El desconocimiento reiterado del Estado Social y Democrático de Derecho y de Justicia plasmado en la Constitución y en las leyes de la República por grupos que adversan al Proceso Bolivariano, les lleva al desconocimiento de las normas electorales y de los resultados anunciados al país el martes pasado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), sobre los eventos de recolección de firmas para solicitar la convocatoria de un referendo revocatorio del mandato al Ciudadano Presidente Hugo Chávez Frías. La decisión del CNE, en tanto máximo organismo del Poder Electoral, es desobedecida por quienes se comprometieron a respetar al árbitro electoral.

La decisión soberana del CNE que determinó que el exagerado número de firmas bajo sospecha deben ser ratificadas por los/as supuestos/ firmantes mediante un procedimiento de reparos ha generado nerviosismo en quienes han promovido el fraude electoral, a sabiendas de que las firmas fraudulentas constituyen el cuerpo del delito.

Para torpedear los reparos han activado una ambiciosa operación de desestabilización a nivel nacional que ha dado por resultado un lamentable saldo de 9 personas muertas y numerosas heridas y detenidas, lográndose así el objetivo perseguido de crear violencia política en las calles; sin embargo, el objetivo ulterior de inculpar al Gobierno Nacional por esa violencia y de supuestas “violaciones masivas a los derechos humanos” (sin esperar resultados ni mostrar pruebas) no fue logrado, debido a que la mayoría de la población ya conoce el modus operandi de esos grupos violentos, cual es el escándalo, el show mediático de carácter efectista, en fin, lo que el pueblo llama saperoco. Ese conocimiento, dado por la experiencia de haber padecido un lustro de aventuras erráticas e irresponsables promovidas por dirigencias autoritarias y deslegitimadas, explica la respuesta paciente y ponderada de las amplias mayorías populares ante el desbordamiento de la violencia delincuencial planificada por dicha dirigencia en las calles de las urbanizaciones de “clase media” del este caraqueño y en sectores similares de otras grandes ciudades.

El Gobierno Bolivariano hizo un oportuno llamado a la población víctima de los desmanes fascistas a no caer en provocaciones y confiar en la acción de las instituciones del Estado dirigidas a neutralizar y reducir a los grupos violentos. La sabia respuesta popular hizo que la provocación desestabilizadora se deslegitimara desde el primer día de los desórdenes. Cabe destacar que la inmensa mayoría de la población rechazó dichos eventos violentos, incluyendo a la mayoría de quienes aún siguen a la dirigencia “opositora”, debido a que las clases medias han sido las principales víctimas de la destrucción de sus espacios urbanos de residencia, recreación y tránsito. Las pérdidas materiales provocadas por esta nueva aventura desestabilizadora alcanzan a varios miles de millones de bolívares, sin embargo, más doloroso es el balance negativo respecto a la necesaria construcción de una cultura democrática y de paz para todos/as los/as venezolanos/as.

La Constitución de la República consagra en su Preámbulo el fin supremo de refundar la República “para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural en un Estado de Justicia, federal y descentralizado, que consolide los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley para esta y las futuras generaciones; asegure el derecho a la vida, al trabajo, a la cultura, a la educación, a la justicia social y a la igualdad sin discriminación ni subordinación alguna” (...). Es evidente que la vieja dirigencia política puntofijista no ha comprendido el alcance de los principios, valores y normas constitucionales, concibiéndolos como un obstáculo que les impide seguir actuando en función de sus intereses mezquinos, tal como lo han hecho durante el último medio siglo. No en vano llamaron a votar contra la aprobación de la Constitución en el referendo aprobatorio de 1999 y el primer acto írrito del dictador Carmona Estanga durante la usurpación del poder en abril de 2002, fue el de derogar dicho Texto Constitucional.

Un reto esencial del Proceso Bolivariano es el de elevar la conciencia social de todo el pueblo, que éste tome conciencia de sus derechos y deberes, en esa medida las embestidas fascistas contra la paz, la democracia y la Constitución seguirán debilitándose. Al respecto, es pertinente recordar que la Carta Magna recoge y amplía los derechos civiles, con base en una regulación progresiva. Ante la comisión de delitos contra la propiedad, los bienes públicos y la ciudadanía (daños a la propiedad, incitación a la violencia, alteración del orden público, agavillamiento, entre otros) muchos de los cuales son de innegable carácter terrorista, los órganos competentes en materia de seguridad pública actúan plegados a ordenamiento jurídico-legal, deteniendo a quienes han cometido dichos delitos en flagrancia, contando con la presencia de fiscales/as del Ministerio Público y poniéndoles bajo la custodia del tribunal competente de manera inmediata. La aplicación de la Constitución contrasta con la sistemática represión a la cual fue sometido el pueblo venezolano durante las cuatro décadas de vigencia del Pacto de Punto Fijo, que dejó un saldo de miles de personas desaparecidas y/o ajusticiadas por unos cuerpos de seguridad altamente represivos y puestos al servicio de las élites económicas y políticas.

Actualmente el Estado está obligado a proteger los derechos de las personas procesadas al debido proceso, el cual se aplica a todo tipo de actuaciones judiciales y administrativas, así como a la integridad física, psíquica y moral. Esos mismos derechos deben ser garantizados a los/as efectivos/as de los cuerpos de seguridad y a la ciudadanía en general. Hasta ahora, el Ministerio del Interior y Justicia ha informado de 16 efectivos de la Guardia Nacional lesionados, considerando que los grupos violentos actúan armados, contando con grupos de choque y francotiradores (hasta ahora han usado cohetones -desde los cuales lanzan metras de vidrio y/o de acero y clavos-, bombas molotov, armas de fuego tales como pistolas, fusiles y ametralladoras). Asimismo, es de destacar que las personas asesinadas han sido baleadas con armas usadas por estos grupos, ya que la Guardia Nacional sólo usa el armamento de reglamento, a saber bombas lacrimógenas y balines de plástico.

La población que en el seno de las clases medias se identifica con el Proceso Bolivariano e incluso, quienes no avalan las actitudes violentas, está siendo sistemáticamente atacada mediante la intimidación y la agresión a sus bienes e integridad física; estos delitos son cometidos por sus propios vecinos, cooptados por las campañas mediáticas de instigación al delito y propaganda de guerra, inoculadas de odio y llevadas a extremos de desesperación por la exacerbación de miedos clasistas inculcados y ante el desbaratamiento de la mentira mediática que durante los últimos años les ha venido diciendo que constituyen la mayoría de la población, afirmación que los “expertos” ya no pueden seguir sosteniendo. ¿Cómo explicar que en lugar de 7 u 8 millones de potenciales firmantes anunciados antes del evento de recolección de las firmas se haya recabado un número tan ínfimo de éstas?

Tales situaciones violentas en el ámbito de lo privado, se insertan en contextos de suspensión de garantías de hecho:las personas que transitan por las vías públicas son atacadas por particulares y por policías municipales vestidos de civil, por parte de quienes promueven el delito; y por parte de quienes actúan con complicidad y omiten los correctivos necesarios. Se recaban pruebas sobre la participación de cuerpos de policía regionales y municipales, que protegen a vándalos, asimismo, se recaban pruebas sobre la contratación de éstos para que realicen actos delictivos y terroristas, los cuales son aupados mediáticamente y presentados como “protestas pacíficas”.

Ante la evidente reducción de su poder de convocatoria, una “oposición” acorralada y desesperada, una vez descubierto el fraude electoral masivo en la recolección de firmas, recurre cada vez con más irracionalidad a la violencia; sin embargo, la constante pérdida de seguidores hace que ésta es residual y de carácter terrorista, organizada bajo los esquemas del foquismo y de la guerrilla urbana. Se intenta reeditar el formato del golpe de Estado de abril de 2002, a la vez que invoca el respeto a los derechos humanos como argumento falaz para invocar la intervención internacional.

La expectativa de la dirigencia “opositora” al propiciar estos disturbios fue la de forzar al Gobierno Nacional a decretar el estado de emergencia o de excepción, a restringir las garantías a la ciudadanía y acto seguido invocar a la Organización de Estados Americanos la aplicación de la Carta Democrática bajo la especie de que “se le cayó la careta democrática al tirano Chávez”; sin embargo, una vez más fracasaron en sus intentos, ya que a diferencia de otros gobiernos del pasado y de la tendencia observada en la experiencia latinoamericana, el Gobierno Bolivariano no ha recurrido a tales medidas.

Baste recordar que la estrategia de desestabilizar para generar una eventual y desproporcionada represión gubernamental al mejor estilo puntofijista e interpretarla como evidencia de una condición supuestamente “dictatorial” se remonta a los albores del Gobierno Bolivariano, emboscado a principios del año 1999 con una trampa alevosa: las ocupaciones ilegales de fincas planificadas por la “oposición” en todo el país mientras exigían la actuación represiva de la Guardia Nacional. Buscaban comenzar así la campaña de criminalización del Presidente Chávez: “asesino”, “traidor de los campesinos”, acusándole de incumplir su promesa de dotarles de tierras cultivables. Al percatarse de que las ocupaciones cesaron por la vía pacífica y negociada, no siendo reprimidas como esperaban, recurrieron al consabido plan B: acusaron al Gobierno de “comunista” por no “actuar para defender la propiedad privada”. En fin...

Otros casos de aplicación de la mencionada estrategia fueron los difíciles momentos previos al golpe de Estado de abril de 2002 y el paro patronal-petrolero realizado meses después. En este nuevo intento desestabilizador, tras el fracaso de la mencionada recolección de firmas, tampoco requieren que se materialice la mediáticamente anunciada medida de suspensión de garantías para criminalizar al Gobierno Nacional, les basta con decir que lo hará, o que, en su defecto, la aplicará de facto.

Sin embargo, mientras el Gobierno Nacional garantiza el derecho a la dignidad humana , a la defensa y al debido proceso, quienes realmente suspenden las garantías constitucionales a la ciudadanía son los gobernadores y alcaldes y los medios comerciales de difusión masiva impulsores de las arremetidas violentas que privan a las personas de derechos humanos básicos como los derechos a la vida, al libre desenvolvimiento de la personalidad, a la igualdad ante la ley, a la integridad física, psíquica y moral, a la libertad de tránsito, a representar o dirigir peticiones ante instancias públicas competentes y de obtener oportuna y adecuada respuesta, a la protección por parte de los órganos de seguridad ciudadana del Estado, a la libertad de expresión, a la información oportuna, veraz, imparcial y sin censura, a la protección de del honor, vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y reputación, a la libertad de conciencia y a manifestarla, a participar libremente en los asuntos públicos (siendo obligación del Estado y deber de la sociedad facilitar la generación de las condiciones más favorables para su práctica). Los llamados públicos para que alcaldes y gobernadores tomen iniciativas dirigidas a separar las jurisdicciones político-administrativas que gobiernan del territorio nacional no sólo es traición a la Patria, sino que devela el grado de irracionalidad al desconocer la autoridad legítima de los Poderes Públicos.

La deslegitimación y debilitamiento de los actos vandálicos de cara a la opinión pública ha forzado a los sectores adversos al Gobierno Nacional a deslindarse (en el plano discursivo más no real) de dichos eventos, sin embargo siguen convocando a “calentar la calle” y a “combinar todos los métodos de lucha”; considerando los antecedentes históricos de tales afirmaciones, los/as venezolanos/as sabemos a qué se refieren, no queda más que recordar los derechos contemplados en la Constitución para regular las manifestaciones públicas:

Artículo 20: “Toda persona tiene derecho al libre desenvolvimiento de su personalidad, sin más limitaciones que las que derivan del derecho de las demás y del orden público y social”
Artículo 52: “Toda persona tiene el derecho de asociarse con fines lícitos, de conformidad con la ley. El Estado estará obligado a facilitar el ejercicio de este derecho”;
Artículo 53: “Toda persona tiene el derecho de reunirse, pública o privadamente, sin permiso previo, con fines lícitos y sin armas. Las reuniones en lugares públicos se regirán por la ley”;
Artículo 61: “Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y a manifestarla, salvo que su práctica afecte su personalidad o constituya delito. (...)”;
Artículo 68: “Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley. (...)”.
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Hacia el Gobierno Electrónico
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