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Recordar el golpe de estado del 11 de septiembre de 1973 en Chile resulta doloroso. Sin embargo, más difícil es olvidar la cantidad de asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, persecuciones y violaciones a los derechos humanos que el régimen de Augusto Pinochet asestó al pueblo chileno. Salvador Allende - el compañero Presidente – gana las elecciones el 4 de septiembre de 1970; el pueblo soberano le dio el respaldo para que dirigiera los destinos del país. A partir de ese momento comienza una nueva propuesta política para Chile; aún cuando ésta dura poco, el pueblo chileno inicia el camino hacia una verdadera autonomía social, política y económica.
El compañero Presidente Salvador Allende fue derrocado usándose como pretexto la necesidad de salvaguardar la defensa de “la civilización occidental y cristiana” y “el respeto a la personalidad humana”. Paradójicamente los militares que se sublevaron con la anuencia de sectores civiles, se dedicaron a extirpar cualquier tipo de resistencia popular provocando la violación permanente de los derechos humanos. El 11 de septiembre de 1973, la felonía derribó en Chile el gobierno constitucional de Allende quien llegó a la Moneda con el voto y el apoyo popular. Encabezada por Augusto Pinochet, se estableció una Junta de Militar manejada por la CIA estadounidense.
El asalto de los generales “defendió el derecho” de los capitalistas nacionales y extranjeros, supeditó los intereses del pueblo al de los grandes capitales. Indudablemente, el proceso revolucionario llevado adelante por la Unidad Popular lesionó las ganancias que los poderosos grupos foráneos tenían en Chile. Aún permanece latente en la memoria de los pueblos latinoamericanos el cierre del Congreso Nacional, la proscripción de los partidos de izquierda, la clausura de los diarios y emisoras que apoyaban al gobierno y lo que fundamentalmente generó el filofascismo: la violación de los derechos individuales y colectivos.
La represión, el hostigamiento, la intimidación y el irrespeto a la vida fueron el preludio a una dictadura devastadora que se consolidó durante 16 años. 31 años después, Chile intenta castigar al opresor. Se han establecido juicios en contra del traidor; sin embargo, la influencia política que todavía ejerce sobre algunos sectores no ha permitido que sea sancionado.
La dignidad de los hombres y mujeres chilenos permanece como prueba inequívoca de la memoria. Un pueblo sólo puede vivir en paz cuando no olvida y sanciona a sus opresores, de tal manera que en el futuro no se repitan acciones y situaciones como las vividas. Recordemos las palabras del compañero Presidente “Tienen la fuerza, podrán avasallar, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen, ni con la fuerza. La historia es nuestra, la hacen los pueblos”
Cuando se comete el error de olvidar acontecimientos como los ocurridos en Chile, estamos propensos a sufrirlos de nuevo. La historia nos da la posibilidad de recordar, de mantener en la memoria sucesos de esta índole y así no permitir que en lo sucesivo vuelvan a ocurrir. Si dejamos de lado las enseñanzas del pasado y no nos preparamos para afrontar situaciones parecidas, tendremos que llorar la muerte de muchos amigos y camaradas. 31 años después, Chile representa la lucha por la libertad y la democracia; Pinochet sólo es un bastardo que debe ser execrado de la historia latinoamericana.
NO A LA IMPUNIDAD. HONOR A LOS CAIDOS
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