A la Comunidad en general:

El conflicto ocasionado a partir del “lock-out”, o mejor dicho, del cierre patronal del 2 de Diciembre de 2002 y hasta la fecha (pues aún no ha sido levantado por ninguno de sus más fervientes promotores), apuñaló directamente el corazón de la principal industria del país, como lo es PDVSA. En los objetivos de dicho paro estaba uno manifiesto y confeso: derrocar al Presidente constitucionalmente electo Hugo Rafael Chávez Frías, y el otro funcional: privatizar la industria a los grandes capitales extranjeros.

La principal consigna de los “supuestos” huelguistas expresada a través de las cadenas televisivas, que los dueños de los medios privados ponían a la orden, era “No cederemos hasta que Chávez se vaya”.

Estos huelguistas no sólo abandonaron las instalaciones sino que, en muchos casos, sabotearon impidiendo la extracción normal del crudo por más de dos (2) meses.

Todo este indiscriminado, brutal y salvaje atentado contra la nación representó una pérdida de 75 millones de dólares diarios, además, de las penurias, angustia y hasta la muerte de muchos de nuestros compatriotas. Por esta “tonta” razón quedaron sin empleo y fuera de PDVSA más de 18 mil trabajadores.

Podemos decir que el paro obedeció a un gravísimo error de cálculo político; utilizaron a la empresa para buscar imponer su voluntad sobre el estado y sobre el país.

Ahora pretenden que ignoremos todos los daños que estas personas le ocasionaron al país y que olvidemos las razones de fondo que motivaron ese paro ilegal. Pues no, ese fue un paro insurreccional, donde la intención manifiesta era la de conducir a Venezuela por el camino de una guerra civil. Y es acá donde se marca la diferencia con huelgas netamente laborales y reindivicativas, por ejemplo la huelga llevada a cabo por los trabajadores del Instituto en el año 92. En esa huelga no se suspendió el suministro de petróleo y sus derivados, ni el servio de gas, ni se suspendieron las clases, no se atacó la economía nacional, es decir no se atentó contra la estabilidad del país por razones políticas; no compatriotas, sólo se luchaba por introducir un primer contrato colectivo en la administración pública y por mantener un derecho sindical violado por las autoridades administrativas de ese entonces como política para frenar dicha contratación y la intención manifiesta de acabar con los sindicatos del Instituto. Como vemos no hay comparación entre la huelga del año 92 en el IVIC y la huelga insurreccional de Diciembre de 2002 y Enero de 2003.

Nuestra Carta Magna, considerada una de las más avanzadas del mundo en materia de Derechos Humanos, debe ser utilizada como instrumento para cimentar el bienestar integral del pueblo venezolano, fundamentándose para ello en el reestablecimiento de los derechos humanos: como la vida, la integridad física, síquica y moral; la libertad personal, la manifestación pacífica, la seguridad ciudadana, el voto, la justicia, la libertad de información y expresión, el asilo y el refugio. Para materializarla es necesario que todos como miembros de la sociedad y en nuestra doble condición de sujetos y destinatarios nos involucremos concientemente en la conducción práctica de las responsabilidades compartidas en materia de derechos humanos y comprender que por encima del derecho individual prevalece el derecho colectivo.

Por todo lo antes expuesto y tomando como base los artículos 20 y 28 de la Ley Estatuto del IVIC, consideramos que para ingresar a la administración pública y en especial al IVIC, no se puede contar sólo con los requisitos académicos, sino que también hay que contar con verdaderos valores morales y éticos. Razón tenía nuestro Libertador al afirmar que “El talento sin probidad es un azote”.

“Surgen los humildes indoctos y arrebatan el reino de los cielos mientras ¡ay! Nosotros con nuestras letras nos precipitamos en lo profundo”
San Agustín

ABTIVIC

Mayo de 2004