Caracas, 01 Oct. Venpres (Perla Noguera).- Durante los procedimientos de
desalojo que se han ejecutado en Anzoátegui y Monagas, en las residencias de
Pdvsa ocupadas por ex trabajadores de la industria, en ningún momento se ha
recurrido a la agresión física, "esto es totalmente falso, de hecho los
medios de comunicación hicieron un recorrido por los distintos campos
petroleros en Punta de Mata, porque ellos tenían conocimiento de que
supuestamente se estaban desmantelando las casas y llevando lo bienes de los
ex trabajadores, sin embargo, pudieron constatar que esto era mentira, todo
está intacto", aseguró el representante del comité jurídico de Petróleos de
Venezuela, Alfredo Bustamante.
Así lo aseguró al establecer comunicación telefónica con el
programa "En Confianza" de Venezolana de Televisión, ocasión en que explicó
"cuando hablamos de hacer uso de la fuerza pública, esto no conlleva a
propiciar alguna lesión física, simplemente se trata de un procedimiento que
se efectúa por un mandato judicial y este se debe cumplir, además por medio
de la Defensoría del Pueblo se ha mediado buscando la vía conciliatoria para
que voluntariamente los ex trabajadores entreguen los inmuebles, pero si no
lo hacen, pedimos al tribunal que proceda a la ejecución de la medida y
materialización de esta".
Bustamante recordó que a raíz del paro petrolero, Pdvsa ha hecho
público un comunicado mediante el cual le ha solicitado a los ex
trabajadores de la empresa la entrega voluntaria de los inmuebles, una vez
concluida la relación laboral.
En este sentido, recalcó que Pdvsa ha estado en la mejor
disposición de prestar toda la ayuda necesaria, inclusive para el traslado
de los bienes de los ex trabajadores a los sitios donde ellos designen, sin
embargo, esto ha sido imposible, lo que obligó a la empresa a introducir
diversas demandas ante los organismos jurisdiccionales, los cuales han
decretado medidas de secuestro que se están llevando a cabo.
Dada la sensatez y prudencia de algunos ex trabajadores,
-prosiguió- unos han entregado voluntariamente las viviendas, pero en otros
casos se ha tenido que emplear a la fuerza pública, porque es imposible por
la vía amistosa que estos obedezcan la decisión de un tribunal.
Este martes, según informó, se practicaron en Punta de Mata ocho
desalojos, cuatro voluntarios y los otros haciendo uso de la fuerza pública,
cumpliendo el mandato judicial "y tenemos decretadas aproximadamente 28
medidas, las cuales se van a llevar a cabo en el transcurso de la semana".
Al referirse a la exigencia de los ex trabajadores del pago de
sus prestaciones, quienes ponen esto como condición para entregar las
viviendas de estos campos petroleros, Bustamante aclaró que la Ley Orgánica
del Trabajo es muy específica cuando establece la terminación de la relación
unilateral por parte del patrón y esos trabajadores sabían que al no
asistir a su jornada laboral en enero febrero, estaban abandonando su
trabajo por razones políticas, porque no se trató de un paro por
reivindicaciones laborales, por lo tanto, la terminación de la relación
laboral está justificada plenamente a derecho.
Ahora bien, sobre el caso de las prestaciones sociales, "ellos
acudieron ante los órganos jurisdiccionales no para demandar el pago de
prestaciones, sino para solicitar su reenganche por vía de calificación de
despido, entonces, si ellos piden su reenganche, mal pueden pretender que se
les cancelen sus prestaciones sociales, en dado caso, han debido hacer esto
por vía principal, acudiendo a un tribunal y más bien hubiesen demandado el
pago de este derecho".
Bustamante enfatizó que esto es un derecho adquirido y en
cualquier momento el ex trabajador puede acudir a un órgano jurisdiccional y
solicitar el pago de sus prestaciones, no obstante, reiteró que esto no
quiere decir que ellos no deban entregar las viviendas.
"La cancelación de este compromiso laboral es un derecho adquirido y cuando
se demuestre que ellos tienen derecho a este pago de prestaciones, la
empresa procederá a hacerlo", agregó.