Datos de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desalojo (Codhes), divulgados el último miércoles (26) revelan que, en 2007, Colombia tuvo el más alto número de desalojos forzados de los últimos cinco años. Casi 306 mil personas dejaron sus casas en dirección a otros 843 municipios.

La Consultoría atribuye este aumento del 20% en relación a 2006 al rearme paramilitar, a los enfrentamientos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), además de la erradicación de los cultivos.

La capital Bogotá es el destino más frecuente de las personas que tienen que dejar sus casas por miedo al conflicto armado, casi 45 mil personas sólo el año pasado; en seguida está Nariño, con la recepción de 32.856 víctimas de desalojos. En total, son 32 departamentos afectados.

Las familias temen perder a sus hijos a causa del conflicto armado, sea por las guerrillas, sea por los grupos paramilitares. En los territorios en los que vivían, tenían que convivir constantemente con amenazas, atentados, bombardeos y miedo a las minas terrestres.

La Codhes identificó nuevas zonas de desalojo, en razón de las nuevas dinámicas del conflicto armado, como la zona de ejecución del Plan Consolidación (antiguo Plan Patriótico). La confrontación entre los grupos armados continúa causando graves violaciones de los derechos humanos, con una violencia cruel que no diferencia civiles de combatientes y hace uso indiscriminado de las armas de fuego.

"Los enfrentamientos trascienden a los combatientes y se trasladan con crueldad en contra de la población civil, bajo la acusación de pertenecer o auxiliar a alguno de los dos grupos. No se conoce el número de muertos, pero llega a cientos, especialmente en el departamento de Arauca".

El informe de la Codhes confirma un dato repetido desde hace mucho por las entidades de derechos humanos colombianas: los paramilitares no fueron desmovilizados. En Nariño, Chocó, Antioquia, Córdoba, Valle, Cauca, Magdalena, Cesar, Sucre, Bolívar, Vichada y Casanare, jóvenes actúan con otras ropas y nombres, pero siempre con la complicidad de las autoridades y bajo la tutela de narcotraficantes.

"Ellos realizan operaciones en contra de la población civil; cuidan o disputan cultivos, laboratorios, rutas de narcotráfico; desalojan a campesinos, indígenas y comunidades negras; apoyan a candidatos y se infiltran en administraciones locales", dice el informe.

Uno de los problemas detectados por la Consultoría es que el gobierno no reconoce los desalojos forzados a causa de las fumigaciones y nadie lucha por los derechos de esas personas: "La guerrilla, los paramilitares y la necesidad los obligan a cultivar, el ejército y la Policía los persigue, la Acción Social no los reconoce y la Procuraduría los mira con sospecha"