24 de Oct de 2007. El Consejo Nacional Electoral (CNE) sólo regula y controla la campaña de los procesos comiciales y no la información, precisó la presidenta del poder electoral, rectora Tibisay Lucena, durante una reunión con los representantes de los medios de comunicación impresos del país. Los representantes de los medios impresos fueron convocados por el ente comicial para intercambiar criterios en cuanto a la difusión de la reforma constitucional y la próxima campaña electoral.

En el encuentro al que asistieron los editores y directores de los diarios Últimas Noticias, El Mundo, VEA, El Nacional, Notitarde, La Calle, El Aragueño, El Siglo, 2001, The Daily Journal y Panorama, Lucena dejó claro que el papel de los medios de comunicación es difundir el contenido de la reforma constitucional en forma responsable y equilibrada. Asimismo, recordó que el CNE y los medios tienen el deber de educar sobre la cultura de la democracia, señala un boletín de prensa del poder comicial.

“Nosotros no estamos censurando. Aquí hay libertad de expresión y seguirá existiendo. Las opiniones son las opiniones”, expresó la rectora al responder las interrogantes de los representantes de los medios con respecto a la publicación en los diarios de artículos de opinión que promocionen alguna de las opciones, durante la campaña.

Lucena adelantó que los rectores electorales han previsto dar inicio a la campaña cuando se haga la convocatoria oficial al referendo de la reforma constitucional. En este sentido, se exigirá que la campaña la realicen exclusivamente los bloques que se constituyan ante el CNE, y se efectuará en los términos definidos en las normas que serán aprobadas por el organismo comicial.

Por otra parte, la titular del CNE informó que hasta el presente se han constituido 18 agrupaciones de ciudadanas y ciudadanos, que conjuntamente con las organizaciones con fines políticos, deberán agruparse en bloques por el Sí y por el No. Igualmente, precisó que los medios de comunicación podrán difundir encuestas y consultar las opiniones de los ciudadanos y ciudadanas hasta siete días antes de la consulta popular, tal como se ha establecido para procesos anteriores.