La Defensoría del Pueblo, manifiesta su beneplácito por el inicio de los operativos de control a la circulación de motorizados por parte del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTTT), así lo manifestó la Directora General de Atención al Ciudadano de esta institución Ana Jiménez Carbone, al observar a través de los medios de comunicación, la adopción de medidas por parte del Gobierno Nacional, en relación al ordenamiento en la circulación del tránsito motorizado en la ciudad de Caracas.

Señaló la Directora General, que "En los últimos años, se ha incrementado el parque de motorizados, sobre todo en la capital de la República, lo que ha generado a su vez una alta cantidad de vehículos circulando uno tras otro por las diferentes vías públicas, creándose un modelo de conducta de irrespeto a las señales de tránsito y a las normas vigentes, visto que diariamente observamos conductores de motocicletas, tanto particulares como funcionarios de cuerpos de seguridad policial, circulando por las aceras, en sentido contrario en las calle y avenidas, irrespetando las luces de los semáforos, lo que genera incomodidad y molestia a los peatones y a los conductores de automóviles particulares y de transporte público.

Es por ello, que esta Institución garante de los derechos humanos, a través de esta Dirección General, ha venido realizando mesas de trabajo, específicamente sobre la situación de los popularmente llamados "Moto-Taxi", ya que los mismos prestan a la población un servicio público, el cual es aceptado y altamente demandado por la ciudadanía, como una alternativa popular de transporte que compite con los medios tradicionales por su dinamismo, adecuado a las características de una ciudad tan congestionada como Caracas. Sin embargo, la realidad muestra un servicio anarquizado que pugna por un espacio público y por su reconocimiento formal en la legislación.

En este sentido, la Defensoría del Pueblo, ha solicitado a la Asamblea Nacional, incorporar en la reforma a la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre, la regulación de este novedoso servicio de taxi en vehículos de dos ruedas, lo que generará un impacto positivo al permitir la regularización de un fenómeno social hasta ahora no controlado por las autoridades competentes. Además de ello, se ha recomendado a los organismos administrativos que regulan la materia, la elaboración de normas tendentes a la regularización de este servicio, acompañadas del diseño de políticas públicas que sean aplicadas, tanto a nivel del área metropolitana como en el interior del país, propiciando que las mismas estén orientadas a reordenar la circulación, de motorizados, garantizando no sólo su derecho al trabajo, sino también la integridad física de éstos, de las usuarias, usuarios y transeúntes.

Igualmente, informó Jiménez Carbone, que la Defensoría, ha participado en todas las reuniones convocadas por el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia, con respecto a este tema, en las cuales se han realizado importantes aportes en todas las aristas que subsumen la situación que actualmente se vive con la circulación de motociclistas en la capital.

Bajo este contexto, el criterio de esta Institución es de crear conciencia en los conductores de estos vehículos de dos ruedas, a que internalicen para si, y cumplan las normas de convivencia y seguridad que establece la ley, en beneficio de ellos mismos y de los distintos usuarios y usuarias de las vías públicas, para ello aspira esta Institución que las asociaciones y gremios de motorizados, se incorporen al trabajo junto a las autoridades, difundiendo ante sus agremiados las normas de transito y exhortándoles al cumplimiento de éstas, respetando así a esa otra parte de la población que se desplaza por las diferentes calles y avenidas y evitando ser sancionados al cometer alguna infracción por las autoridades competentes.

No obstante, enfatizó Jiménez Carbone que el esfuerzo realizado por el Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre, para controlar dicha problemática, no es suficiente para lograr los resultados deseados, y que también deben incorporarse los demás organismos que tienen competencias concurrentes, tales como policías de circulación de los diferentes municipios y las propias asociaciones gremiales, cooperativas de motorizados, y consejos comunales, toda vez que esta situación debe verse desde varias ópticas como son: la circulación, seguridad, matriculación, servicio de moto-taxi, registro de motorizados entre otras.

Frente a esta problemática, la Defensoría del Pueblo insta al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre y a los demás organismos competentes, a realizar todos los esfuerzos, para garantizar una efectiva vigilancia en cuanto a la adecuada aplicación de los correctivos necesarios para el normal desenvolvimiento de la circulación en las principales vías de la ciudad capitalina y de todo el territorio nacional, por parte de los conductores motorizados; y a impulsar campañas de concientización sobre el cumplimiento de las normas de circulación.

Finalmente, la Defensoría aspira que se logre articular el trabajo mancomunado de las autoridades competentes y todos aquellos que puedan coadyuvar, para que se genere una cultura de respeto y cumplimiento al ordenamiento jurídico, que permita mejorar la diaria convivencia entre estos sectores de la población.