Estamos ante un chantaje económico y político para crear zozobra ante la reforma. Credito: CÉSAR PALACIOS

El Gobierno nacional no desea que la República tenga que asumir temporalmente sectores de la producción agrícola, pecuaria y acuícola, como lo prevé el artículo 307 de la reforma constitucional, afirma Elías Jaua, ministro para la Agricultura y Tierras, quien agrega que "sólo sería en casos excepcionales", pues lo que realmente desea el Ejecutivo es "tener cada día mayor articulación con los productores agrícolas y agroindustriales. Por eso la propuesta de la red de productores libres asociados (Art. 70 de la reforma), por medio de la cual el Estado les está diciendo: "Sector privado, vamos a trabajar juntos para satisfacer las necesidades sociales del pueblo. Aquí están los recursos y la capacidad del Estado. Contamos con su experiencia y su voluntad de trabajo".

¿Qué significa asumir sectores de la producción agrícola...?
El Gobierno tiene voluntad de trabajar junto con el sector privado agroindustrial y agrícola, pero tenemos el deber de proteger a la sociedad y de establecer mecanismos que nos permitan enfrentar situaciones, como en diciembre 2002-enero 2003, donde se intente chantajear al pueblo a través de un derecho básico como la alimentación, que jamás puede ser violado.

¿Qué son las redes de productores libres asociados?
Consiste en una política de incentivos (créditos preferenciales, asistencia técnica, etc.) a los grandes, medianos y pequeños productores agrícolas. A cambio deberán arrimarle su producción a determinada planta de propiedad social de la comunidad o del Estado para satisfacer las necesidades sociales de la gente que va a Mercal, a las casas de alimentación o los programas de alimentación escolar, etc. Es una manera de decirle a los productores privados que el Estado y el Gobierno revolucionario quiere trabajar con ellos para aumentar la producción nacional de alimentos. Este aumento de producción sólo se podrá lograr si organizamos a los productores (as) para lograr la soberanía alimentaria. Es lo que nos permitirá resolver definitivamente el actual déficit entre producción y demanda.

¿Por qué la escasez de ciertos productos?
El Gobierno bolivariano ha trabajado para aumentar la producción nacional. Lo hemos hecho. El déficit lo cubrimos con las importaciones necesarias, que por cierto no son en la proporción que dicen. Este año, la producción interna de alimentos cerrará en alrededor de 21 millones de toneladas. Se importan 6 millones de toneladas, de las cuales casi 50% es trigo, que no se produce en el país. No hay razones, salvo en el caso de la leche, para que que haya escasez. De modo que estamos ante un chantaje económico y político para crear zozobra ante la aprobación de la reforma constitucional.

El artículo 307 habla de confiscación de fundos...

Quien le tema a este artículo es porque en su finca se entrenan paramilitares, opera el narcotráfico, se generan relaciones de semiesclavitud con sus trabajadores o se cometen ecocidios.

¿Peligra la propiedad privada?
No. Además del artículo 115, donde hay un reconocimiento explícito de la propiedad privada, que nos ayudará mucho en el desarrollo de la política agrícola, el 307 afirma que los campesinos (as) y demás productores (as) agropecuarios (as) "tienen derecho a la propiedad de la tierra". La propiedad privada no está en discusión.


¿Cuál es la situación de las tierras recuperadas o intervenidas por el Inti?
De unos dos millones de hectáreas 800 mil son reservas forestales. Unas 800 mil hectáreas ya están en producción, mientras que en 400 mil estamos haciendo las inversiones necesarias para iniciar el desarrollo de la empresa ganadera.

LATIFUNDIO Y CONSEJOS

La prohibición del latifundio establecida en el artículo 307 reformado, explica Jaua, "significa saldar una deuda histórica que tenemos con la modernidad". Como está en el 307 vigente, que dice que el latifundio "es contrario al interés social", significa reconocer que existen unas relaciones de producción y de apropiación de la tierra propias del feudalismo en pleno siglo XXI". Y añade: "La tierra agrícola tiene que estar destinada a la función social de producir alimentos". Por otro lado, señala que los consejos campesinos gestionarán y ejecutarán directamente la solución de sus problemas. "Estamos pensando que parte de la cartera de crédito agrícola de Fondafa y del Banco Agrícola pudiera ser administrada por los bancos comunales y los consejos campesinos. También pudieran asumir directamente la administración de recursos para el mantenimiento de los 80 mil kilómetros de vialidad agrícola".