Los medios de comunicación continúan en su empeño de darle mayores proporciones a la cada vez más reducida concentración de la oposición en la Plaza Francia. Realmente era patética la situación en la mañana de hoy cuando la “animadora” suplicaba a la veintena de asistentes no retirarse del lugar. El espectáculo lo mantienen en turno vespertino los oficiales “desconocidos” que se agregan a la lista mediática que ya venían siendo sujeto de averiguación por su participación en la intentona de abril pasado.


La intervención del Presidente Chávez hizo eco al calificar de incursos en delito a los oficiales declarantes en Altamira. Sin embargo, la cobertura mediática dada al pronunciamiento del fiscal ha querido ocultarse, siendo una de las medidas de mayor relevancia, especialmente cuando será un elemento positivo a considerarse por parte de la comisión de la OEA próxima a llegar: la asignación de fiscales del Ministerio Público a los procesos de investigación que se les sigue a los 14 generales y sus seguidores militares a los fines de intentar nuevos antejuicios de mérito para lo cual instruirán el expediente en coordinación con los órganos de seguridad del Estado imputando delitos expresados en el Código de Justicia Militar, tales como insubordinación, motín sin armas y desobediencia militar.


Así mismo los medios intentan juzgar la cancelación de la Cumbre del G-15 como el resultado de la negativa imagen del gobierno de Venezuela en el mundo, cuando en realidad se ha recibido la solidaridad y el apoyo de los gobiernos latinoamericanos y del mundo respecto a la conducción de la crisis que se viene haciendo. Internacionalmente se ha considerado que la actitud de los militares y miembros de la coordinadora democrática en su llamado a la desobediencia los separa de los mecanismos de negociación e impide el diálogo para la solución concertada de la crisis.


En consecuencia, se reafirma que las acciones de gobierno respaldadas por la comunidad internacional colocan de este lado el poder en la negociación y refuerzan los elementos para el recobro de la gobernabilidad y estabilidad democrática. Las acciones en paralelo del ministerio público deben conjugarse con las actuaciones judiciales expeditas que permitan, entonces, la demostración no sólo de la aplicación de las leyes sino, también, de la prevención de los delitos. Este aspecto nos parece fundamental para recuperar la credibilidad de la administración de justicia. El quid de la cuestión quedaría en la instrumentación de estas medidas, es decir el cómo se realizará el sometimiento a derecho de los incursos –civiles, y militares y medios de comunicación- en delitos de insubordinación, subversión y terrorismo.