Hoy tendrán inicio la consideración de los detalles para sentarse a la mesa de diálogo. Ya pueden sentirse en el aire las condiciones de la oposición, a sabiendas de su inconstitucionalidad. Considerar como válido el referéndum consultivo y tener elecciones en 90 días. El fin justifica los medios y a ellos poco les ha importado la Constitución del 99, salvo para hacer uso interesado y tergiversado acorde a sus intereses, que no coinciden con los del país.

Dada esta situación, bien pudiera el gobierno, a los efectos de crear una mejor atmósfera para el diálogo, solicitar la desocupación de la Plaza Altamira y denunciar como una manipulación malsana el llamado a paro que sólo provoca mayores males en la economía nacional. ¿Acaso es tan boyante la situación económica de esa “clase media” que soportarían un paro? ¿O es que acaso no son clase media sino clase mediatizada y mimetizada por una oligarquía desesperada por el absoluto poder político?



Por supuesto, este tipo de razonamientos no serían de la comprensión de la oposición y no con esta observación los descalifico. Por el contrario, la solicitud del gobierno desenmascararía –una vez mas- que la coordinadora democrática se niega a utilizar los mecanismos propios de la democracia y hacen uso exclusivo de mecanismos coercitivos para lograr sus metas. Demuestran cada vez que utilizaron durante tanto tiempo el poder de manera arbitraria que desconocen realmente la esencia democrática y el bien colectivo.


Internacionalmente, los Estados Unidos mantienen su bajo perfil ante la situación de Venezuela y sólo se escuchan las voces calificadas de analistas que promueven la cautela en la administración Bush para que ésta no repita el mal paso dado en abril cuando avaló la intentona golpista. Así como la Constitución del 99 ha impedido una acción más contundente del gobierno venezolano, de la misma manera la Carta Democrática obliga a respaldar a los gobiernos de la región electos popularmente. Y finalmente, en términos geopolíticos, Chávez otorga mayor estabilidad en la entrega del crudo que la posible coordinadora que no tiene claro otra cosa que expulsa del poder a Chávez.



Estados Unidos siempre ha preferido tener frente a sí un solo interlocutor que un conjunto que no logran ponerse de acuerdo y que pudieran poner en peligro sus intereses estratégicos. Para todos es conocida la tendencia pronorteamericana de la oposición, pero para los Estados Unidos es bien sabida la participación accionaria y financiera de sus miembros en empresas que no siempre van de la mano con sus intereses. Estos son algunos de los elementos a manejarse en la negociación que está por formalizar su inicio, dado que las opciones de ambas partes son conocidas y las alternativas al acuerdo por parte de cada una para no llegar a un acuerdo, también. El gobierno debe minimizar las posibilidades de fuerza de la alternativa de la oposición –léase golpe, paro o cualquier medida intransigente- a los efectos de concentrarse en una salida constitucional y democrática que no perjudique el bien colectivo.



En este sentido, el gobierno nacional debe entonces mantenerse firme –apegado a derecho- y rescatar la autoridad frente a toda la ciudadanía –opositores y partidarios-. No permitir las acciones que se suscitaron la tarde de ayer dado que mostró una parcialidad incomprensible al aplicar la fuerza coercitiva del Estado en función de unos y en perjuicio de otros. SI bien no había permiso para la manifestación bolivariana tampoco es legal la permanencia de la insubordinación militar en Altamira. En consecuencia, se justificaría su desalojo que sólo ocasiona ruido a las conversaciones e intentos democráticos que auspicia el gobierno con la mediación de la OEA.