La Paz, 17 Oct. ABN.- El gobierno de Bolivia aprobó un decreto supremo que norma el ingreso de donaciones al país, dirigidos al sector público y privado, con el objetivo de adecuar la cooperación internacional a la legislación boliviana y al Plan Nacional de Desarrollo (PND), divulgó la Agencia Boliviana de Información (ABI).

El decreto establece la obligatoriedad de registrar las donaciones que reciben las personas o entidades privadas de organismos financieros multilaterales, agencias de cooperación, gobiernos y organizaciones no gubernamentales.

Las donaciones o su equivalente monetario deberán inscribirse en los presupuestos institucionales y en el Presupuesto General de la Nación. Asimismo, deberán registrarse los bienes donados o adquiridos como producto de las donaciones cumpliendo normas y procedimientos de administración vigentes, reseñan los parágrafos 1 y 2 del artículo 11 del decreto.

Por medio de la norma, el gobierno prohíbe la recepción de donaciones en dinero o en especie que implique algún condicionamiento político o ideológico.

En el caso de donaciones para atender desastres o situaciones de emergencia, éstas serán ejecutadas de acuerdo con la Ley de Prevención de Riesgos y Atención de Desastres 2140.

Los ministros y viceministros no podrán prestar servicios en organismos de cooperación hasta después de dos años de ejercer funciones en el Ejecutivo, según el decreto.

Además, en el artículo 7 de la norma se establece que las entidades públicas que administren recursos de donación para la ejecución de programas y proyectos tienen prohibido contratar a terceros para dicha función, lo que evita la 'terciarización de los servicios”.

Hace semanas, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, reveló que el Poder Ejecutivo sólo conoce el destino de 30% de la ayuda que Estados Unidos destina al país, que una parte tiene objetivos políticos y que el beneficio directo para Bolivia es mínimo.

Este hecho, que provocó más adelante un enfrentamiento verbal con el embajador de Estados Unidos, Philip Goldberg, impulsó la aprobación de esta normativa que se orienta a que el Gobierno ejerza un mayor control sobre la cooperación.