mujer secuestrada y violada por las Farc, y acusada tras su liberación por tres ex - guerrilleros de hacer parte del grupo subversivo Eln. Con base en las acusaciones de los ex – guerrilleros, la fiscalía dictó orden de captura contra ella. En el día
de ayer, 21 de octubre, la fiscalía revocó la medida de aseguramiento, pues, además de que la señora Bolaños no tiene antecedentes penales, los reinsertados se retractaron de sus declaraciones, y no existía otra prueba en su contra. A causa de las falsas acusaciones, estuvo detenida desde el
10 de septiembre hasta el 21 de octubre de 2003.
La población civil del departamento de Arauca ha sido especialmente victimizada en el último año a causa de las políticas estatales.
Durante la vigencia del estado de conmoción interior entre agosto de 2002 y abril de 2003, bajo el cual varios municipios de Arauca fueron declarados zonas de rehabilitación y consolidación, se llevaron a cabo detenciones masivas contrarias a la normativa internacional: el 12 de noviembre de 2002, en horas de la madrugada y bajo el nombre de "Operación Heroica", el municipio de Saravena (Arauca) fue acordonado por patrullas militares y de policía, que procedieron a encerrar en las instalaciones del coliseo municipal a por lo menos 500 personas . Dichas personas fueron víctimas de violencia verbal, censadas y posteriormente marcadas en las piernas y los brazos con sellos de tinta indeleble. Entre el 12 y 13 de noviembre, 2000 personas fueron detenidas, también en Saravena. Del total de personas
detenidas, 49 fueron sometidas a proceso judicial, muchas de ellas miembros de organizaciones sociales o sindicales. Es necesario anotar que también en el día de ayer, en otra región del país, el Ejército capturó a 97 personas en una zona selvática del municipio de Cumaribo (Vichada). Estas personas fueron señaladas por el Ejército Nacional de pertenecer o apoyar las redes de milicianos del frente 16 de las Farc.

4. Recomendaciones y llamados a respetar a la población civil en el mantenimiento de la seguridad

Las acciones estatales para el mantenimiento de la seguridad no pueden estar fundamentadas en una sospecha generalizada sobre la población civil, que lleve a que, con fundamento prioritariamente en la delación, se realicen capturas e inicien procesos judiciales de manera indiscriminada y sin pruebas válidas. Las medidas que se adopten para garantizar seguridad a la población colombiana deben ser respetuosas de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, y deben enfrentar todos los factores de violencia.
En su última sesión, en abril de 2003, la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas hizo importantes llamados al Gobierno de Colombia para que ajuste sus políticas y medidas a la legislación internacional. Tanto el Alto Comisionado como la Presidenta de la Comisión se manifestaron en ese
sentido.

"La Comisión llama al Gobierno de Colombia a que interprete, ajuste y aplique toda la legislación nacional, de acuerdo con las obligaciones del Gobierno en materia de derecho internacional de los derechos humanos y de derecho internacional humanitario. También llama al Gobierno para que no
ponga en peligro a la población civil involucrándola más en el conflicto.

En este contexto, la Comisión recuerda la Resolución de la Asamblea General 57/219 del 18 de diciembre de 2002, en la cual la Asamblea afirmó que los Estados deben asegurar que cualquier medida tomada para combatir el terrorismo debe estar acorde con sus obligaciones internacionales, en
particular con el derecho internacional de los derechos humanos y de los refugiados, y del derecho internacional humanitario. Debe haber también pleno cumplimiento de dichas obligaciones internacionales dentro de las `zonas de rehabilitación y consolidación´. "

La actuación de la fuerza pública en las "zonas de rehabilitación y consolidación" fue severamente cuestionada por la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, y diversas ONG de
derechos humanos nacionales e internacionales. Como se mencionó anteriormente, varios municipios del departamento de Arauca fueron, durante la vigencia del estado de conmoción interior, parte de esas "zonas de rehabilitación y consolidación". Sobre el particular, el Alto Comisionado de Naciones Unidas manifestó, en su informe ante la Comisión de Derechos Humanos, que:"En muchos de los operativos, la fuerza pública recurrió a las facultades a ella atribuidas por el decreto (y posteriormente declaradas inconstitucionales por la Corte Constitucional) de practicar capturas, allanamientos y registros sin mandamiento judicial, con un alto número de personas retenidas, de las cuales sólo una minoría fue puesta a disposición judicial. En varios casos, la utilización de informantes encapuchados
estigmatizó a las personas señaladas. Las retenciones de unas 2.000 personas, practicadas en Saravena (Arauca), entre el 12 y el 13 de noviembre, determinaron la judicialización de 49 de ellas, de las cuales casi 20 son miembros de organizaciones sociales o sindicales. Además de esto, en Saravena, por lo menos cinco familiares de informantes han sido matados por grupos guerrilleros. Por otra parte, se denunciaron abusos graves por parte del Ejército, incluyendo ejecuciones, en particular en Arauquita, donde esos problemas ya se habían registrado con anterioridad a la creación de la zona."

"Paralelamente al aumento de los operativos contrainsurgentes llevados a cabo por la fuerza pública en las zonas de rehabilitación, que abarcan áreas tradicionalmente controladas por las guerrillas, se registró el ingreso de grupos paramilitares en algunos lugares, como en la ciudad de Sincelejo y en otros municipios de Sucre, principalmente en Chalán y en Ovejas. En otros lugares, como en Arauca, los operativos no impidieron la permanencia de esos grupos." (Subrayas fuera del texto)
Tras estudiar la situación de derechos humanos y derechos humanitario en Colombia y evidenciar cómo las políticas gubernamentales agravan la crisis, el Alto Comisionado recomendó lo siguiente:

"El Alto Comisionado solicita al Gobierno y al Congreso de la República que, al adoptar políticas y elaborar normas, presten la debida atención a las obligaciones asumidas por Colombia como Estado Parte en los instrumentos internacionales de derechos humanos y derecho internacional
humanitario. Les urge a tener en cuenta los principios internacionalesde legalidad, necesidad, proporcionalidad, temporalidad y no discriminación cuando adopten y apliquen políticas y medidas relacionadas con la seguridad y el orden público. (...)"

5. Petición

De acuerdo con lo expuesto, les solicitamos muy atentamente que se dirijan al Estado colombiano, instándolo a cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos. En lo que se refiere a los hechos acá descritos, el Estado debe garantizar el debido proceso, así como el libre ejercicio de la
política, y en especial de la oposición política en una sociedad democrática. El Estado debe garantizar asimismo el derecho a elegir y a ser elegido. En virtud, entre otros, de los artículos 3 y 4 de la Carta
Democrática Interamericana, aprobada el 11 de septiembre de 2001, "Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de
elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos.

Son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa.
La subordinación constitucional de todas las instituciones del Estado a la autoridad civil legalmente constituida y el respeto al estado de derecho de todas las entidades y sectores de la sociedad son igualmente fundamentales para la democracia".

La comunidad internacional debe llamar al Gobierno colombiano a establecer e implementar una política de derechos humanos y derecho humanitario que se ajuste al derecho internacional. Esta política debe tener como objetivo garantizar todos los derechos de la población, enfrentando eficazmente las causas de las violaciones a los derechos humanos y asegurando que haya
sanción para quienes las cometen. La política debe basarse, especialmente, en el reconocimiento y en la aplicación real del principio de distinción entre combatientes y no combatientes, principio medular del derecho humanitario y de los derechos humanos. Para el efecto, el Gobierno debe corregir
la manifestaciones a través de las cuales ha rechazado la vigencia de dicho principio en Colombia y eliminar o enmendar las políticas y proyectos gubernamentales basados en tal rechazo.

Por lo tanto, el Gobierno debe desmontar programas como la red de informantes, y la administración de justicia en particular debe abstenerse de iniciar procesos penales cuyo único o principal fundamento sea la información suministrada por esos informantes, o por desertores de grupos
armados al margen de la ley.

El Gobierno debe abstenerse de implementar cualquier otra iniciativa que, como la red de informantes y las detenciones masivas, involucran aun más a la población civil en el conflicto, en contradicción con el principio de distinción entre combatientes y no combatientes.
Agradecemos de antemano su atención, así como las acciones que puedan adelantar para contribuir a la superación de la crisis por la cual atraviesa el país. Estamos s su disposición para antender cualquier
inquietud o sugerencia.

Cordialmente,

Gustavo Gallón Carlos Rodríguez Mejía
Director Subdirector Operativo

Natalia López
Abogada ante Naciones Unidas

Coordinadora Aragonesa de Solidaridad con Colombia (CASCOL)
Accion Solidaria Aragonesa, Comite Cristiano O.Romero, Unión de Agricultores y
Ganaderos de Aragón, Comite de Solidaridad Internancionalista,
Asoc. Marianista de Ayuda al Tercer Mundo, Medicos del Mundo, Chunta
Aragonesista,
Izquierda Unida, Entrepueblos, Colectivo Iquique
http://internacionalistas.solidaragon.org/cascol/
orgtsb@xarxaneta.org