Los hechos de abril en Venezuela se presentan conjuntamente con el
panorama internacional. El golpe no fue casualidad o una simple reacción
de rechazo de la sociedad civil. Detrás del frustrado golpe de estado
contra el presidente Hugo Chávez se encuentra la participación de
funcionarios estadounidenses y españoles, quienes apoyaron la
conspiración encabezada por el líder empresarial, Pedro Carmona.
Evidentemente, fue un golpe de estado cívico-militar, detrás del cual se
encontraba la mano de los burócratas estadounidenses. Los intereses
involucrados tienen estrecha relación con el dinero y el poder
petrolero.

Poderosos medios de comunicación, en Venezuela y en el exterior apoyaron
directa e indirectamente el golpe. Cuatro de los cinco canales de TV,
propiedad de compañías privadas, exhortaron incesantemente a la huelga y
a las manifestaciones orientadas a derrocar al presidente legítimamente
electo. Lo mismo sucede con nueve de los diez diarios más importantes.
Después del golpe, silenciaron cualquier información sobre la reacción
popular y militar que restableció la legalidad constitucional. El
magnate venezolano de los medios de comunicación, Gustavo Cisneros fue
uno de los principales instigadores del golpe de estado.


Participación del Gobierno de España durante el golpe

Funcionarios españoles mantuvieron una estrecha conexión con Venezuela
durante la planificación y ejecución del golpe de abril de 2002,
estableciendo continuo contacto con Pedro Carmona Estanga (líder de la
cúpula empresarial para entonces) y participando en la coordinación de
los hechos. Se conoció de manera extraoficial que, el 13 de abril, los
embajadores de España en Caracas, Manuel Viturro de la Torre y su
homólogo estadounidense, Charles Schapiro, se entrevistaron
personalmente con Carmona, siendo los primeros diplomáticos en
manifestar su apoyo al establecimiento del gobierno provisional. Esto se
pudo conocer a raíz de unas declaraciones del diputado Tarek William
Saab, que nunca fueron desmentidas por las autoridades españolas.

Para el día doce de abril, después de la rueda de prensa improvisada en
la que Carmona anunciaba su intención de tomar el poder, la Presidencia
española de la Unión Europea (UE), emitió una declaración oficial en la
que “manifiesta su confianza en el gobierno de transición en cuanto al
respeto de los valores e instituciones democráticas, con el fin de
superar la crisis actual”.

El Ministro de Exteriores de España, Josep Piqué, no rectificó nunca
esta declaración en términos diplomáticos. El 13 de abril, afirmaba en
declaraciones recogidas por ABC y El Mundo que “la situación de
Venezuela con Chávez era insostenible, cada vez con menos apoyos
populares”. Una vez repuesto el presidente Chávez en el poder, la
primera reacción de Piqué fue la de pedir que se “garantice la libertad
de prensaEn fin, declaraciones contradictorias y confusas, que no lograr
ocultar su participación para apoyar el golpe.

Entre otras cosas, el presidente del Gobierno español, José María Aznar,
mantuvo el 12 de abril una conversación telefónica con Pedro Carmona, en
la cual se pone a su disposición, y le pide la vuelta a la
constitucionalidad democrática, pero en ningún momento condenó el golpe
de estado.
Según lo publicado el 29 de abril por la revista Cambio 16, “en la
Administración española fueron muy receptivos cuando el líder
empresarial visitó Madrid como futuro presidente de Venezuela. Fue
atendido por funcionarios de alto rango y, posiblemente, se reunió
también con especialistas en operaciones de inteligencia política, con
experiencia en otros países Iberoamericanos”.

Carmona aseguraba su triunfo presidencial, por lo cual se tomó medidas y
encargó en una sastrería de efectos militares de Madrid la banda
presidencial que se llevó en la maleta para lucirla en su juramentación
el 12 de abril en el salón Ayacucho del Palacio Miraflores. Este
distintivo fue encontrado allí, tras la fuga de Carmona, y figura entre
las pruebas a su cargo.

Postura de los EEUU

Numerosas pruebas evidencian los nexos existentes entre Carmona Estanga
y el gobierno de los Estados Unidos, así como el apoyo otorgado por
estos para facilitar la caída del presidente Chávez. La Casa Blanca,
pese al fallido golpe, está decidida a derrocar al presidente Chávez, no
sólo por su política económica, que reivindica la soberanía nacional,
amenazando así los intereses estadounidenses, fundamentalmente el
petróleo, sino también por sus críticas a la guerra de Afganistán y su
oposición al Plan Colombia y al Acuerdo de Libre Comercio Americano
(ALCA).

La política exterior del presidente Bush establece como enemigos de los
EE.UU en Latinoamérica al llamado “eje Cuba, Venezuela y la guerrilla
colombiana”. En febrero de este año, el director de la CIA, George
Tenet, lo expresó claramente ante el Comité de Inteligencia del Senado:
“Estoy particularmente preocupado por Venezuela, nuestro tercer
suministrador de petróleo”.

EEUU y el Golpe

Entre la noche del viernes 12 y el mediodía del sábado 13 se produjeron
numerosas llamadas entre Washington y Caracas. Desde el Departamento de
Estado y el Pentágono se impartían directrices a Carmona por el
embajador Schapiro, al general golpista Efraín Vásquez Velasco y a los
mandos castrenses por el coronel Harkins, asentado en la delegación de
EE.UU en Caracas.

En particular, se aconsejaba a Carmona que anunciara la convocatoria de
elecciones en el plazo de un año -trescientos sesenta y cinco días
deletreó Carmona- con el fin de cumplir con la Carta Democrática de la
Organización de Estados Americanos y que cesara al Representante
Permanente de Venezuela ante la OEA, Jorge Valero.

El 13 de abril, tres naves estadounidenses navegaron en aguas
venezolanas cerca de La Orchila. Las mismas no tenían autorización.
Según la Marina de EE.UU, los barcos se encontraban en costas
venezolanas para evacuar a los ciudadanos estadounidenses por la tensión
existente en el país. No obstante, el ex director de la Disip, Eliécer
Otaiza, aseguró que esas naves penetraron sin autorización en aguas
venezolanas a las nueve y salieron a mar abierto a las cuatro.

Según el Washington Post del 13 de abril, la CIA patrocinó a través del
International Republican Institute numerosas visitas a Washington de
opositores políticos al presidente Chávez. Veinte días antes del golpe,
Donna Hrinak fue sustituida por Charles S. Schapiro, un embajador más
competente en golpes militares, que fue agregado militar en Chile
durante el golpe a Salvador Allende, y agregado militar en El Salvador y
en Nicaragua.

Opus Dei y los Socialdemócratas

Pedro Carmona, al igual que la mayoría de los militantes de la
oposición, está vinculado al Opus Dei. Muchos de los involucrados en el
golpe y varios miembros del “gobierno provisional” son activistas de
este grupo religioso. El golpe contó con la bendición de Baltasar
Porras, presidente de la Conferencia Episcopal, presente en el juramento
del estafador Carmona junto al cardenal Ignacio Velasco.

Asimismo, en Madrid residen numerosos socialcristianos del partido
COPEI, y su líder Eduardo Fernández, ex presidente de la Organización
Demócrata Cristiana de América (ODCA) se encontraba en Madrid en los
días anteriores al golpe y regresó a Caracas vía Washington, donde
—aparentemente— tenía una reunión de la ODCA. Muchos dirigentes de COPEI
y hombres de negocios vinculados a Rafael Caldera figuraban en el
entorno de Carmona y están involucrados en el golpe. COPEI y Primero
Justicia fueron los dos partidos de la oposición a Chávez directamente
implicados en el golpe.

Conexiones empresariales

Fuentes de la Confederación de Organizaciones Empresariales Españolas
(CEOE) afirmaron el 13 de abril a Europa Press que “acogemos su
nombramiento con agrado”, en referencia a Pedro Carmona, quien aparte
de la presidencia de Fedecámaras, dirigía numerosas compañías entre las
que figuran la Promotora Venoco y Química Venoco, propiedad del golpista
y mercader de armas, Isaac Pérez Recao.

Al igual que Lorenzo Mendoza, el empresario Gustavo Cisneros, magnate de
los medios de comunicación y propietario de Venevisión, Direct Tv,
Telcel, Pepsi-Cola y Banco Latino, entre otros, tiene fuertes
inversiones en España y se dice que fue el verdadero instigador del
golpe por sus marcados intereses económicos. Entre sus conexiones
internacionales, actúa como amigo de Bush y testaferro del ex presidente
Carlos Andrés Pérez, protegido por la Casa Blanca.

La verdadera razón de la conspiración fue privatizar a Petróleos de
Venezuela S.A. (Pdvsa) en favor de los intereses estadounidenses,
vinculados al presidente Bush y a la petrolera española Repsol, dominada
por el Opus Dei, por lo que se cree que uno de los objetivos era vender
la filial estadounidense de Pvdsa, Citgo a Gustavo Cisneros y sus
socios de EE.UU.

Otro de los personajes, Daniel Romero, actuó como redactor y lector del
decreto de 11 artículos de la constitución del “gobierno provisional”.
Es socio minoritario en el poderoso gabinete de abogados “Baker
McKenzie” en Caracas. El socio mayoritario de la firma es Alejandro
Alfonzo Larrain Recao, tío de Isaac Pérez Recao. Larrain es también el
socio principal en las operaciones de “Baker McKenzie” en Madrid, que
mantiene conexiones con la Organización Tratado Atlántico Norte (OTAN) y
los intereses del gobierno de EE.UU. Además de Daniel Romero y Larrain
Recao, dirige el bufete Baker&McKenzie en Caracas el poderoso Humberto
Briceño León, esposo de Irene Sáez, candidata del partido democristiano
COPEI a la Presidencia de Venezuela frente a Hugo Chávez.