01 de septiembre de 2007. - Estructurada en 365 artículos y 19 títulos, el proyecto de Ley de Procesos Electorales que diseñó el Consejo Nacional Electoral (CNE) busca solucionar algunas debilidades que signaron, en su conjunto, todos los procesos electorales que hasta ahora se han realizado.

“La primera innovación es que habrá dos tipos de registros: el ordinario y un registro para el proceso electoral como tal, el cual describe todo el proceso de formación del registro electoral, como también sus impugnaciones”, dijo Ismael Roa, miembro del comité técnico jurídico del CNE.

El documento recoge todas las fases reguladas en la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, y estipula que ni organismos públicos nacionales, regionales, municipales y parroquiales, ni personas jurídicas —que exploten el juego de envite y azar— podrán financiar las campañas electorales a través de aportes, contribuciones y donaciones. Se incluyen a las asociaciones civiles sin fines de lucro y ONG’s.

En el informe, obtenido por PANORAMA, existe un apartado específicamente a la prohibición del financiamiento electoral de “estados y organizaciones extranjeras”, y no se permite que organizaciones civiles reciban aportes, contribuciones o donaciones provenientes del exterior. De no respetarse lo anterior, el Poder Electoral sancionará a la organización política con la cancelación de su inscripción en los comicios.

Propaganda controlada

El artículo 150 del proyecto establece que el CNE asume la distribución de los espacios de propaganda en prensa, radio y televisión, otorgando el 60% equitativo entre los candidatos postulados, mientras que el otro 40% se distribuye proporcionalmente entre los partidos políticos participantes, “esto será de acuerdo a la votación lista de la elección nacional, regional o municipal, según corresponda”, explicó Roa.

Vicente Bello, integrante de la coalición de partidos políticos que participa en la discusión de la norma, considera positivo que el CNE asuma el control de los espacios de propaganda electoral. “Será el CNE el organismo que va a contratar las pautas, y habrá más control directo, eso nos parece interesante”, dijo.

El acto de votación y escrutinio se mantendrá automatizado, igual que el procedimiento para las postulaciones, “y será excepcionalmente manual cuando lo determine la Junta Nacional Electoral”, reza el artículo 218.

El proyecto contempla que las personas que no reciben adiestramiento previo a las elecciones, no podrán participar como miembros de las mesas electorales, “porque muchas veces nos pasaba que se cometían muchos errores en las actas, que quedaban inconsistentes”, agrega Roa.

Los funcionarios públicos en ejercicio, postulados para las elecciones, deberán abandonar sus cargos, en tanto aquellos que quieran reelegirse podrán permanecer en sus funciones durante el proceso electoral, indica claramente el artículo 121 del proyecto. “En este punto no estamos de acuerdo, porque consideramos que los funcionarios públicos que quieran reelegirse deben retirarse del ejercicio de sus cargos durante la campaña electoral”, expresa Bello.

Más mujeres candidatas

Un detalle novedoso del documento es el que obliga a los partidos políticos que 50% de sus candidatos sean mujeres (art.105).

En Venezuela, la participación de la mujer en la política siempre ha sido minoritaria, por ejemplo, en las elecciones presidenciales del año pasado, 16 candidatos se inscribieron ante el CNE, de los cuales sólo dos eran mujeres.

Mientras en el Parlamento venezolano, de 167 diputados, sólo 35 son mujeres, vale decir, menos de un tercio.

Además como posible solución al tema de las morochas, el CNE plantea exigir a los partidos políticos a postular candidatos tipo lista y nominal. “No nos satisface mucho el sistema electoral propuesto donde no se garantiza la eliminación de las morochas, pero lo vamos a debatir”, manifiesta Vicente Bello, integrante de la coalición de partidos políticos.

Aunque el documento deja claro que la Fuerza Armada Nacional será garante de los procesos electorales, los partidos políticos creen que deben incluirse sanciones para los efectivos militares que no cumplan la medida. “Consideramos que los militares sólo deben encargarse de la guardia y custodia del proceso, pero a veces se inmiscuyen mucho más allá, e incluso se debe establecer penas y sanciones claras para aquellos que vayan más allá de lo establecido en la ley”, agregó Bello.