"La Comisión Internacional de Juristas ha pronunciado una gran mentira sobre la situación jurídica de Venezuela, al dar a conocer al mundo un comunicado sobre la materia, pero sin ninguna justificación, al falsear nuestras leyes y nuestros hechos", así lo afirmó este miércoles la procuradora general de la República, Marisol Plaza Irigoyen, durante una conferencia de prensa, que realizó en su despacho.
De esta manera respondió a los planteamientos que hizo el mencionado organismo internacional, a través de un comunicado que remitió al presidente de la República, Hugo Chávez Frías; al titular del Tribunal Supremo de Justicia, Iván Rincón Urdaneta; al ministro del Interior y Justicia, Lucas Rincón Romero, y a la misma procuradora Plaza Irigoyen.
En el referido documento la Comisión Internacional de Juristas mostró su preocupación respecto a varios artículos del proyecto de Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, así como por el allanamiento de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, que según el organismo constituyen un presunto ataque a la independencia del Poder Judicial, incompatible con estándares internacionales.
Ante esa opinión, la procuradora general consideró que se siente afectada como "mujer de leyes" por ese comunicado, emitido según considera "con intención política, porque la preocupación de los juristas internacionales hace hincapié en el proyecto de Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que supuestamente va a lesionar la independencia del Poder Judicial".
"Por eso -prosiguió Plaza Irigoyen- le hago un llamado a los integrantes de la Comisión Internacional de Juristas, que lean y revisen el referido proyecto de ley, en discusión en la Asamblea Nacional (...) Es decir, se está hablando de un papel de trabajo, que en ningún caso lesiona la autonomía del Poder Judicial, la cual garantiza la Constitución Nacional. Además, el primer artículo del mencionado proyecto del alto tribunal de la Nación califica al Poder Judicial con autonomía funcional, administrativa y financiera".
En la comunicación no dicen la necesidad que tiene Venezuela de una Ley Orgánica que regule el funcionamiento del alto tribunal del país y de los vacíos legales que existen en la legislación venezolana, porque en los actuales momentos el Poder Judicial está funcionando prácticamente regulado por la Carta Magna, pues aún carecen de su instrumento legal, agregó insistente.
Destacó, que la Comisión de Juristas Internacionales se limitó a señalar "el peligro" de aumentar el número de magistrados, como si esa acción fuera ilegal; que en lugar de 20 hayan 32 integrantes del alto tribunal de la Nación. Cada país tiene un Tribunal Supremo de Justicia con distintas cifras de magistrados, "pero la cantidad que pueda tener el TSJ lo decidirá la Asamblea Nacional. Mienten cuando señalan que se está violando la Constitución Nacional al aprobar el proyecto de ley con mayoría absoluta, prohibida constitucionalmente. Además, nuestra legislación califica al proyecto como Ley Orgánica del TSJ y para su sanción sólo necesita el visto bueno de la mayoría simple. De manera que la interpretación de una ley, lo quieren hacer ver internacionalmente como una violación de normas constitucionales", enfatizó.
En torno a la condena que hizo esa institución internacional al allanamiento de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, recordó a los abogados del mundo y de Venezuela que la orden de allanamiento la dictó un juez penal contra otro tribunal, "porque en nuestro país, como otros, los delitos se persiguen, no importa quien sea la persona que infringió la ley. Quienes enviaron esa comunicación no se tomaron la molestia de revisar el expediente; sin embargo, desean mostrar mundialmente que el Poder Ejecutivo Nacional ordenó la inspección y mienten para hacer creer que en nuestro país no estamos en el marco de un estado de derecho".