Señalan los entrevistados, que las denuncias y las investigaciones apuntan a la Federación Venezolana de Ganaderos y a terratenientes del Zulia, Apure, Barinas, Portuguesa, Mérida y Táchira; quienes se oponen a la aplicación de la Ley de Tierra Rural. En estas circunstancias, grupos de terratenientes no solo se oponen, sino que quieren arrasar por la fuerza con los campesinos que amparados en la Constitución Nacional Bolivariana y la Ley de Tierras, pelean su derecho a la tierra, al trabajo y a una vida digna.

Darío Vivas solicita que se agilicen todas las investigaciones sobre los diversos casos presentados. Explica que “no descansaremos hasta ver que se haga justicia con los 76 campesinos asesinados”.

Leonel Ricaurte (Presidente de INTI), señala que se han entregado hasta la fecha 1 Millón de Hectáreas de tierra en el país. Por esto se ha presentado una arremetida de los terrófagos contra líderes campesinos. Se prevé que al cierre del 2003, se entreguen 2 Millones de Hectáreas... no podemos esperar que se incrementen los asesinatos por Sicariato en nuestro país.

Por eso, estamos proponiéndole al CIPC, que Coordinemos los Comandos Móviles de Operación, para evitar que el Sicariato continúe.

Raúl Yépez, Sub-director del CIPC explicó con relación a la entrevista sostenida con Darío Vivas y el presidente del INTI: que se están adelantando investigaciones. Manifestó que hay casos con suficientes elementos que ubican las responsabilidades en algunos dueños de tierras ociosas, que contratan sicarios. Uno de los casos esclarecidos en el Edo. Zulia, fue el de la finca de la familia Barboza, quienes al conocer de la decisión, se fueron del país para no responder ante la justicia venezolana.

Aporrea agrega: La gente se fue y que medidas se tomarán de ahora en adelante para evitar la burla permanente de estos delincuentes y asesinos?.

¡El pueblo venezolano, espera explicaciones más contundentes de parte de los organismos competentes!