La unión cívico-militar

La orientación del Proceso Bolivariano en Venezuela, que entre otras tendencias de cambio social impulsa la reconciliación entre civiles y militares y la asunción de responsabilidades conjuntas en la defensa de los intereses colectivos y nacionales y el la integración latinoamericana y caribeña, ha despertado reacciones a dichos cambios, provenientes principalmente de los actores mediáticos y políticos nacionales e internacionales.

Los señalamientos se dirigen a alertar sobre supuestas “amenazas” de militarización de la sociedad venezolana. Otros señalamientos apuntan a la supuesta “destrucción” de la democracia y de la institución armada (así le llaman a las cúpulas partidistas y militares puntofijistas), que le abriría paso a las “milicias populares” y al “caudillismo”, a la imposición de una “dictadura”. ¿Qué hay de cierto en tales afirmaciones?

Comencemos por el principio. Cuando las tropas españolas invaden el territorio de la actual Venezuela imponen por vez primera la lógica de la guerra de conquista, basada en el genocidio y en el etnocidio para apropiarse los recursos de otros pueblos.

La incursión de los ejércitos coloniales español y portugués reprodujo en América el etnocidio cometido en sus propios países con las comunidades musulmanas y sefarditas. Durante tres siglos se cometieron los más atroces crímenes de lesa humanidad, disfrazados de “empresa civilizadora” y de “salvación de almas impuras”. Hasta finales del siglo XVIII, la presencia de ejércitos en tierras americanas se asocia con el ejercicio del poder colonial para dominar y explotar a los pueblos; se reproduce así en Venezuela y en América el papel histórico de los ejércitos en el resto del mundo, que más tarde sería reforzado con la irrupción del capitalismo moderno.

La gesta independentista americana representa la primera experiencia de alianza estratégica cívico-militar emancipatoria en el Continente, ya que los ejércitos libertadores son conformados por el pueblo en armas contra el poder colonial. Sin embargo, tras la Independencia formal de la mayoría de las colonias europeas, devenidas en Repúblicas a principios del siglo XIX, los ejércitos libertadores comienzan a perder su connotación popular y emancipatoria para ser cooptados por las renacientes oligarquías criollas aliadas a los imperialistas ingleses, franceses y estadounidenses. Se estructuran paulatinamente los ejércitos destinados al mantenimiento del status quo oligárquico-imperialista.

Este brevísimo recuento histórico demuestra que el llamado a la unión cívico-militar emancipatoria no es una idea nueva. La Historia venezolana nos presenta hitos: Simón Bolívar armó al pueblo para lograr la Independencia Nacional; más tarde, Ezequiel Zamora, con su lema “Tierras y hombres libres” luchó por rescatar el proyecto bolivariano durante la Guerra Federal iniciada en 1859.

Papel impuesto a las Fuerzas Armadas en el siglo XX

Como en otros países de la región, en Venezuela se impuso la distinción entre civiles y militares. Durante el período histórico de la IV República (1830-1999), se configuró una cultura y práctica políticas basadas en las componendas para mantener el reparto del poder entre ambos estamentos.

A partir del siglo XX, durante los gobiernos de Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez, se sientan las bases de la “modernización” y fortalecimiento institucional del ejército, imponiendo disciplina y cohesión; es el fin de un largo período de caudillismos regionalistas. El reacomodo de las relaciones de poder, signadas por la centralización y por una mayor sujeción al imperio -en el caso gomecista-, no contemplaba los más elementales mecanismos de legitimación democrática. Se consolida una burocracia clientelar cívico-militar, enriquecida por el incipiente negocio de la exportación petrolera.

Tras un breve período de democratización de la sociedad y sus instituciones (1936-1945), que resultó frustrado por el golpe de Estado perpetrado por civiles y militares vinculados al partido Acción Democrática, resurgen las viejas prácticas políticas dirigidas a la toma del poder por vías extralegales, viabilizadas mediante pactos cívicos-militares de espaldas al pueblo. A partir de 1958, con la instauración de la democracia representativa, el nuevo reacomodo de las relaciones de poder oligárquico-imperialista le asigna roles institucionales a civiles y militares en materia de seguridad estratégica y seguridad interna, obviando el hecho de que el ejercicio integral de ciudadanía implica responsabilidades compartidas, indistintamente de la pertenencia a esos dos ámbitos. Debido a que dicha división de roles obedeció a la necesidad de algunos de perpetuar las relaciones de poder establecidas por dicha alianza estratégica oligárquico-imperialista y no a un auténtico proyecto de país, el resultado fue el empleo concertado de las Fuerzas Armadas por dichos sectores civiles y militares en detrimento de la ciudadanía y de los intereses nacionales.

El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR); los documentos de Santa Fe; el adoctrinamiento fascista y la capacitación en técnicas de terrorismo de Estado en la Escuela de las Américas y la aplicación de la Guerra de Baja Intensidad tuvieron en las cúpulas militares venezolanas instrumentos dóciles y obedientes. El balance es conocido: el “mantenimiento del orden interno” se tradujo en decenas de miles de personas perseguidas, detenidas arbitrariamente, torturadas, sometidas a juicios civiles y militares amañados, desaparecidas, asesinadas...

Para reprimir los intentos de cambio social, el imperio implementa en la región a partir de los años 80 el modelo de “Guerra de Baja Intensidad” que impone a las Fuerzas Armadas un nuevo ordenamiento técnico y doctrinario de carácter abiertamente represivo y anti-popular, creando la imagen del “enemigo interno”. Mediante la asignación de ese rol institucional represivo y los popularmente llamados “bozales de arepa”, que con prebendas compraban la complicidad militar con la corrupción civil, se distrajo la atención de los militares respecto a la conducción política del país. Las cúpulas de los partidos AD y Copei configuran una relación orgánica con los altos mandos militares, según la cual, éstos protegen con las armas el status quo, a cambio de inmunidades, áreas de influencia monopólica y privilegios institucionales o profesionales.

Los militares identificados como potencialmente peligrosos para el mantenimiento del status quo eran enviados a “custodiar las fronteras”; así, se desarticulaba y neutralizaba cualquier intento de cuestionar los privilegios detentados por las élites a costa de la creciente pobreza e injusticia en el seno del pueblo y de la entrega dócil de las riquezas nacionales al imperio. El mito del Control Civil sobre las Fuerzas Armadas no fue otra cosa que la negociación permanente de privilegios en un marco de no injerencia en las “zonas de influencia” preestablecidas para las cúpulas civil y militar.

La masacre de cientos de personas durante el “caracazo” -27 y 28 de febrero de 1989-, provocada por el gobierno adeco de Carlos Andrés Pérez, usando la fuerza militar para reprimir las protestas populares contrarias a las medidas neoliberales impuestas por el FMI, marcó un hito en las relaciones cívicos-militares. Desde entonces, los nuevos militares se negaron a continuar el genocidio del pueblo y, en el seno de los cuarteles se rescató -en condiciones de clandestinidad- el legado bolivariano de identificación con las luchas populares. En Febrero de 1989 se inició así el fin de las relaciones cívico-militares puntofijistas.

Signo de nuevos tiempos

Una década después del 27-F, la asunción del Gobierno Bolivariano (Febrero de 1999), propicia la convivencia entre civiles y militares, que se ha vuelto un hecho más cotidiano y evidencia la evolución política de Venezuela. La composición social del ejército, de extracción popular, el resurgimiento del ideario bolivariano y la degradación moral precedente, determinaron el surgimiento de una nueva generación de militares decidida a acercarse al pueblo y a defender la Constitución que éste se dio soberanamente.

En sus palabras con motivo del Acto de Transmisión de mando del Comando General del Ejército, el 16 de Enero de 2004, el General de División Raúl Isaías Baduel increpó sobre la necesidad de superar la situación de aislamiento del sector militar respecto a la dinámica política y social del país, convocando a la disposición militar a darle respuesta a las prioridades y necesidades demandadas por la sociedad y el Estado: “Ya es imposible la figura del militar indiferente, sin la capacidad de insertarse en los distintos modos de producción de la sociedad, donde su aporte de conocimiento sea valorado en cuanto a las necesidades inherentes al Estado.”
(http://www.geocities.com/rbolivariana2004/op200401/disbaduel.htm)

La reflexión de Baduel coincide con las apreciaciones del entonces ministro de la Defensa, JV Rangel, acerca de cómo insurgió la alianza cívico-militar bolivariana del seno de las contradicciones del modelo puntofijista: (...) “es gracias a esos momentos de confrontación (...) que pudo establecerse una genuina integración hacia el desarrollo sostenido de una sociedad productiva, que tuviera como norte el humanismo y la ciencia, como una prioridad de todos los venezolanos, tanto militares como civiles, en una comunicación mancomunada que permitiera superar los escollos de la dependencia y el subdesarrollo.
Sólo así, con el esfuerzo de todos, nuestro país podrá tener acceso a una mejor educación, a una economía más eficiente, a un mayor bienestar social que pueda garantizar una calidad de vida verdaderamente democrática.”

En su alocución al país, el 23 de febrero de 2001, con motivo de la asunción del cargo de Ministro de la Defensa, José Vicente Rangel señaló: “En la base de este singular proceso está la alianza Pueblo-Fuerza Armada, de ello no cabe la menor duda. Si no fuese así y viviéramos otras circunstancias, la Fuerza Armada habría frustrado el proceso de cambio o el desbordamiento popular habría lanzado el país al abismo. En vez de la asonada o el caos existe un orden que nada tiene que ver con las viejas nociones que acompañaron este principio. El orden de la nueva alianza, Fuerza Armada-Pueblo, excluye la represión que caracterizó el pasado dictatorial o democrático representativo, y refrendó una concepción con profundas raíces humanistas y claro sentido social.” Agregando: (...) “la Fuerza Armada se ha articulado aun más, ha potenciado su eficacia y afirmado su condición de garante de la seguridad nacional en esta nueva política de interacción. La composición regional y social de los cuadros profesionales de la Fuerza Armada, de las sucesivas generaciones de oficiales, sustenta esa comprensión respecto a los cambios, ya que ellos representan a Venezuela en su plena dimensión.”

Otra coincidencia entre ambos discursos es la advertencia del Gral. Baduel sobre los riesgos que entraña la escisión social :“Una tendencia muy preocupante asociada a la pobreza es el riesgo de la incomunicación entre civilizaciones, vivimos internamente entre nuestras propias naciones dos tipos de civilizaciones, las de los exitosos y la de los excluidos, tenemos que crear puentes de comunicación, bases de diálogos, generación de responsabilidad y compasión, esta vocación apostólica debe definirse en términos de desarrollo, una vez más el paradigma de solución a la pobreza y de exclusión es el ideal educativo como fuerza liberadora.”

Servidores y garantes juramentados de la soberanía nacional

El subtítulo antedicho es tomado de las palabras del Gral. Baduel para referirse a la misión esencial de la Fuerza Armada venezolana. El ministro señala: “Lo militar y el militar, conforman parte de la anatomía del poder, cuya fuente originaria lo deciden la voluntad del colectivo para llenar de legitimad a los poderes constituidos y de ese poder el estamento armado y por ende el ejército de Venezuela (...) es instrumento de este aludido poder, ajustando su ejecutar a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y al cuerpo de leyes que delinean el empleo operaciones del soldado.
El poder el ejército no es entonces condigno, no es condicionado, ni siquiera compensatorio, es solo el uso central de la fuerza sujeto al concepto estratégico del Estado venezolano frente a amenazas identificadas. En consecuencia el entrenamiento, la destreza y la actuación de los hombres como una unidad imaginaria de guerra, apunta aunque paradójicamente a mantener la paz, a disuadir la amenaza para que la nación tenga senderos ciertos, logre el bienestar pero sobre todo el desarrollo y la ejecución económica y social que son los paradigmas demandados con justo derecho por el pueblo venezolano a quien nos debemos.”

Como en el pasado independentista, hoy la defensa de Venezuela es responsabilidad compartida de civiles y militares, quienes deben enfrentar las amenazas internas y externas.

El empleo racional del poder militar

La culminación de la confrontación este-oeste conduce a la Humanidad a un nuevo período histórico, llamado pos “guerra fría” y/o “nuevo orden mundial”, que implica la complejización de las relaciones internacionales y devela la confrontación norte-sur, la cual le es inherente a las relaciones capitalistas y, aunque estuvo opacada por la mencionada confrontación este-oeste, ahora queda al descubierto en toda su crudeza. El imperio impone las guerras de nuevo tipo, guerras psicológicas, de información y simbólicas, donde actores no estatales, antes subsidiarios, cobran protagonismo: Medios de información masiva, grupos paramilitares y/o terroristas, empresas transnacionales, organismos internacionales privados e intergubernamentales que atizan y/o legitiman la guerra.

Ese nuevo escenario mundial que impacta negativamente a Venezuela, como a todos los países del Sur, conlleva amenazas internas y externas que obedecen a una misma estrategia de dominación y, por tanto, se hallan estrechamente vinculadas, aunque de manera asimétrica: los factores de poder internos operan como socios menores de una alianza imperialista que dicta la estrategia y negocia las tácticas y la distribución de los recursos. Se cierne sobre Venezuela la amenaza de la intervención internacional. Las “guerras preventivas”, llamadas “antiterroristas”, son las salidas de facto empleadas por el imperio cuando como en Venezuela, fracasan los intentos de derrocar gobiernos usando a sus actores internos en cada país, mediante golpes de Estado y fraudes electorales. La descalificación del Gobierno Bolivariano como una supuesta manifestación de una tendencia supuestamente “amenazante”, identificada como “populismo radical” es sintomática.

Las cúpulas partidistas adecas y copeyanas, aunadas a cúpulas empresariales, pretenden mediante alianzas golpistas con algunos sectores militares y recibiendo un fuerte apoyo mediático e internacional, reeditar salidas de facto (ya ensayadas en los golpes de Estado de 1945 y 2002) o “salidas electorales” a la medida de sus intereses. Tales como el electoralista “Pacto de Punto Fijo” (que desvirtuó el espíritu inicialmente democrático de la insurrección cívico-militar del 23 de enero de 1958, instaurando modelos de democracia y de desarrollo autoritarios y excluyentes) o la “salida electoral” fraudulenta que pretenden imponerle al país mediante fraudes que permitan convocar un referendo revocatorio del mandato presidencial, fórmula ensayada en los últimos dos años. En cualquier caso, buscan impedir los procesos de democratización y de cambio social y facilitar el reacomodo de las relaciones de poder oligárquico-imperialista. Así, la Historia contemporánea de Venezuela nos enseña que no todos los civiles son civilistas y demócratas y, por otra parte, que no todos los militares son militaristas y antidemócratas.

Dicho escenario pone a prueba el carácter nacionalista, constitucionalista y democrático del Ejército venezolano y su disposición defensiva. El Gral. Baduel afirma al respecto: “Todos los comandos de todas la unidades en todos los niveles deben mantenerse alerta, siempre dispuestos a la defensa y no a la agresión, dispuestos siempre al logro de la paz, defendiendo los intereses legítimos y la integridad territorial venezolana (...). El objeto de una buena estrategia de disolución es eliminar el uso de la fuerza como opción aceptable y conveniente por parte de un adversario que quiere ponernos su voluntad en un asunto en disputo.
Debemos garantizar, una sociedad estable y segura, siguiendo con respeto al colectivo con un gran espíritu de cuerpo, cumpliendo con nuestra misión asignada con la Constitución dentro del marco con las políticas públicas con la defensa del Estado para bienestar del pueblo venezolano”.


Esta nota ha sido leída aproximadamente 28977 veces.

Comparte en las redes sociales




Notas relacionadas