Escribo esta carta con al intención de expresar mi más absoluta indignación ante al modo en que los medios de comunicación están tratando todo lo que acontece en Venezuela. La experiencia de haber vivido todo el año 2003 en ese país, me dota de suficiente autoridad moral como para afirmar con rotundidad que los sucesos de los últimos días en Venezuela son, una vez más, otra muestra de cómo se puede criminalizar y derrumbar un intento democrático de Reforma progresista en América Latina. Estoy segura, además, que gran parte (sino la mayoría) de la población venezolana, secunda esta opinión. Entre estos, los que conforman la población desfavorecida de Venezuela (más de 3 millones, sólo en Caracas) que hoy, por fin, y a pesar de casi 4 décadas de “democracia modélica”, tiene acceso por primera vez a la salud y a la educación (la mejora en la garantía de estos derechos desde que gobierna Chávez la corroboran los informes de Naciones Unidas sobre
Desarrollo Humano). Pero también secundarían mi opinión toda la población que, también por primera vez en más de 5 décadas (incluyendo aquí la correspondiente a la dictadura de Pérez Jiménez), no es perseguida ni reprimida por sus ideas políticas (como sí lo fueron desde 1958 todos los militantes del Partido Comunista de Venezuela –excluidos del “pacto democrático” de Punto Fijo entre los socialdemócratas y los democratacristianos- , o los entre 5.000 y 20.000 caraqueños que murieron la tarde del 27 de febrero de 1989, cuando el socialdemócrata Carlos Andrés Pérez mandó reprimir a quienes protestaban contra el anuncio de un programa de ajuste del Fondo Monetario Internacional que contravenía su promesa electoral de llevar a cabo una reforma económica que se orientara hacia la consecución de una mayor justicia social).

Si los medios de comunicación no se saltaran un principio básico de la ética periodística, el respeto a la veracidad, quizás la opinión pública podría hacer otro análisis de lo que sucede en Venezuela. A lo mejor hubiera sido suficiente con un ejercicio que reconociera la legitimidad democrática del Gobierno de Hugo Chávez, o, tal vez, con una contextualización del discurso de Reforma que le dio la victoria en las urnas por tres veces consecutivas, y por mayoría abrumadora (con el 59,8% total de los votos). Saber que, en 1996, dos años antes de la primera victoria de Chávez, el 86% de la población vivía en condiciones de pobreza y el 65% en situación de pobreza extrema, hubiera podido ser un dato revelador del porqué del malestar de una población que reclamaba la extinción del sistema político, económico y social vigente. A un más, si nos hubieran dicho que este panorama de pobreza
lo vivía el quinto exportador mundial de petróleo, y primer suministrador de Estados Unidos.

Tras esto, quizás hubiera bastado con permitirnos reconocer en la oposición más recalcitrante a la antigua élite del sistema, o con hacernos entender que el recurso a lo “antidemocrático” forma parte, precisamente, de la estrategia de los opositores (prueba de ello: el “recurso”, antes que al referéndum, al Golpe de Estado de abril de 2002 o al boicot económico de casi 7 meses que tuvo lugar hasta finales de enero del 2003 -tres de ellos con cese de la principal actividad de exportación del país, lo que provocó una caída del 29% del PIB-). Quizás si nos hubieran explicado, también, que las firmas recogidas por la oposición para solicitar la convocatoria del referéndum fueron “custodiadas” por esa misma oposición durante el mes
comprendido entre el momento de la recogida y su entrega al CNE (dato que da credibilidad a la posibilidad de que más de un millón y medio de las firmas depositadas sean falsas); o, que los disturbios de la semana pasada durante la concentración de la oposición ante el G-15 se iniciaron con disparos de francotiradores y que la mitad de los heridos eran miembros de la Guardia Nacional, quizás, hubiésemos podido hacer un análisis diferente de lo que sucede en Venezuela. Pero claro está, que los poderes económicos y mediáticos siempre se alían (o se confunden) para hacernos creer que, efectivamente, otra “alternativa” económica, política y social no “es posible”.