El Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (INEA) podría ordenar la suspensión de actividades en el puerto de Puerto Cabello, por la descarga de aguas negras, registrada -desde hace 10 años- en los muelles 2 y 3 frente al Terminal Turístico de Ferry`s.

Para corregir esa irregularidad, que calificó como un "ilícito ambiental", el gobernador Henrique Fernando Salas Römer está obligado a aportar recursos provenientes del IPAPC.

Así lo establece el artículo Nº 66 de la Ley de Puertos, donde se señala que las administraciones portuarias: "Deberán disponer de los medios necesarios para prevenir y combatir cualquier tipo de contaminación ambiental", o de lo contrario la autoridad acuática (INEA) ordenaría la paralización de actividades marítimas.

El sistema de saneamiento puede ser financiado a través de aportes establecidos en la Ley de Puertos en su articulo Nº 51, tanto los correspondientes a los aporte a la Gobernación de Carabobo como a los de la alcaldía de Puerto Cabello, porque el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) carece de los siete millones de dólares, necesarios para el desarrollo del proyecto.

Ante la apatía demostrada por autoridades gubernamentales, notificó la irregularidad al Consejo Legislativo Regional, a los efectos de que intervenga, ya que actualmente se encuentra discutiendo la versión de la Ley de Puerto a Nivel Estadal.

Igualmente ante el peligro de ser suspendidas definitivamente todas las actividades portuarias, incluyendo las operaciones del terminal turístico de Ferry próximo a inaugurarse, es el momento de actuar responsablemente hacia los intereses del desarrollo sustentable de los porteños, permitiendo que las actividades turísticas no sigan siendo afectadas por la contaminación que afecta la mayoría del litoral carabobeño.