Aprovechando que el 02 de febrero de este año se cumplieron cinco años de la juramentación de Hugo Chávez Frías como Presidente de Venezuela ante el extinto Congreso Nacional, queremos reflexionar sobre las interrogantes que titulan este artículo.

Según los tres últimos presidentes de Fedecámaras, dos de ellos en cobarde fuga, y la otra en pleno ejercicio, así como algunos de sus entes agremiados al estilo de Consecomercio, Conindustria, se esta en presencia de un gobierno castro comunista, negador de la libertad empresarial y enemigo de la propiedad privada

Para el partido político Bandera Rojas, ahora en luna de miel con sus antiguos perseguidores y verdugos, en Venezuela existe un gobierno absolutamente neoliberal, entregado a los intereses del sector financiero.

Mientras que para los más conspicuos neoliberales de Venezuela, donde encontramos personajes como el profesor Emeterio Gómez, estamos en presencia de un gobierno del más rancio populismo latinoamericano.

Antes de entrar en materia, dejamos unas preguntas para la reflexión: ¿Cuál es el denominador común de todas estas posturas? ¿Cómo hacer para unir posturas tan disímiles? ¿Qué garantía existe hacia delante para que esta unión se mantenga en el supuesto de que no exista Chávez?

Para algunos, el Gobierno de Chávez es neoliberal por la política antiinflacionaria seguida obsesivamente, sobre todo al inicio de su gestión, por la apertura al capital extranjero, en particular en materia de la doble tributación acordada con Estados Unidos y respecto al sector de las telecomunicaciones, por la política financiera y por el proyecto “privatizador” de la seguridad social.

Para otros, este es un gobierno típicamente populista, por cuanto su discurso habla más de distribución, de apoyo a la demanda y al consumo, que de generación de riqueza.

El Gobierno ha insistido desde el inicio de su gestión, tanto en el Programa Económico de Transición 1999-2001, como en las Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007, que la premisa debe ser: “tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario”.

En el campo fiscal durante el transcurrir de este Gobierno se ha aplicado una política contractiva del gasto público en términos reales. Los momentos de expansión se han sustentado en los reclamos de los sectores del trabajo y del capital, a las características y condiciones de la economía venezolana, más que a una actitud expresamente populista.

El enfrentamiento a la inflación, no se ha subordinado a políticas contractivas de la liquidez monetaria, medida típicamente neoliberal, más bien se eliminaron los famosos Títulos de Estabilización Monetaria (TEM), rémora del Banco Central de Venezuela de la época de Rafael Caldera II, instrumento que se utilizó para contener la inflación, pero, como se sabe, chocó con la realidad de las cifras.

En el campo de la política cambiaria se ha transitado por tres fases La primera, la de las bandas cambiarias, predominante entre 1999 y principios del año 2002, no fue más que una continuidad de la política monetaria del anterior gobierno. La segunda, desde ese momento hasta principios del año 2003, se aplicó una política de absoluta libertad cambiaria en una economía con las características de la venezolana, donde el principal ente generador de divisas lo constituye Petróleos de Venezuela, empresa propiedad del Estado venezolano. A partir de ese momento y como producto de los efectos negativos para la economía y la sociedad del paro empresarial- petrolero desarrollado entre finales de 2002 y principios del año 2003, el gobierno se vio en la necesidad de aplicar un control de cambio para contener la fuga masiva de las Reservas Internacionales y con la alternativa de hacer ajustes de acuerdo al comportamiento de la tasa de inflación. En los tres casos, aplicados por lo demás en Venezuela por diversos gobiernos de la Cuarta República, no se podría afirmar que hay un apego dogmático a algunas de las teorías económicas prevaleciente.

Las tasas de interés se han movido libremente, con momentos mayoritariamente de auge y en menor medida de baja, como ocurre actualmente, pero en acuerdo concertado con la banca comercial privada, lo cual no es exactamente una política neoliberal.

El Fondo de Inversión para la Estabilización Macroeconómica (FIEM), convertido al fin en una realidad, comenzó a funcionar y ha logrado acumular una cantidad que puede ayudar en momentos de crisis de ingresos de divisas. Más allá de las críticas realizadas a la forma de funcionamiento de este instrumento, lo cierto es que estos ingresos no se han utilizado discriminadamente para satisfacer las demandas de los trabajadores del sector público, que han solicitado, con plena razón, aumentos de sueldos y salarios, incluso en el marco de procesos electorales.

Los programas sociales dadivosos y filantrópicos, entre ellos la famosa beca escolar y el subsidio familiar, desarrollados en toda la década del noventa, fueron eliminados sin que ello acarreara la tan anunciada explosión social, y se sustituyeron al principio por el Plan Bolívar 2000 y el Fondo Único Social, después nacieron los Bancos del Pueblo y de la Mujer. Ahora, el gobierno de Hugo Chávez Frías, está levantando una verdadera política social concretada a través de la Misión Robinson (para alfabetizar) Misión Sucre (para atender a los bachilleres sin cupos), Misión Ribas (dirigida a quienes no tienen el bachillerato completo), Plan Barrio Adentro (El médico permanente para la comunidad), la Misión Vuelvan Caras (dirigida a los desempleados), así como los mercados populares y las Escuelas Bolivarianas, constituyen evidencias de un gobierno que por fin ha dirigido su atención a la población más necesitada del país, cuestión que ha sonado más a la necesidad de mantener una relativa “tranquilidad social” que a una política abiertamente populista. Por cierto esta ha sido una política no sólo buena para los de abajo sino también positiva para los de arriba.

El gabinete ejecutivo ha sido conformado por un equipo de profesionales, en su inmensa mayoría, graduados en universidades nacionales o extranjeras, política ausente en la Venezuela donde siempre predominó o el populismo-clientelismo, —bien del partido político, a través de sus cuadros más importantes, o bien del grupo económico que había financiado la campaña electoral, con el “aporte” de sus “figuras” en los ministerios e institutos vinculados con al área económica— o últimamente la presencia de tecnócratas sin mayor sensibilidad social.

La apertura hacia el capital extranjero en las telecomunicaciones, el sector eléctrico, financiero, tipificado como neoliberalismo por algunos, se encuentra en consonancia con la garantía de una competencia y calidad en el servicio., cuando no por la incapacidad emprendedora del sector privado nacional.

En un país con altos índices de desempleo, lo común era que el Estado se convertía en la principal fuente empleadora del país, sobre todo si los ingresos económicos lo permitían. Ahora, con las mismas condiciones, esta práctica se rompió.

Si algo está claro es que todas las acciones realizadas se han acompañado de un discurso basado en las necesidades más sentidas de los venezolanos de menores recursos económicos y en un pensamiento que levanta la importancia estratégica del Estado venezolano en la solución de los grandes problemas nacionales.

Pareciera más pertinente hablar de un líder convencido del pragmatismo muy propio de los tiempos actuales, lo cual por cierto no niega sus convicciones ideo políticas, claramente inclinadas hacia el nacionalismo izquierdista.

En todo caso, con la Constitución aprobada por referéndum popular el día quince de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, se podría dilucidar las interrogantes planteadas. En el Título VI referido al Sistema Socioeconómico y específicamente en el capítulo I denominado Del régimen socioeconómico y de la función del Estado en la economía se puede leer en el artículo 299, lo siguiente:“El régimen socioeconómico de la República Bolivariana de Venezuela se fundamenta en los principios de justicia social, democracia, eficiencia, libre competencia, protección del ambiente, productividad y solidaridad, a los fines de asegurar el desarrollo humano integral y una existencia digna y provechosa para la colectividad. El Estado, conjuntamente con la iniciativa privada, promoverá el desarrollo armónico de la economía nacional con el fin de generar fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional, elevar el nivel de vida de la población y fortalecer la soberanía económica del país, garantizando la seguridad jurídica, solidez, dinamismo, sustentabilidad, permanencia y equidad del crecimiento de la economía, para lograr una justa distribución de la riqueza mediante una planificación estratégica democrática, participativa y de consulta abierta”.

Los otros artículos, que van desde el 300 hasta el 310 no hacen otra cosa que reafirmar y profundizar estas ideas por sectores económicos, grandes, medianos y pequeños

Chávez, para los que lo tipifican de una o de otra forma, podría repetir con palabras de Simón Rodríguez “que me mascan y no me tragan, tengo muchas de éstas, no sé por qué”.


Franklin González. Profesor de la Escuela de Estudios Internacionales de la UCV