Las noticias de hoy pueden resumirse en una palabra: impunidad. Los editoriales y e informaciones la refieren para indicar la ausencia de de gobernabilidad e ineficiencia del gobierno en el mantenimiento del orden público y la seguridad ciudadana. Abundan en los detalles y califican de cinismo las declaraciones de los organismos de inteligencia que investigarán los casos. Sentencian que no hay detenidos ni implicados, ni sancionados ni responsables.

De esta manera se reseña la puesta en libertad de los únicos señalados de intento de magnicidio capturados en la Plaza O´Leary, quienes demandarán a la Disip por privación ilegítima de libertad. En ese mismo orden, un vocero de la Fiscalía con tres semanas de mora con la Nación, anuncia que será la próxima semana que se inicien los interrogatorios a los militares de Altamira, dado que están “lejos de definir si los hechos constituyen delitos o qué delitos son imputables en este caso”, por lo cual será en el 2003 que se concluyan las averiguaciones.

Qué ocurre con la administración de justicia? Es una pregunta impropia casi, cuando conocemos los manejos que en ella ocurren… una gracia al gobierno y otra a la oposición no importando las normas jurídicas sino los caprichos y componendas que más convengan. Los opositores parecen haber entrado en una guerra desenfrenada de introducir demandas que asustan y que tuercen la realidad que se vive, acompañados en su baile por la difusión explosiva y mediática que les otorgan los veredictos que quieren escuchar. El gobierno, en cambio, se muestra de manos atadas ante la realidad judicial y las sentencias opositoras, recurriendo, entonces a la aplicación de medidas legales pero “urgentes” como el patrullaje conjunto que pareciera no poder operacionalizarse ante la negativa de las municipalidades de la oposición.

En el plano formal, se mantiene una mesa de negociación que deja de lado el tema central con la aceptación o ampliación de la agenda a tratar, la cual incluye quejas del Alcalde Metropolitano, solicitudes y propuestas de los militares de Altamira, estadísticas de la inseguridad de los ganaderos en las zonas fronterizas que cuestionan la capacidad militar del Estado, y datos de deterioro económico y social pronunciados por la CTV para justificar su “amenaza/alternativa” de convocatoria a paro indefinido.

La impunidad ante el deber es lo que se evidencia y ello se materializa en la frustración masiva que se expresa en radicalizaciones que sólo contribuyen a agudizar la crisis y crear las condiciones para la destrucción, no del gobierno por parte de la oposición sino de un proyecto de país declarado en la Constitución Bolivariana. El gobierno ha sabido identificar como insurreccionales las acciones de la oposición. Hace falta sancionar tales delitos con la fuerza de la ley irrefutable basada en los hechos ocurridos. Sin errores, sin enmiendas ni paños calientes. Sin concesiones detrás de bastidores. Frente a la Nación que reclama paz y desarrollo armónico.