Los Ingenieros, Marcos Antonio López y Luis Fuenmayor, gerentes de Área y de Producción de PDVSA en la División Tierra Oeste, Campo La Concepción han denunciado ante la fiscalía Superior del estado Zulia, presuntos hechos de corrupción y de violación de los procesos para favorecer a dos empresas contratistas denominadas CONSER CA y PROCONSER CA.

Estos funcionarios exponen en su denuncia ante la Fiscalía bajo el No. 4C116403, que cómo parte de sus responsabilidades administrativas en la Unidad de Explotación de Tierra Oeste procedieron a investigar algunos de los contratos a empresas y detectaron en varios de ellos “sobreprecio en algunos de los trabajos contratados, falsificación o alteración de facturas; suplantación o falsificación de firmas en el otorgamiento de factura, suplantación de empresas contratadas, todas estas fraudulentas en detrimento y perjuicio del patrimonio de la empresa estatal.

Funcionarios de Prevención y Control de Pérdidas implicados

Igualmente la denuncia señala que la responsabilidad principal en estas presuntas irregularidades recae en el ciudadano Raúl Enrique Depablos, también funcionario de la empresa petrolera estatal en la que desempeña el cargo de Supervisor de la Gerencia de Protección y Control de Pérdidas (PCP). Igualmente advierten la probable complicidad de funcionarios de varios cuerpos de seguridad del Estado con los autores de los delitos señalados y el riesgo que corre la investigación por esta circunstancia.

En declaraciones dadas a nuestra nuestros reporteros, en representación de los denunciantes, el Ing. López asegura que la facturación con sobreprecio hasta ahora detectada, puede alcanzar los seiscientos treinta millones de bolívares. En el documento entregado a la fiscalía aparecen tres facturas con y sus respectivas ordenes de trabajo en las que los denunciantes estiman un sobre precio que alcanza los ciento treinta millones de bolívares.

Intento de entorpecer el proceso de investigación por parte de los implicados

Los funcionarios denunciantes señalan que dichas irregularidades fueron canalizadas por los canales administrativos, hasta que se hizo evidente la posibilidad que tenían algunos de los funcionarios implicados de entorpecer el normal desarrollo del proceso de investigación. Esta evidencia se materializa en la citación por parte de los implicados a un comité laboral ante la gerencia de recursos humanos.

Acoso a los testigos del caso

La justificación definitiva que motivo a los denunciantes a acudir al Ministerio Público es el arresto, encarcelamiento, amedrentamiento e intentos de desprestigio de que fueron objeto los principales testigos, los ciudadanos Luis Beltrán Bao y Ernesto López Castro, Guardias ambientales adscritos a la Guardia Nacional y hasta hace poco bajo las órdenes del Supervisor Depablos a los cuales se les abrió un expediente penal por usurpación de funciones y se les detuvo ilegalmente por 48 horas en el Retén del Marite, quedando liberados posteriormente por falta de sustentación de las acusaciones.

Los denunciantes señalan que en este proceso se involucraron funcionarios de la gerencia de PCP, y por tanto los denuncian ante el Ministerio Público por obstaculizar la investigación de la verdad y simular hecho punible en complicidad con el funcionario Depablos.

Que aspiran los trabajadores denunciantes

Exhortan al Gobierno Nacional y a la Junta Directiva Petrolera a iniciar una profunda reestructuración del sistema de seguridad protección y control de pérdidas de PDVSA, cómo parte fundamental del desmonte de los vicios que han mantenido por tantos años a la industria de cualquier mecanismo de contraloría social y pública. “El secuestro de la industria -dicen- lo garantiza el tipo de control de seguridad hecho a la medida de la impunidad de los delitos meritocráticos”.

Los denunciantes señalan y presentan indicios y exigen una profunda investigación probatoria, ya que para ellos lo que queda expuesto con estas denuncias es una red de complicidades que abarca: contratistas, funcionarios de PDVSA en distintas áreas, personal militar y policial en la región. Exhortan los funcionarios denunciantes a que la comunidad y las autoridades del gobierno revolucionario comprendan su denuncia cómo consecuencia de su compromiso con la verdad y con el País, como responsables en la administración de la empresa de todos los venezolanos.