La Procuradora General de la República, Marisol Plaza, afirmó que los militares que se pronunciaron están cometiendo un delito de insurrección "puesto que estamos en un régimen de derecho y bajo un gobierno legitimado por la gran mayoría a través de un sistema de sufragio", expresó.

Agregó que estos altos oficiales tendrán que asumir las responsabilidades que acarrea efectuar este tipo de llamado a la rebelión popular ante un Consejo de Investigación que evaluará y decidirá según el Código de Justicia Militar, la Ley Orgánica de la Fuerza Armada y la propia Constitución bolivariana la sanción que corresponde aplicar.

Explicó Plaza Irigoyen que los militares amparan su pronunciamiento en el artículo 350 de la Constitución que otorga el poder al pueblo de desconocer el régimen de gobierno, sí este contrariase los valores, principios y garantías democráticas. Pero afirma que este concepto no se corresponde con el régimen de gobierno actual puesto que no viola el estado de derecho.

"Las manifestaciones hechas por los altos oficiales no se corresponden con los intereses del colectivo sino a intereses particulares".

En este sentido, reiteró que estos oficiales han incurrido en un delito puesto que el artículo 328 y 330 de la Constitución bolivariana reza en el capítulo tercero de la Fuerza Armada que los militares en situación de actividad no pueden participar en actos de propaganda o participación política.

"Serán los fiscales militares y el fiscal general de la República quienes examinen el delito de insurrección militar, de instigar al delito y el desconocimiento de las autoridades públicas que han cometido los altos oficiales", enfatizó Plaza Irigoyen.

Globovisión/Venpres/EFR